Los grupos marginados, entre los que se encuentran las personas LGBTI+, las personas que realizan trabajo sexual, las que consumen drogas y las que carecen de hogar, se vieron desproporcionadamente afectados por las normativas relativas a la COVID-19 que los expusieron a más discriminación y abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que evalúa el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia en todo el mundo.

Basándose en una encuesta online de 54 organizaciones de la sociedad civil en 28 países, el informe documenta cómo un enfoque excesivamente punitivo de la aplicación de la normativa relativa a la COVID-19 —que dio lugar a multas, detenciones y encarcelamientos por no cumplir las medidas de salud pública— provocó que los grupos ya de por sí marginados se enfrentaran a un acoso y una violencia cada vez mayores por parte de las fuerzas de seguridad. El enfoque también les dejó un acceso reducido a servicios esenciales tales como el alimento, la atención médica y la vivienda.

Más de dos tercios de las organizaciones que participaron en la encuesta (el 69%) dijeron que las respuestas del Estado a la COVID-19 habían agravado las consecuencias negativas de leyes y normas preexistentes que criminalizaban y marginaban a las personas con las que trabajan. De estas, el 90% informaron de que las comunidades con las que trabajan se habían visto específicamente afectadas y/o habían sufrido consecuencias desproporcionadas por la aplicación de las medidas contra la COVID-19. Entre otras medidas punitivas, las organizaciones mencionaron el uso generalizado de multas, detenciones, amonestaciones, apercibimientos por escrito y órdenes policiales de “circulen” o de no acercarse a algún lugar público.

“Aunque las medidas adoptadas contra la COVID-19 han variado de un país a otro, los enfoques de los gobiernos para abordar la pandemia han tenido un defecto común. El énfasis excesivo en el uso de sanciones punitivas contra personas por no cumplir la normativa, en lugar de apoyarlas para cumplirla mejor, tuvo un efecto muy desproporcionado en quienes ya se enfrentaban a discriminación sistemática”, ha manifestado Rajat Khosla, director general de Política de Amnistía Internacional.

Las personas que perdieron sus medios de sustento de la noche a la mañana y las que carecen de hogar se vieron criminalizadas por no cumplir las medidas contra la COVID-19, en lugar de recibir apoyo para acceder a vivienda u otros servicios esenciales.

Rajat Khosla, director general de Política de Amnistía Internacional

“Cuando los gobiernos utilizan enfoques punitivos para hacer cumplir medidas de salud pública, sencillamente resulta más difícil cumplirlas. Las personas que perdieron sus medios de sustento de la noche a la mañana y las que carecen de hogar se vieron criminalizadas por no cumplir las medidas contra la COVID-19, en lugar de recibir apoyo para acceder a vivienda u otros servicios esenciales.”

“Esta cortedad de miras dejó a estos grupos a merced de una actuación policial violenta y discriminatoria e impulsó a la gente a tomar decisiones más arriesgadas para satisfacer sus necesidades básicas, lo que dio lugar a enfermedades evitables, muertes y un amplio abanico de abusos contra los derechos humanos.”

Actuación policial punitiva

Los grupos que antes de la pandemia ya estaban sometidos a un control policial excesivo han sufrido discriminación, uso ilegítimo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.

La gran mayoría (71%) de las 54 organizaciones que respondieron a la encuesta de Amnistía Internacional afirmaron que se había castigado a personas de las comunidades con las que trabajaban —entre ellas, personas que realizan trabajo sexual, que consumen drogas, personas LGBTI y personas que necesitaban abortar— por incumplir las medidas contra la COVID-19.

Según la organización mexicana de derechos humanos Elementa, la punitiva “guerra contra las drogas” emprendida por el país ha permitido que las fuerzas policiales, utilizando las medidas relacionadas con la COVID-19, ataquen a personas por consumo o posesión de drogas. En un alarmante caso que desencadenó protestas generalizadas, un trabajador de la construcción, que en ese momento se encontraba bajo el efecto de las drogas, fue detenido en el estado occidental de Jalisco, en teoría por no llevar cubrebocas. El hombre murió bajo custodia de la policía días después. Tenía el cuerpo lleno de hematomas, y una herida de bala en la pierna.

En Belice, Indonesia, México, Nigeria, Uganda, Filipinas, Tanzania y Reino Unido, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre cuestiones tales como los derechos LGBTI, la reforma de la política sobre drogas, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y el fin del sinhogarismo han informado de que las comunidades marginadas han sufrido un aumento de la vigilancia y el acoso por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley y se han visto desproporcionadamente afectadas por detenciones, multas y reclusiones durante la pandemia.

En Argentina, una organización dirigida por personas dedicadas al trabajo sexual denunció la violencia ejercida por la policía contra las personas transgénero que realizaban ese trabajo, una violencia que incluía “golpes, requisas y detenciones arbitrarias”, y afirmó que la policía había hostigado a trabajadoras sexuales por violar la cuarentena cuando iban al supermercado o a la farmacia del barrio.

Estigma y obstáculos a la protección social, la salud y una vivienda adecuada

El uso por parte de los Estados de medidas punitivas contra la COVID-19 también ha creado obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales y apoyo, especialmente para las personas que sufren pobreza y discriminación sistémica. Los grupos marginados han sido culpados, incluso por autoridades públicas, de infringir la normativa contra la COVID-19 y propagar el virus. Esto, a su vez, ha alimentado la violencia contra los grupos marginados y los ha desalentado a la hora de buscar atención médica, pues temen sufrir detención, reclusión o procesos judiciales.

Aunque muchos gobiernos adoptaron algún tipo de medidas de protección social, los países no consideraron las realidades sociales y económicas en las que se aplicaron esas medidas, y rara vez proporcionaron un apoyo integral a las comunidades más marginadas.

Entre quienes han sufrido consecuencias desproporcionadas se encuentran personas que trabajan en el sector informal o en empleos precarios. En Nepal, muchas personas dalit que viven por debajo del umbral de pobreza y dependen de salarios diarios se enfrentaron a un endeudamiento extremo y al hambre a causa de las crecientes dificultades provocadas por la pandemia.

Las organizaciones informaron también de que el estigma hacia las personas LGBTI, por ejemplo, había provocado que éstas se vieran excluidas de las donaciones estatales y municipales de alimentos y de los centros de crisis en países como Indonesia y Zambia.

En lugar de recurrir a medidas punitivas que hacen recaer toda la responsabilidad y la culpa en personas que ya sufrían discriminación sistemática, los gobiernos deberían haberse centrado en proteger los derechos humanos de todas las personas.

Rajat Khosla

Además, las medidas contra la COVID-19 tuvieron un impacto negativo en la provisión de servicios de salud esenciales. En particular, el acceso a servicios comunitarios y a proyectos sectoriales dirigidos a personas marginadas se vio severamente restringido o cesó por completo cuando los sistemas de salud volcaron su atención en su respuesta a la COVID-19. En Canadá se cancelaron clínicas gestionadas en colaboración con las autoridades de salud, que formaban parte de proyectos sectoriales dirigidos a personas que realizan trabajo sexual. También se informó de preocupaciones similares sobre los cierres generalizados de clínicas comunitarias en países de África oriental.

En algunos países, la pandemia de COVID-19 se explotó para restringir aún más el acceso a servicios de salud esenciales, como los servicios de aborto y de reducción del daño. En India, la organización Hidden Pockets Collective, que defiende los derechos sexuales y reproductivos, informó de que, en un principio, el gobierno no reconoció el aborto como servicio de salud esencial; en consecuencia, los proveedores de servicios decían a las mujeres que el aborto era un servicio “no esencial” y que no debía prestarse durante una pandemia. Además, el estigma asociado al aborto provocó que las mujeres no se atrevieran a explicar a la policía por qué salían de sus casas para recibir atención médica durante el confinamiento.

“En lugar de recurrir a medidas punitivas que hacen recaer toda la responsabilidad y la culpa en personas que ya sufrían discriminación sistemática, los gobiernos deberían haberse centrado en proteger los derechos humanos de todas las personas y en garantizar que las comunidades marginadas tienen acceso universal a servicios médicos y a servicios esenciales para su protección”, ha manifestado Rajat Khosla.

“Esta es una cuestión crucial que los gobiernos deben tener en cuenta al negociar un tratado para mejorar la prevención, la preparación y la respuesta a la pandemia bajo los auspicios de la OMS. El situar los derechos humanos en el núcleo de los esfuerzos gubernamentales para abordar las respuestas de emergencia de salud pública no es una consideración opcional, es una obligación.”

Información complementaria

El informe completo en inglés está disponible aquí.

El resumen ejecutivo en español está disponible aquí.