Entre el 6 y 18 de noviembre tuvo lugar en Egipto la 27ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, uno de los encuentros de alto nivel de autoridades más importantes en materia ambiental.
A pesar de la abrumadora evidencia científica y el aumento de los impactos en los derechos humanos, las negociaciones no lograron asegurar compromisos vitales sobre la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles, que son el principal impulsor de la crisis climática. Las emisiones de los países más ricos representan el doble de las del resto del mundo, y aquellos que han hecho menos para provocar la crisis climática están sufriendo los peores efectos.
Por otro lado, el establecimiento del “fondo de pérdidas y daños” para que los países vulnerables puedan afrontar los desastres climáticos es un logro histórico en el marco de la COP. Fue el resultado de una posición unida presentada por los países del sur global. Amnistía Internacional insta que los Estados se comprometan seriamente en línea con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, se deben esperar diferentes niveles de protección ambiental entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, por lo que los países con más responsabilidad sobre la crisis deben aportar de manera proporcional al daño generado.
“Para Amnistía Internacional la crisis climática afecta el pleno ejercicio de derechos humanos e impacta de manera desproporcional en aquellos grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como los niños, las mujeres y las poblaciones indígenas, lo que aumenta la desigualdad social. Por eso, la creación del fondo de pérdidas y daños es tan importante. Los Estados ahora deben garantizar que este nuevo mecanismo de asistencia cuente con recursos suficientes” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La situación en Argentina
Previo a la COP, Amnistía Internacional envió una carta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a Cancillería para expresar sus preocupaciones por el cumplimiento de los objetivos asumidos por el Estado Nacional.
Pese a los compromisos asumidos por el país para reducir casi un 26% las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional respecto de los niveles de 2016 y para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, las metas resultan insuficientes porque no están alineadas con el compromiso de limitar el aumento del calentamiento global a 1,5 °C. Además, el Estado argentino se comprometió a destinar recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático, pero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene el menor presupuesto asignado de todas las carteras del Estado.
Los efectos de los incendios sobre el medio ambiente generan la necesidad de avanzar rápidamente con políticas ambientales robustas e integrales en Argentina. A su vez, las olas de calor intensas, las sequías y la bajada hídrica histórica del Delta Paraná amenazan la vida y los medios de subsistencia de las personas y destacan la imperiosa necesidad de aprobar el proyecto de Ley de Humedales, el cual hace más de 10 años que está en proceso de ser trabajado y debatido en el Congreso de la Nación.
Amnistía Internacional recomienda situar a las personas y sus derechos humanos, incluidos los derechos laborales y los derechos de los pueblos indígenas, en el centro de todas las negociaciones multilaterales vinculadas al cambio climático. Todas las decisiones entre Estados deben hacer referencia al derecho, los principios y las normas pertinentes de derechos humanos, y garantizar la promoción, el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos.
