Con una cifra de 3.100 millones, las personas jóvenes constituyen el 42% de la población mundial, muchas de ellas en el Sur global. Con demasiada frecuencia, son las más afectadas por las grandes injusticias del mundo, y sufren en primera persona sus devastadores efectos. Ven cómo sus propias comunidades son desgarradas por la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la corrupción... y se ven obligadas a plantar cara a estas fuerzas.
Este año, Escribe por los Derechos, la mayor campaña de derechos humanos de Amnistía Internacional, apoya con su poder a estos niños, niñas y jóvenes que vencen los obstáculos, y los apoya, les da fuerzas y les posibilita seguir atreviéndose donde los adultos con autoridad fracasan.
A principios de 2019, en más de 200 ciudades de todo el mundo, miles de jóvenes se manifestaron contra el cambio climático. Greta Thunberg, una joven adolescente sueca de 16 años, fue quien los y las inspiró para volcarse a la acción y conformar un movimiento global de jóvenes que luchan contra la crisis climática.
Jóvenes por el Clima
En Argentina, un grupo de jóvenes empezó a organizarse para instalar en la agenda pública la problemática del cambio climático, e impulsó movilizaciones para visibilizar la situación en el país. Así, nació Jóvenes por el Clima Argentina, un movimiento integrado por jóvenes que tienen entre 15 y 22 años y que realizan acciones para concientizar sobre la importancia de actuar para detener la crisis climática y que las generaciones más jóvenes no vean comprometidos sus derechos humanos a futuro.
Uno de los integrantes, Bruno Rodríguez, tiene 18 años y está haciendo el CBC en la UBA para la carrera de Ciencias Políticas. Fue uno de los 100 activistas que participaron en la Cumbre de Acción Climática de la Juventud de Naciones Unidas. “Vengo de un país latinoamericano, y para nosotros, el concepto de justicia climática es materia de derechos humanos, justicia social y soberanía sobre nuestros recursos naturales”, dijo en su discurso en la apertura.
A partir de la lucha de Jóvenes por el Clima y otros colectivos, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en declarar la emergencia climática y ecológica. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Luchar contra el cambio climático nos da la oportunidad de poner por delante el bienestar de las personas al garantizar el derecho a un medio ambiente saludable. Les jóvenes son la voz de esta lucha en todo el mundo y todas las personas tenemos que sumarnos a ella, porque sin planeta no hay derechos humanos posibles.
Yasaman Aryani, Irán
Regalar generosamente una flor, quitarse con delicadeza un pañuelo: dos gestos sencillos que Yasaman Aryani se atrevió a hacer en un tren público en Irán. Era el Día Internacional de la Mujer de 2019 y Yasaman hizo frente a las leyes que imponen el uso obligatorio del velo en Irán en un valeroso acto de desafío. Recorrió un vagón de tren solo para mujeres, con el cabello totalmente descubierto, mientras repartía flores. Habló de sus esperanzas de un futuro en el que todas las mujeres puedan decidir libremente cómo se visten, para que un día puedan caminar juntas, “yo sin el hiyab y tú con el hiyab”.
Estos momentos, captados en vídeo, se hicieron virales en marzo de 2019. El 10 de abril, las autoridades de Irán detuvieron a Yasaman y la encerraron sola en una celda durante días mientras la sometían a interrogatorio. Le dijeron que “confesara” que detrás de su activismo había elementos extranjeros y que se “arrepintiera” de sus acciones. Si no lo hacía, detendrían a sus amistades y familiares. El 31 de julio, Yasaman supo que había sido condenada a 16 años de prisión, de los que debe cumplir al menos 10.
Sarah Mardini y Seán Binder, Grecia
En Grecia, puedes ir a la cárcel por intentar salvar una vida. Les ha ocurrido a Sarah Mardini, de 24 años, y Seán Binder, de 25, cuando colaboraban como voluntarios de salvamento para una organización en Lesbos. Su cometido era avistar barcos en peligro en el mar y ayudar a las personas refugiadas. Se les acusa de espionaje, tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. Si son declarados culpables, Sarah y Seán podrían ser condenados a 25 años de cárcel. Ya pasaron más de 100 días en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza en diciembre de 2018.
“Fue horrible darse cuenta de que estábamos en prisión simplemente por intentar ayudar a la gente. Pero fue aún más aterrador darse cuenta de que eso mismo le ocurría a muchas personas en la Unión Europea”, dijo Seán, que ahora vive en Irlanda.
Marinel Sumook Ubaldo, Filipinas
Con tan sólo 16 años, Marinel Sumook Ubaldo supo que tenía que encontrar una manera de protegerse y proteger a su comunidad de los desastrosos efectos del cambio climático. El 13 de noviembre de 2013 sobrevivió al tifón Yolanda (conocido internacionalmente como tifón Haiyan), uno de los más mortíferos de la historia. Seis años después, Marinel obtuvo su título en trabajo social. Amante de la naturaleza y conocida activista juvenil, dedica su tiempo libre a hacer campaña por los derechos de su comunidad.
En septiembre de 2018 viajó a la ciudad de Nueva York a dar testimonio ante una investigación pionera sobre si las empresas del sector de los combustibles fósiles han violado los derechos humanos de la ciudadanía de Filipinas. La causa judicial fue entablada por supervivientes del tifón Yolanda.
“No soy únicamente [...] una estadística del clima —dijo ante una sala de juntas atestada—. Mi historia sólo es una entre muchas, y estoy aquí para hablar en nombre de las comunidades vulnerables y marginadas. Que nuestras voces se oigan.”
Hoy, Marinel pide justicia climática y que el gobierno tome medidas para proteger mejor tanto a ella como al resto de la ciudadanía frente a los desastres naturales que se están exacerbando con el cambio climático.
Nasu Abdulaziz, Nigeria
A Nasu Abdulaziz le gusta montar en bicicleta, una afición normal para una persona joven en Nigeria. Salvo que las circunstancias de Nasu distan mucho de ser normales. En este momento, lucha por su derecho a una vivienda.
Cuando tenía 23 años y debería haber estado disfrutando de la vida, unos hombres con armas y bulldozers llegaron sin previo aviso a su comunidad de Otodo Gbame, en Lagos, Nigeria. Cumpliendo órdenes del gobierno, aquellos hombres cargaron contra las viviendas de esta comunidad centenaria, aplastando y quemando casas, disparando contra las familias, destruyendo medios de vida.
En 2017, la noche previa al desalojo final, unos matones dispararon a Nasu en un brazo. Al día siguiente, la Fuerza Especial del Estado de Lagos irrumpió de nuevo en la comunidad, disparando y lanzando gas lacrimógeno. Aterrados, los residentes huyeron; algunos saltaron a la laguna cercana y se ahogaron. Se cree que nueve personas murieron y otras 15 continúan en paradero desconocido.
Al final, 30.000 personas se quedaron sin hogar, obligadas a vivir en canoas, debajo de puentes o con amistades y familiares. Nasu también perdió su vivienda, pero no ha perdido la esperanza. Hoy, se ha unido a la Federación de Asentamientos Precarios/Informales de Nigeria, un movimiento colectivo de personas que, como él, no descansarán hasta que se garantice su derecho a una vivienda.
“Nadie está en contra del desarrollo. Pero el desarrollo debe tener rostro humano. La vivienda no es un privilegio. Es nuestro derecho”, ha declarado Nasu.
Ibrahim Ezz El-Din, Egipto
Ibrahim Ezz El-Din, de 26 años, es investigador sobre derechos humanos y vive en El Cairo, Egipto. Le encanta su trabajo, en el que investiga e informa sobre el acceso de las personas a una vivienda segura y asequible en Egipto, un derecho humano básico. El 11 de junio de 2019, caminaba de regreso a su casa cuando cuatro agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil lo rodearon y detuvieron. Cuando su madre se enteró, acudió directamente a la comisaría de policía local, pero le dijeron que Ibrahim no estaba allí y negaron categóricamente que estuviera detenido. Desde esa noche, su familia no ha dejado de intentar averiguar qué le ha ocurrido. No ha obtenido ninguna respuesta. Ibrahim es la quinta persona vinculada a la organización a la que pertenece, la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, que ha desaparecido en sólo tres años.
Jóvenes de Grassy Narrows, Canadá
La población de Grassy Narrows, en Ontario, Canadá, sufre los graves efectos del envenenamiento por mercurio, tras permitir el gobierno que una fábrica de pasta de papel vertiera 10 toneladas de residuos en un río en la década de 1960. Los efectos nocivos siguen siendo visibles hoy.
La pesca es una parte esencial de su forma de vida. Pero desde hace más de 50 años el mercurio contamina los peces, por lo que su consumo es peligroso. Esto ha robado a la población de Grassy Narrows su salud y ha erosionado su cultura y sus tradiciones.
Rodney Bruce, de 25 años, dice: “Siempre me han enseñado que, si haces algo mal, tienes que arreglarlo”.
Jianne Turtle, de 13 años, miembro de la comunidad indígena anishinaabe de Grassy Narrows, en Ontario, Canadá, está de acuerdo con él. Mientras la juventud de la comunidad lucha por un futuro mejor, ella dice que el gobierno “habla mucho pero no ha hecho nada”.
Aunque el gobierno ha hecho muy poco para mejorar lo que actualmente es la peor crisis de salud del país, la juventud de Grassy Narrows no abandonará su lucha hasta que el gobierno cumpla sus promesas.
Emil Ostrovko, Bielorrusia
Emil Ostrovko estaba esperando a su novia en una parada de autobús a las afueras de Minsk en abril de 2018. Iban a pasar el día juntos. De improviso llegaron unos agentes de policía que lo golpearon y lo detuvieron por distribuir drogas ilícitas. Tenía tan sólo 17 años.
Ese mismo año 2018, Emil había conseguido un empleo para después de la escuela como mensajero de una empresa online. Su empleador le dijo que los paquetes que entregaba contenían mezclas de tabaco legales. Tras pasar meses detenido, Emil fue condenado a 10 años de prisión por tráfico de drogas, que después se redujeron a 8 años al retirarse algunos cargos. Los investigadores nunca buscaron al propietario de la empresa, ni a nadie más. Sólo Emil fue enjuiciado. Ahora en prisión, no se le ha permitido terminar sus estudios de secundaria, y sus planes de ingresar en la universidad se han visto frustrados.
Yiliyasijiang Reheman, China
Yiliyasijiang Reheman y su esposa, Mairinisha Abuduaini, esperaban su segundo bebé cuando Yiliyasijiang desapareció. La joven pareja se estaba labrando un nuevo futuro. Pero sus vidas quedaron destrozadas en julio de 2017 cuando China presionó al gobierno egipcio para que detuviera a cientos de personas uigures en el país. Yiliyasijiang fue una de ellas.
Tres semanas después, Mairinisha dio a luz a su nuevo bebé sola. Tenía tan sólo 19 años. Desde 2017 busca a su esposo, sin perder nunca la esperanza de que su familia se reúna algún día. Mairinisha, que ahora vive en Turquía, supo a través de amigos que Yiliyasijiang había sido devuelto a Sinkiang, en China. Sospecha que está en uno de los campos de internamiento secretos de China donde se lava el cerebro a personas uigures con propaganda gubernamental china.
“Mi esposo debe ser puesto en libertad lo antes posible —dice—. Nuestras hijas necesitan a su padre. No me rendiré hasta que podamos reunirnos con mi esposo.”
José Adrián, México
José Adrián regresaba a su casa desde la escuela cuando unos agentes de policía lo agarraron, lo arrojaron contra su vehículo y le pisotearon el cuello. Tenía 14 años. Después de las clases, Adrián se había encontrado con un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes que terminó con daños a un vehículo policial.
Los policías detuvieron a Adrián, sin explicación alguna. No llamaron a sus progenitores, y una discapacidad auditiva que sufre Adrián pudo haberle impedido comunicarse adecuadamente con la policía durante su terrible experiencia. Los agentes introdujeron por la fuerza a Adrián en su vehículo y lo llevaron a la comisaría de policía, donde lo colgaron por las esposas. “Me dejaron casi como media hora allí —dice—. Me pegaron en mi pecho. Luego me [dieron] cachetadas.”
Adrián fue puesto finalmente en libertad después de que su familia pagara una multa y el coste de los daños causados al vehículo policial, una cantidad que no se podían permitir. Adrián dejó de ir a la escuela a causa de lo ocurrido. Después de años de buscar justicia, finalmente se entregó a Adrián un audífono. Está deseando dejar este asunto atrás y empezar a planificar su futuro, pero los policías que lo agredieron continúan impunes.
“Quiero que limpien mi nombre —dice—. Donde me pusieron en su lista de allí. Y que no le vuelva a pasar a otro niño. Es todo lo que pido.”
Magai Matiop Ngong, Sudán del Sur
Cuando Magai Matiop Ngong tenía 15 años, estaba en la escuela secundaria, y soñaba con ayudar a la gente cuando creciera. Sin embargo, en 2017 fue declarado culpable de asesinato. En su juicio dijo al juez que sólo tenía 15 años e intentó explicar que el homicidio del que se le acusaba había sido un accidente, pero fue condenado a morir en la horca.
“No me siento nada bien —dice—. Que te digan que vas a morir no es para estar contento...”
Dos años después de su condena, Magai está en el corredor de la muerte en la prisión central de Yuba, en espera del resultado de su apelación, pero ha perdido la “esperanza [...] de salir y continuar [...] la escuela”.
