“La noticia de que la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva constitución que, entre otras cosas, abre el camino para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo si queda aprobada por referéndum en los próximos meses, es un gran paso adelante para los derechos de las personas LGBTI en Cuba y el Caribe. Le damos la bienvenida a este avance e instamos al gobierno a apostar por el diálogo con todos los sectores de la sociedad y permitir una pluralidad de voces a medida que realice nuevas reformas”.
“Sin embargo, durante los primeros 100 días de la presidencia de Díaz-Canel, continuamos recibiendo frecuentemente informes alarmantes de que las autoridades cubanas están arrestando arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos y deteniéndolas por períodos breves. El activista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola fue liberado condicionalmente a principios de este mes, aunque las autoridades aún podrían devolverlo a prisión por el resto de su sentencia, mientras que otro preso de conciencia, Eduardo Cardet, permanece tras las rejas casi 20 meses después de su arresto por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”.
“La astuta teatralidad de funcionarios públicos durante el Examen Periódico Universal de Cuba antes de la ONU en mayo no ocultó la realidad de la vida en la isla, donde las autoridades mantienen una red de control mediante prácticas como el uso arbitrario del derecho penal y despidos discriminatorios de empleados estatales. La nueva administración de Cuba todavía tiene la oportunidad de desmantelar la maquinaria estatal represiva que continúa eclipsando cualquier otro avance en el cumplimiento de los derechos humanos”.
