El conflicto —que se intensificó el pasado mes de abril con la tentativa de ocupación militar de la capital, Trípoli, por el autoproclamado Ejército Nacional Libio (LNA) de Khalifa Haftar— tiene lugar en un contexto de enfrentamientos armados periódicos que han afectado enormemente a la población civil.
En octubre de 2019, Amnistía Internacional publicó la única investigación exhaustiva realizada hasta la fecha sobre el terreno, a ambos lados de la línea del frente de Trípoli. La organización visitó 33 lugares de la capital y alrededores donde se habían producido ataques aéreos y terrestres, y reveló pruebas de posibles crímenes de guerra tanto del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), respaldado por la ONU, como del LNA.
En el curso de la investigación, la organización identificó varios casos en los que cohetes lanzados desde tierra, descargas de artillería y ataques aéreos realizados por ambas partes destruyeron o dañaron viviendas e infraestructura civiles y causaron la muerte y heridas a decenas de personas.
“Presenciamos directamente las devastadoras consecuencias de ataques indiscriminados y desproporcionados —algunos de los cuales podrían ser crímenes de guerra— cometidos por ambas partes, que siguen violando el derecho internacional humanitario con apoyo militar y de otro tipo de países como Emiratos Árabes Unidos y Turquía”, afirmó Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
La organización llevó a cabo rigurosas investigaciones en los lugares donde se produjeron explosiones, muchas de las cuales confirmaron pruebas de la implicación de otros países en el conflicto. A pesar de que existe un embargo de armas total de la ONU desde 2011, Emiratos Árabes Unidos y Turquía —entre otros— apoyan al LNA y al GNA, respectivamente, mediante transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo en ataques contra civiles o que han afectado a la población civil. También han aparecido pruebas crecientes sobre la participación en el conflicto de mercenarios rusos en apoyo del LNA.
Según estadísticas de la ONU, más de 284 personas, todas ellas civiles, han perdido la vida y más de 140.000 han sido desplazadas como consecuencia del conflicto armado de Libia en 2019. Una declaración de la ONU del 3 de enero de 2020 denunciaba una escalada de los ataques indiscriminados que ponían en peligro escuelas, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles en Trípoli y sus alrededores, incluido el aeropuerto internacional de Mitiga.
“La comunidad internacional, incluidos todos los participantes en la cumbre de Berlín, debe cumplir el embargo de armas a Libia y trabajar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer, con carácter urgente, una comisión Investigativa o mecanismo similar con el fin preservar las pruebas de crímenes de guerra y de otras violaciones de derechos y allanar el camino a la justicia y a una reparación para las víctimas y sus familias”, dijo Donatella Rovera.
“Las partes en conflicto en Libia deben cesar de inmediato los ataques indiscriminados y desproporcionados, y cumplir plenamente las normas del derecho internacional humanitario, investigar las violaciones de derechos denunciadas y poner fin al uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies”.
El conflicto también ha exacerbado la situación, que ya era grave, de miles de personas migrantes y refugiadas que están en Libia, muchas de las cuales están retenidas en este país como consecuencia de la cooperación entre gobiernos europeos y las autoridades libias. Amnistía Internacional lleva tiempo documentado que la política común de la Unión Europea y Libia de interceptación de personas migrantes y refugiadas y su devolución a Libia ha expuesto a estas personas a la detención arbitraria prolongada, la tortura y la muerte, también en ataques indiscriminados o selectivos.
Los Estados de la UE que asisten a la cumbre deben reajustar su cooperación con Libia y cesar cualquier medida que provoque la retención de personas en ese país. Por contra, deben presionar a las autoridades libias para que pongan fin a la detención arbitraria prolongada de personas refugiadas y migrantes, e intensificar las labores de evacuación de estas personas del país, entre otros métodos, mediante el reasentamiento y vías alternativas a la protección.
