Los y las dirigentes del G20 que se reúnen mañana en la Cumbre de Salud Global deben hacer frente a la dura realidad de que el reloj avanza y, si no se renuncia ya mismo a los derechos de propiedad intelectual, la COVID-19 puede quedar fuera de control durante años. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional.

 

Más de 60.000 personas murieron de COVID-19 en América del Sur y Asia Meridional la semana pasada: más del 70% de las muertes ocurridas por esa causa en el mundo en ese periodo. El oxígeno escasea y los sistemas de salud de estas regiones están llegando a un punto crítico. En Pakistán, sólo una de cada 75 personas ha sido vacunada, en comparación con Estados Unidos, donde una de cada dos ha recibido al menos una dosis.

 

Mientras los informes revelan que el actual borrador de declaración (conocido como “Declaración de Roma”) que se acordará en la Cumbre no incluye ninguna mención a la liberación de las patentes sobre las vacunas, Amnistía Internacional pide que se emprendan acciones urgentes para abordar esta flagrante omisión.

 

“Acordar principios para prevenir futuras pandemias es algo lógico, pero resulta difícil tener confianza cuando los Estados y las empresas están eludiendo tomar las medidas cruciales que se necesitan para abordar la pandemia que azota hoy el mundo”, ha manifestado Tamaryn Nelson, asesora sobre salud para Amnistía Internacional.

 

“La mejor manera de prepararnos para las crisis de salud pública es prevenirlas por completo, y las vacunas desempeñan un papel crucial en este esfuerzo. Un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, han comprendido la importancia de renunciar a los derechos de propiedad Intelectual para impulsar el suministro de vacunas y el fin de la COVID-19. Sin embargo, Estados como Alemania, Australia, Reino Unido y la UE están fallando a la población mundial al negarse a hacer lo mismo.”

“Con miles de personas muriendo cada día, está claro que no debe ponerse el beneficio por delante de la salud. Los Estados deben asumir la responsabilidad y presionar a las grandes empresas farmacéuticas para que compartan su tecnología y sus conocimientos, de manera que todo el mundo tenga una oportunidad justa de acceder a la vacuna.”

 

“Según los planes actuales de distribución de vacunas, los países menos desarrollados no recibirán dosis suficientes para obtener una cobertura generalizada hasta al menos 2023, y millones de personas seguirán muriendo sin las medicinas y los tratamientos que necesitan. Si el mundo entero no está protegido, la salud de todas las personas, vivan donde vivan, correrá peligro, ya que es probable que surjan variantes que eludan las vacunas actuales.”

 

“Hay una solución. Si las empresas farmacéuticas cumplieran con sus responsabilidades de derechos humanos y dejaran de captar apoyos contra los esfuerzos destinados a ampliar el acceso y empezaran a compartir sus conocimientos y tecnología, se podrían producir más vacunas a un precio más justo. Sin embargo, ninguna empresa ha accedido a compartir su propiedad intelectual y sus conocimientos a través de la Organización Mundial de la Salud. Sugerir que, con los recursos necesarios, los países en desarrollo no pueden producir vacunas bioequivalentes seguras y de buena calidad no sólo es discriminatorio, sino también corto de miras.”

 

“Dada nuestra devastadora realidad, Amnistía Internacional pide a los y las dirigentes que, en la Cumbre de Salud Global, aborden el elefante en la habitación y actúen con energía respecto a la importancia de renunciar a las restricciones de propiedad intelectual para terminar con la COVID-19.”

 

“La única forma de acabar con la pandemia es acabar con ella globalmente. Es hora de que los Estados ricos y las empresas farmacéuticas pongan a las personas por delante de los beneficios.”

 

FIN

Hay portavoces disponibles. Para más información, pónganse en contacto con press@amnesty.org.

Información complementaria

En octubre de 2020, India y Sudáfrica solicitaron una exención que no permitiría a los países conceder ni ejecutar patentes ni otros derechos específicos de propiedad intelectual relacionados con productos para la COVID-19 hasta que se alcanzara la inmunidad de grupo en todo el mundo. Un número considerable de países de ingresos bajos y medio-bajos apoyaron esta propuesta. La mayoría de los países de ingresos altos, incluida la UE y sus Estados miembros, se opusieron a ella. La UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que sus Estados miembros también son miembros por derecho propio. La Comisión Europea representa a la UE en las reuniones de la OMC.

 

Si se alcanzara un acuerdo, la exención suspendería la implementación, aplicación y ejecución de ciertos derechos de propiedad intelectual, como las patentes sobre productos farmacéuticos, y facilitaría el desarrollo y la fabricación de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas para la COVID-19.

El 5 de mayo de 2021, Estados Unidos cambió de postura y dijo que apoyaría la exención, pero limitándose sólo a las vacunas.

Tanto las normas internacionales de derechos humanos como las normas comerciales dejan claro que la protección de la propiedad intelectual nunca debe aplicarse a expensas de la salud pública.

Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, establecen unas normas mínimas para muchas formas de propiedad intelectual que son aplicables a las empresas farmacéuticas, como los derechos de autor, las marcas, las patentes, la información no divulgada (incluidos los secretos comerciales y los datos de pruebas) y las prácticas anticompetitivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) para que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos, y después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la población a vacunas en cualquier lugar. Hasta el momento, ni una sola empresa farmacéutica se ha unido al programa de puesta en común de datos.