Hace tres días se hizo el primer paro y ruidazo de mujeres. Bajo una lluvia constante, vestidas de negro y con nuestros paraguas marchamos impulsadas por la ferocidad de un femicidio. Sin embargo en nuestras voces estuvieron presentes también las voces de miles de mujeres que perdieron la vida por culpa de la violencia de género. Nos movilizamos para decir basta y para exigir el pleno reconocimiento de nuestros derechos, entre otros el aborto legal.
En nuestra región, la lucha por el aborto legal está marcada por una lógica de marchas y contramarchas. Los avances se deben a la voz de las mujeres y de sectores sociales comprometidos. Hay solo dos países de América Latina donde el aborto está legalizado: Cuba fue el primero, en 1979; Uruguay el segundo en 2012. El Distrito Federal en México también garantiza la interrupción legal del embarazo.
La ley del vecino país establece que el aborto se puede realizar en los centros de salud estatales, de forma gratuita y hasta la semana 12 de gestación. Si bien la ley es perfectible, según información oficial Uruguay es el segundo país en América, detrás de Canadá, por su baja mortalidad materna. Además, entre 2012 y 2013 no hubo muertes entre las mujeres que abortaron dentro del mecanismo previsto por la ley.
La incansable e histórica lucha del movimiento de mujeres en Colombia logró que en 2006 ese país aprobara el aborto por causales: en los supuestos de peligro para la salud de la mujer, grave malformación del feto y en caso de violación.
Chile también intenta desandar el camino de la criminalidad. Con fuertes resistencias de sectores conservadores, se permitió debatir este año en Diputados un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por causales. Es un punto de partida necesario frente a un escenario de prohibición absoluta.
En Argentina, el acceso al aborto legal es desigual. Mientras que la ley permite el aborto en casos de peligro para la salud o vida de la mujer o en caso de violación, la realidad es que el acceso al aborto legal está condicionado dependiendo de la provincia en que a uno le haya tocado nacer o a los servicios de salud o médico al cual se acuda.
Si bien hasta ahora eran ocho las jurisdicciones que han adherido al protocolo nacional o cuentan con protocolos que se ajustan en buena medida al fallo FAL de 2012, su implementación es errática y en el último tiempo ha habido algunas iniciativas regresivas que buscan impedir la práctica.
Recientemente, la provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) y de esta manera, se sumó a las ocho provincias donde ya se garantiza el aborto legal en nuestro país y donde se han seguido los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Implementar el aborto legal es un imperativo y una responsabilidad conjunta de la Nación y de las provincias. El 1 de noviembre Argentina vuelve a rendir cuentas sobre su política en materia de derechos de las mujeres ante Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ( Cedaw ) observará al país y ahí también nos haremos escuchar.
Por Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Columna de opinión publicada en el diario Perfil el sábado 22 de octubre de 2016.
