“Es innegable: el cambio climático es un problema de derechos humanos que afecta los derechos a la vida, la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, entre otros. Esta tragedia global impacta de manera desproporcionada en las personas y comunidades más vulnerables. Argentina puede mejorar su rol. Esta es una oportunidad para que dé un ejemplo ante el mundo”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo al Grupo de Expertos sobre Cambio Climático, es vital que la temperatura del planeta suba no más de 1,5 grados centígrados si quiere evitarse una catástrofe natural que generaría, además, una crisis de derechos humanos sin precedentes (ver informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) LINK https://www.ipcc.ch/sr15/)
En septiembre de este año, Naciones Unidas pidió a los Estados que elaboren planes concretos y realistas para aumentar sus contribuciones nacionales (NDC) con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en los próximos 10 años y a cero emisiones netas para 2050.
Amnistía Internacional le envió un pedido de información al Estado argentino para que de a conocer los compromisos que llevará a la COP25. Si bien Argentina no se encuentra entre los que generan más emisiones, es urgente que todos los países revisen sus compromisos para así limitar el aumento de la temperatura global.
Resulta también importante reducir el uso y los subsidios a los combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo, el gas natural). Se debe migrar hacia el uso de energía 100% renovable y establecer medidas regulatorias para que las empresas avancen en este sentido.
“La aceleración de la crisis climática actual con el avance de los gravosos efectos del cambio climático, exige que el país redoble sus esfuerzos y se comprometa con una verdadera política ambiental nacional para evitar una catástrofe en derechos humanos”, agregó Mariela Belski.
En el marco de la 25° Conferencia, Amnistía Internacional le solicitó a Argentina:
- Asumir un compromiso más ambicioso para reducir las emisiones de efectos invernadero en la Cumbre (o a principios de 2020 a más tardar) con la necesidad imperiosa de limitar el aumento de la temperatura global
- Garantizar la transición a una economía sin emisiones de carbono y a una sociedad más justa y equitativa, que respeta los derechos humanos y reduce la desigualdad.
- Garantizar el derecho a la información, a la participación y a recursos efectivos, así como a la libertad de expresión y de reunión en la creación, implementación, vigilancia y evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y todas las estrategias y políticas climática.
- Permitir a los defensores y defensoras de los derechos humanos que protegen su tierra, su territorio y el medio ambiente continuar con su trabajo legítimo sin temor a sufrir represalias.
- Establecer un Mecanismo Internacional sobre Pérdidas y Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático para proporcionar apoyo y recursos a las personas cuyos derechos humanos se vean afectados por dicha crisis.
