“En el periodo previo a la cumbre del clima COP29 que se celebrará el próximo mes en Bakú, los Estados deben ejercer presión sobre las autoridades de Azerbaiyán para que dejen de reprimir a la sociedad civil, pongan en libertad a las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y garanticen que quienes participan en el evento, como activistas y periodistas, pueden involucrarse libre y plenamente en él”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Desde que se anunció, el pasado mes de diciembre, que Azerbaiyán iba a ser el país anfitrión de la COP29, las autoridades han intensificado la represión de el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se han cerrado organizaciones independientes de la sociedad civil y personas que tienen una actitud crítica han sido encarceladas en virtud de cargos de motivación política o se han visto obligadas a exiliarse en lo que constituye un inquietante eco de olas de represión anteriores documentadas por Amnistía Internacional en torno a otros importantes eventos internacionales celebrados en Azerbaiyán, como Eurovisión 2012 y los Juegos Europeos de 2015.

“Azerbaiyán acoge una conferencia internacional sobre justicia climática al mismo tiempo que menoscaba activamente los principales pilares del activismo climático al reprimir todas las formas de expresión crítica y de protesta, y desmantelar la sociedad civil local. Las autoridades han encerrado a cientos de personas acusadas de cargos de motivación política por atreverse a denunciar. En la lista figuran periodistas, activistas, y defensores y defensoras de los derechos humanos que critican al gobierno que siguen en detención arbitraria en violación del debido proceso y sin garantías de que vayan a ser objeto de juicios justos”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Las autoridades también están sometiendo a represalias familiares de las personas disidentes al mismo tiempo que promulgan leyes represivas para inhibir la labor de las ONG y de los medios de comunicación. El intento del gobierno de Azerbaiyán de ocultar este terrible historial en materia de derechos humanos detrás de una cumbre mundial sobre el clima es un descarado lavado de imagen verde.”

Azerbaiyán acoge una conferencia internacional sobre justicia climática al mismo tiempo que menoscaba activamente los principales pilares del activismo climático al reprimir todas las formas de expresión crítica y de protesta, y desmantelar la sociedad civil local.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Quienes defienden los derechos humanos de Azerbaiyán calculan que permanecen detenidas alrededor de 300 personas por cargos de motivación política. Entre ellas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas ambientales, políticos y de otros ámbitos enjuiciados en virtud de cargos falsos y/o de motivación política como represalia por sus críticas a las autoridades. Por ejemplo, el destacado defensor de los derechos humanos y del clima Anar Mammadli está en detención en espera de juicio desde el 30 de abril de 2024 por cargos falsos de conspiración para introducir divisas ilegales en el país.

El 22 de abril de 2024, el destacado economista y activista político azerbaiyano Gubad Ibadoghlu fue sometido a arresto domiciliario después de 274 días de detención. Tofig Yagublu, líder de la oposición, está en detención en espera de juicio desde el 15 de diciembre de 2023 por cargos falsos de fraude y falsificación. Entre las personas detenidas también están Ulvi Hasanli, Ilhamiz Guliyev, Mahammad Kekelov, Sevinj Vagifgyzy, Elnara Gasimova, Nargiz Absalamova Hafiz Babali, Imran Aliyev, Shamo Eminov, Teymur Karimov, Arshad Ibrahimov, Ibrahim Humbatov, Alasgar Mammadli, Mushfig Jabbar, Akif Gubanov, Ruslan Izzatli, Ramil Babayev Ali Zeynalov, Afiaddin Mammadov y Bakhtiyar Hajiyev.

Amenaza de represalias cuando se apaguen los focos de la COP29

A Amnistía Internacional le preocupa que las personas críticas que intenten expresar públicamente su disidencia en el periodo previo a la COP29 o durante su celebración corran el riesgo de sufrir represalias graves, especialmente después de la conferencia, que se celebrará del 11 al 22 de noviembre, cuando el país deje de recibir atención.

“Pedimos a todas las delegaciones que asistan a la COP29 que presionen al gobierno de Azerbaiyán para que ponga fin a la represión de la sociedad civil; garantice el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica durante toda la conferencia y después de ésta; y tome medidas significativas para el revertir el deterioro de los derechos humanos en el país. Las delegaciones deben aprovechar todas las oportunidades para presionar a las autoridades de Azerbaiyán a fin de que dejen de represaliar a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y personas que critican al gobierno; y pongan en libertad inmediata a todas las personas encarceladas arbitrariamente en represalia por su labor de derechos humanos y sus opiniones disidentes”, añadió Agnès Callamard.

Amnistía Internacional seguirá observando el control policial de las protestas por parte de las autoridades de Azerbaiyán, así como el trato y las represalias a que sometan a activistas ambientales y a defensores y defensoras de los derechos humanos antes y durante la COP27, y después de ésta.

La preocupación por la seguridad de quienes participen en la conferencia se ve agravadas por la inexistencia de salvaguardias en materia de derechos humanos y de transparencia en torno a anteriores acuerdos con el país anfitrión. El acuerdo con Azerbaiyán debe incluir estas salvaguardias y darse a conocer públicamente con rapidez tras la firma.

“Preocupa enormemente que aún no esté disponible el acuerdo con el país anfitrión, por lo que los participantes no saben si la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha obtenido una garantía de que, durante la COP29, se van a proteger todos los principios fundamentales de los derechos humanos, incluidos los relativos a la transparencia y a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El acuerdo debe publicarse inmediatamente, pues esta opacidad crea un efecto disuasorio para la participación de entidades observadoras. Estas salvaguardias son esenciales para garantizar que no se repite la difícil situación que se produjo durante la cumbre del año pasado, cuando las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a enjuiciar a decenas de disidentes, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos y presos y presas de conciencia, en juicios farsa colectivos que mostraron un sobrecogedor desprecio por los derechos humanos”, prosiguió Agnès Callamard.

Las autoridades han encerrado a cientos de personas acusadas de cargos de motivación política por atreverse a denunciar.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha documentado cómo las cumbres sobre el clima de la COP celebradas anteriormente, incluidas las de Polonia, España, Reino Unido, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, han entrañado restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional también ha registrado violaciones graves de éstos y otros derechos en Azerbaiyán, lo que hace temer por la seguridad de quienes participen en la COP de este año.

“A menos que las autoridades de Azerbaiyán cambien drásticamente su enfoque represivo, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los y las activistas no podrán expresar libremente sus opiniones críticas ni participar de una forma significativa y efectiva en la COP29. Esto sería un grave menoscabo del proceso y empañaría el resultado de la conferencia. Para lograr un impacto realmente efectivo, la COP29 debe ser un foro para el libre intercambio de opiniones e ideas, no sólo de las delegaciones estatales, sino también de los actores independientes de la sociedad civil que son la fuerza impulsora de la justicia climática y los derechos humanos, tanto en el ámbito local como en el internacional”, concluyó Agnès Callamard.

Información complementaria

Las autoridades de Azerbaiyán vienen recibiendo críticas de la comunidad internacional por las presuntas torturas y otros malos tratos a que someten a algunas de las personas que critican al gobierno. En algunos casos, se niega el acceso a atención médica adecuada a las sufren un empeoramiento de su salud en prisión. Además, también se ha represaliado a familiares de quienes critican al gobierno mediante campañas de desprestigio o el bloqueo de sus bienes con sanciones económicas.

Asimismo, en los últimos años Azerbaiyán ha adoptado leyes restrictivas que regulan en exceso el trabajo de los medios de comunicación y de las ONG, al tiempo que limitan severamente las protestas pacíficas desde hace más de un decenio.