La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la situación de las personas privadas de su libertad en el actual contexto de pandemia y urgió a los Estados de la región a que evaluen de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas para personas privadas de libertad consideradas en grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes están prontas a cumplir condena.
Números alarmantes
En los últimos años (2015 a 2017), de acuerdo a información de la Procuración Penitenciaria, la población privada de su libertad en el país creció un 23%. Al 20 de abril de 2019, en el sistema penitenciario federal se encontraban detenidas 14.157 personas, excediendo en más de un 15% la capacidad. Debido a esta situación de sobrepoblación, el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que declarar en marzo de 2019 la emergencia penitenciaria por de 3 años. Además creó la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, a quien también fue dirigido el pedido de acceso a la información.
“A la ya de por sí compleja y alarmante situación de sobrepoblación y el hacinamiento vigente en las cárceles argentinas, se suma ahora la emergencia sanitaria y, con ello, la necesidad de articular una respuesta coordinada que permita garantizar las condiciones higiénicas y de salud necesarias, además de medidas de distanciamiento y aislamiento para prevenir la propagación del virus. Un tema que nos preocupa y ocupa a nivel local, regional y global”, declaró Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Solicitud de información
Ante esta situación de crisis carcelaria agravada por la actual pandemia, Amnistía Internacional le pidió información a la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para:
a) Saber si se están llevando adelante acciones de coordinación con el sistema de justicia, el Servicio Penitenciario Federal y otros organismos involucrados.
b) Conocer las denuncias y pedidos de intervención recibidas por las Secretarías de Justicia y la de Derechos Humanos de parte de personas privadas de su libertad.
c) Indagar sobre las intervenciones de ambas Secretarías en función de dichas solicitudes.
