En 2019, la ciudadanía de Hong Kong empezó a manifestarse masivamente para oponerse a un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a la China continental. Las constantes protestas son en gran medida pacíficas, pero la policía de Hong Kong ha respondido con porras, gas lacrimógeno, pulverizadores de pimienta, balas de goma, cañones de agua y munición real.
Al exigir rendición de cuentas, quienes protestan quieren una investigación independiente e insisten en que las fuerzas policiales de Hong Kong no pueden investigarse a sí mismas y que los mecanismos de investigación existentes son excesivamente endebles.
Un grupo de personas expertas convocadas por las autoridades de Hong Kong para respaldar una investigación realizada por el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía (IPCC) (entidad local) dimitió, alegando “la insuficiencia crucial […] de facultades, recursos y capacidad para investigar de forma independiente del IPCC”.
Así que, si el mecanismo actual de Hong Kong no está a la altura de la tarea tan vital de investigar a su policía, ¿quién debería hacerlo y cómo debería ser esa entidad?
No hay un único modelo de buena investigación sobre la conducta policial, pero algunos ejemplos del pasado podrían ayudar a configurar un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció en noviembre de 2019 que la investigación debía seguir el ejemplo de la efectuada sobre los disturbios de 2011 en el norte de Londres y los factores socioeconómicos que desembocaron en ellos.
Resulta alentador que Lam esté abierta a estudiar otras experiencias internacionales, pero la investigación sobre lo ocurrido en Tottenham no es realmente el ejemplo que debería seguir, pues estuvo más centrado en las causas subyacentes del malestar social que en la conducta de la policía. Lo que hace falta es un examen franco, público y profundo de lo que está haciendo la policía de Hong Kong desde mediados de 2019.
La Comisión Kerner (Estados Unidos): una representación amplia
Uno de los mejores modelos que examinar es la Comisión Kerner, en Estados Unidos, que investigó disturbios ocurridos en gran escala en varias ciudades estadounidenses en 1967. Todos los miembros de la comisión eran estadounidenses, pero entre ellos había representantes de la sociedad civil además de personalidades de la política. El informe, que se publicó tras una serie de audiencias públicas, se redactó con bastante rapidez (a finales de febrero de 1968) y concluyó que muchos de los problemas que había investigado eran culpa del racismo blanco.
De manera crucial, la Comisión gozó de la confianza pública generalizada; se vendieron más de dos millones de ejemplares de su informe final de 456 páginas.
El Informe Scarman (Reino Unido): identificación de las deficiencias de la función policial
Si el gobierno de Carrie Lam quiere estudiar ejemplos británicos, el Informe Scarman sobre los disturbios de Brixton de abril de 1981, basado en una investigación dirigida por el juez británico Lord Scarman, contiene lecciones que aprender. Una de sus consecuencias fue el cambio de los criterios de la actuación policial, entre ellos no someter a las personas jóvenes a registros generalizados y aumentar las consultas con las comunidades locales. Aunque quienes vivimos en persona la conducta de la policía en el sur de Londres el fin de semana de abril de los disturbios esperábamos algo más contundente, el informe sí identificaba deficiencias graves de la policía y propuso algunas reformas estructurales.
Investigación sobre el Domingo Sangriento (Reino Unido): dos intentos y 30 años
Quizá una experiencia más útil para Hong Kong sea la saga de las dos investigaciones sobre el incidente conocido como Domingo Sangriento, cuando las fuerzas de seguridad británicas abrieron fuego contra una marcha pacífica por los derechos civiles en la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte, en enero de 1972, y en 10 minutos dispararon a decenas de personas, causando la muerte de 14.
La primera investigación sobre el Domingo Sangriento se llevó a cabo pocas semanas después de los homicidios y fue un desastre. La Investigación Widgery es una lección ejemplar de cómo no hacer una investigación sobre abusos de las fuerzas de seguridad. Dirigida también por un juez británico, la investigación exoneró en gran medida a los soldados británicos autores de los homicidios y fue rechazada ampliamente al ser considerada un lavado de cara para ocultar la verdad.
La confianza pública en la Comisión de Investigación Widgery fue tan baja que hubo que establecer otra investigación más exhaustiva, pública e independiente casi 30 años después del incidente para determinar por fin, y anunciar, toda la verdad. La Investigación Saville –dirigida por jueces de Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda– concluyó que ninguna de las personas que participaron en la protesta representaba una amenaza cuando los soldados británicos dispararon contra ellas y que las fuerzas armadas británicas habían mentido sobre lo sucedido para encubrir la verdad.
La investigación fue exhaustiva y tardó 12 años, desde la fecha en que fue encargada su realización, en redactar su informe, pero contó con la confianza pública generalizada. La ciudadanía pudo asistir a las audiencias, de las que informaron ampliamente los medios de comunicación irlandeses y británicos, y el proceso fue considerado, en general, transparente y completo.
La Comisión también tenía facultades para citar a testigos para que prestaran declaración, lo cual es otra lección para Hong Kong.
Para el gobierno de Carrie Lam, la cuestión estriba, primero, en que el encubrimiento no va a servir y, en segundo lugar, que es mejor establecer una investigación que funcione y de la que pueda demostrarse que funcione, porque es probable que limitarse a cubrir el expediente sea contraproducente.
Sudáfrica: contar la verdad
Durante los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica de mediados de la década de 1990, se hicieron más de mil reuniones en todo el país para analizar las violaciones de derechos humanos que se habían cometido en los 35 años anteriores de gobierno del apartheid La Comisión tenía la facultad de conceder amnistías a las personas cuyos crímenes hubieran tenido motivación política y que hubieran contado toda la verdad.
Esto seguía más un modelo de justicia restitutiva y causó polémica porque quienes eran declarados culpables —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— no siempre eran castigados oficialmente. El énfasis estaba en contar públicamente la verdad. Algunas audiencias se televisaron en directo, y la mayoría se reseñaba en un resumen semanal televisado.
La gran lección de este proceso es la transparencia y, de nuevo, la credibilidad pública. La ciudadanía sudafricana confió, en general, en el proceso porque podía ver lo que estaba ocurriendo y porque lo presidía Desmond Tutu, que inspiraba un gran respeto.
Bahréin: mucho ruido, pero sin implementación
En la primera mitad de 2011, el pequeño reino insular de Bahréin se vio sacudido primero por protestas pacíficas en gran escala a favor de la democracia y, después, por su violenta represión a manos de la policía y el ejército gubernamentales.
El gobierno se resistió a abrir una investigación sobre la violencia de las fuerzas de seguridad. Pero los aliados internacionales de Bahréin insinuaron amablemente que la comunidad internacional podría establecer su propia investigación si el gobierno no lo hacía, y este encontró de pronto el entusiasmo necesario para crear una comisión independiente de investigación y nombrar a un grupo de excelentes juristas del ámbito internacional para llevarla a cabo.
La Comisión de Investigación Independiente de Bahréin hizo una labor bastante buena y rápida que confirmó aspectos que algunos de nosotros habíamos documentado y denunciado.
El informe se hizo público en noviembre de 2011 a bombo y platillo en uno de los palacios de la familia gobernante. Centenares de personas —investigadores e investigadoras de ONG, autoridades locales y altos cargos extranjeros— nos reunimos para escuchar al director de la investigación, el jurista internacional Cherif Bassiouni, mientras leía las conclusiones delante del rey.
En 30 dolorosos minutos para la familia gobernante, Bassiouni repitió lo que las ONG llevaban meses denunciando: que la policía y las fuerzas armadas de Bahréin habían matado a manifestantes, habían detenido a miles de personas y habían torturado a personas bajo custodia, algunas de las cuales habían muerto.
Finalmente, el gobierno de Bahréin nunca implementó las reformas propuestas en la investigación e hizo caso omiso de las recomendaciones. Esto también debería ser una lección para la sociedad civil de Hong Kong: tiene que existir un mecanismo acordado de seguimiento de las reformas que proponga cualquier investigación.
En una carta abierta publicada a finales de diciembre de 2019, 44 parlamentarios y parlamentarias y otras personalidades de la política de 18 países instaron a Carrie Lam a que “hiciera posible el establecimiento de una investigación independiente sobre la brutalidad policial”. Los firmantes advirtieron a Lam: “Si continúa rechazando esta idea, pedimos a la comunidad internacional que establezca un mecanismo de investigación independiente internacional”.
No está claro cómo se pondría en práctica, y la advertencia de la carta podría incluso endurecer la postura del gobierno de Hong Kong; sin embargo, es una amenaza que podrían tener en cuenta algunos miembros de la administración Lam.
Hong Kong debe hallar una solución a su problema de investigación de la policía que se adecue a su contexto local, pero una investigación rápida, pública y exhaustiva que goce de la confianza pública y tenga facultades para citar a testigos no es imposible. Y debe anunciarse de inmediato.
