Ante el anuncio de que la empresa biotecnológica de Estados Unidos afirma que su nueva vacuna tiene el 94,5% de eficacia frente a la COVID-19, Stephen Cockburn, director del Programa de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, manifestó:

“Moderna, que ya ha vendido la mayor parte de su producción de vacunas en 2021 a países ricos, debe cumplir su promesa de permitir a otros fabricar su vacuna y proporcionarles los conocimientos y la tecnología necesarios para ello, una vez demostrada su eficacia y seguridad.

“Empresas como Moderna y Pfizer-BioNTech tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y deben tener un papel protagonista en la búsqueda de una solución global a la COVID-19 compartiendo la vacuna y garantizando precios asequibles. No deben tomar decisiones que permitan a los gobiernos acaparar la vacuna para unos cuantos privilegiados.

Sólo conseguiremos erradicar la COVID-19 si las empresas garantizan que no se deja atrás a las personas más necesitadas de vacunas que salvan vidas.Es hora de que las empresas asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos y garanticen el acceso más amplio posible a sus innovaciones.”

Información complementaria

Hasta la fecha, Moderna es la única empresa que se comprometió a no ejercer sus derechos de propiedad intelectual y permitir que otros fabriquen la vacuna.

Moderna afirma que puede fabricar entre 500 y 1.000 millones de dosis de la vacuna en 2021 (se necesitan dos por persona), pero sólo firmó acuerdos con países ricos que pueden significar la mayor parte de la producción. Estados Unidos ya ha pagado 100 millones de dosis, con opción a otros 500 millones. Canadá ha encargado 56 millones; Japón, 50 millones; y la Comisión Europea ha concluido sus conversaciones avanzadas con Moderna para adquirir hasta 160 millones de dosis. Dado que estas negociaciones suelen hacerse a puerta cerrada, es posible que haya más acuerdos en curso.

Este anuncio sucede a una declaración de relatores especiales de la ONU emitida el 9 de noviembre, donde se resaltaba que las empresas “deben abstenerse de perjudicar o contribuir a perjudicar el derecho a la vida y a la salud ejerciendo sus derechos de propiedad intelectual y anteponiendo sus beneficios económicos”.

En virtud del derecho internacional, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y, entre otras cosas, no deben obstaculizar las iniciativas de los Estados para hacer efectivos el derecho a la salud y el acceso a medicamentos.