“Los programas de vacunación contra la COVID-19 de todo el mundo excluyen a personas de grupos marginados y discriminados al no tener en cuenta sus circunstancias, necesidades y vulnerabilidades de carácter único”, ha declarado Amnistía Internacional en una declaración pública emitida hoy.

Las deficiencias de los programas nacionales de vacunación, que abarcan una recopilación de datos insuficiente o inexistente, información pública inadecuada y no abordar la desconfianza en las instituciones sanitarias y la información engañosa, afectan de forma desproporcionada a la capacidad de algunos grupos —mujeres, personas LGBTI, personas indígenas y minorías étnicas, entre otros— para acceder a las vacunas. Estos grupos también se ven más gravemente afectados por obstáculos logísticos y técnicos para obtener una vacuna y por la falta de participación de la sociedad civil en la planificación y ejecución de los planes de vacunación.

“En todo el mundo, las autoridades no están haciendo actualmente lo bastante para garantizar que los programas de vacunación llegan a los miembros más marginados de sus sociedades. Los errores habituales hacen que los Estados carezcan de una imagen lo bastante clara del impacto desigual de la COVID-19 en ciertos grupos y que muchas personas no reciban la información o la ayuda que necesitan para vacunarse”, dijo Rina Kika, investigadora de Amnistía Internacional.
“Con la aparición de ómicron y la prevalencia creciente de restricciones basadas en la vacunación, es imprescindible que los países aborden con urgencia los problemas que provoca una distribución desigual y discriminatoria de las vacunas”.

Los Estados que recopilan y comunican datos sobre la COVID-19 desglosados por etnia o raza han informado de la existencia de tasas de infección y mortalidad más altas entre las minorías raciales y étnicas en comparación con otros grupos. Sin embargo, sólo un puñado de países recopilan estos datos, que son cruciales para abordar los efectos desproporcionados en poblaciones concretas.

Además de recabar información desglosada sobre el impacto de la COVID-19, Amnistía Internacional pide a los Estados que reúnan datos sobre la aceptación de la vacunación —dato del que actualmente carece la mayoría de los países— para observar la equidad del acceso a las vacunas y en qué medida se está excluyendo a ciertos grupos.

El derecho internacional obliga a los Estados a proporcionar acceso equitativo y no discriminatorio a las vacunas, lo que, en el contexto de la COVID-19, significa que deben garantizar que no sólo se dispone de vacunas en cantidades suficientes, sino también que son accesibles a todos los sectores de la población. Los Estados deben garantizar que la información sobre la COVID-19 y la forma de obtener una vacuna se facilita en formatos accesibles y comprensibles para todos los miembros de su población.

A pesar de que el acceso a Internet es desigual, muchos países continúan publicando la mayor parte de la información pública online, lo que podría excluir de forma desproporcionada a mujeres, personas de más edad, personas pobres y las que viven en zonas rurales, mientras que otros países no han hecho accesible la información a los pueblos indígenas.

Los datos insuficientes y la información contradictoria de las autoridades de salud pública sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo han creado condiciones para la propagación de información engañosa y teorías de conspiración, así como afirmaciones falsas sobre el impacto de la vacuna en la fertilidad.
La desconfianza en las instituciones sanitarias por parte de algunos grupos marginados debido a las desigualdades estructurales, la discriminación histórica y los abusos a manos de profesionales de la salud influye también en el acceso de estos grupos a la vacuna y su aceptación de ésta. En muchos países, los esfuerzos para contrarrestar la información engañosa y la desconfianza mediante campañas selectivas de salud pública han sido insuficientes o inexistentes.

Amnistía Internacional pide a los Estados que garanticen que la información de salud pública sobre la COVID-19 y las vacunas llega a todos los grupos sociales y que tomen medidas para abordar los motivos de preocupación y las dudas en torno a la seguridad de la vacuna causados por la difusión de información falsa o engañosa.