El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio comienzo desde este lunes 13 de junio y hasta el 8 de julio a su 50º período de sesiones ordinarias (CDH50) en Ginebra. Allí los Estados debaten y examinan situaciones de derechos humanos en todo el mundo.
El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Argentina, quien además ocupa la presidencia por un año. Está encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, de hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, y de formular recomendaciones. El Consejo se reúne 3 veces al año. En esta oportunidad, la sesión durará cuatro semanas y abordará distintas cuestiones en agenda.
“Como antes de cada período de sesiones, desde nuestra organización remitimos nuestras prioridades y recomendaciones al Estado argentino y le insta a que, en su rol como miembro y presidente del Consejo, se asegure de defender los más altos estándares de derechos humanos durante este período de sesiones”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Agenda del CDH50
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, dará inicio a la sesión con una actualización de su informe anual. También abordará la situación en distintos países, incluyendo Myanmar, Afganistán, Sudán, Nicaragua y Venezuela. Además, tras la sesión especial que celebró el Consejo en mayo, Bachelet presentará un informe sobre la situación en Mariupol, Ucrania.
Como ha informado el presidente del Consejo, Federico Villegas, a lo largo del período de sesiones, la institución recibirá 90 informes, 12 actualizaciones orales y analizará la situación en aproximadamente 40 países, 40 cuestiones temáticas de derechos humanos, y los informes de 27 expertos independientes y 4 comisiones de investigación.
Además, el Consejo celebrará 8 importantes mesas de debate, entre ellas sobre violaciones de los derechos humanos contra la minoría rohingya en Myanmar; sobre la gestión de la higiene menstrual; sobre la buena gobernanza durante y después del COVID-19; sobre derechos humanos y cambio climático; y sobre la lucha contra la desinformación.
También está prevista la celebración de un evento de alto nivel con motivo de la quincuagésima sesión del Consejo, para reflexionar sobre los logros alcanzados, así como las lecciones aprendidas desde la primera sesión celebrada en junio de 2006.
Prioridades y recomendaciones de Amnistía Internacional
En este período de sesiones, la organización insta al Consejo a que solicite a Michelle Bachelet que publique las conclusiones del informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los uigures y otras minorías en Xinjiang. La Alta Comisionada visitó China recientemente pero no abordó las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en esa región. En este sentido, Amnistía Internacional insta al Consejo a enfatizar que el diálogo y la cooperación no deben impedir que se investiguen las violaciones de los derechos humanos y se responsabilice a las víctimas.
También se debe establecer un Relator Especial sobre Rusia. En los últimos años, las autoridades rusas han emprendido unan campaña de represión y de restricción del espacio cívico que incluye cierre de medios de comunicación, intimidación y acoso a defensores y activistas de los derechos humanos y la prohibición de las protestas pacíficas. Además, el establecimiento de un Relator Especial cumpliría un papel crucial en el actual contexto de la agresión rusa en Ucrania.
En relación con Myanmar, los Estados deben adoptar una resolución que exprese una clara y fuerte preocupación por las violaciones graves y continuas que enfrentan las minorías en ese país. Con respecto a Sudán, se espera una resolución que amplíe los debates públicos y la información sobre la situación en el país.
A su vez, se debe garantizar la renovación de importantes mandatos de países como la Misión de Investigación sobre Libia, el Relator Especial sobre Eritrea, el Relator Especial sobre Bielorrusia, y otros mandatos temáticos clave, incluyendo los mandatos sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias; sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; y sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género (SOGI).
Diversidad, género y gestión menstrual
En relación con el mandato SOGI, desde Amnistía Internacional junto a otras organizaciones LGBTIQ+ alrededor del mundo, se impulsó un comunicado conjunto en apoyo a la renovación. Hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas (ILGA). Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Es claro que este mandato sigue siendo esencial.
A su vez, la organización celebra las mesas de debate previstas, en particular la de gestión de la higiene menstrual, los derechos humanos y la igualdad de género. En línea con la Resolución 47/4 que convoca esta mesa, los Estados deben adoptar medidas para integrar la salud menstrual sostenible en las políticas públicas nacionales. En este sentido, es bueno saber que el Consejo abordará esta importante cuestión en su 50º período de sesiones.
Por último, Amnistía Internacional alienta a los Estados a que entablen diálogos interactivos sobre Afganistán, Ucrania, Myanmar, Siria, Nicaragua y Venezuela. La organización manifiesta preocupación por la situación de los derechos humanos en estos países y pide a los Estados que presten un apoyo continuado y duradero al trabajo de los diferentes mecanismos y mandatos establecidos por el Consejo.
