En el marco de la discusión en el recinto, Amnistía Internacional envió al Congreso una guía que explica la situación del sistema previsional argentino y expone la necesidad de que se proyecte una reforma que garantice a los y las jubiladas una vida digna. Hoy una jubilación mínima no alcanza para llegar a fin de mes. Sin embargo, de aprobarse, el presidente Javier Milei ya advirtió sobre su posible veto.
“El ajuste en jubilaciones viene siendo una práctica consolidada que se profundizó en los últimos 8 meses ante una política de recorte abrupto y masivo del gasto fiscal. En un contexto de crisis, el Estado argentino debe poner en el centro de la toma de decisiones a las personas y sus derechos, teniendo en cuenta sus compromisos internacionales. Los jubilados deben poder acceder a bienes y servicios fundamentales. Es su derecho”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Una reforma: ¿para qué?
En los últimos meses, se han presentado diferentes reformas a los cálculos jubilatorios, y se han hecho anuncios sobre posibles modificaciones al sistema previsional. En la mayoría de los casos, se centran en la reducción del gasto fiscal dejando de lado lo esencial: la necesaria protección integral de las personas en una de las edades en la que más lo requieren. Por eso, resulta oportuno repensar el sistema previsional en Argentina, avanzar en un debate serio y profundo, garantizando que quienes históricamente han perdido, puedan recuperar una vida digna.
¿Cuáles son las cuestiones que debe tener en cuenta toda reforma al sistema previsional argentino?
Hoy una jubilación mínima no alcanza para superar el umbral de pobreza: en junio cerca de 3 millones de jubilados cobraron menos de $270.000, mientras que la canasta básica total se estableció en $282.000 La permanente caída del poder adquisitivo de las jubilaciones en los últimos años. Y la estrepitosa caída en el último año de un 25,8%.
La realidad argentina y global: frente a una expectativa de vida cada vez mayor (más personas jubiladas) las contribuciones de la población activa (que es la que el sistema encarga el pago de las jubilaciones) no alcanza.
La necesidad de buscar de nuevos recursos disponibles para financiar el sistema y garantizar sistemas contributivos más igualitarios.
La historia de vidas de muchas personas jubiladas hoy que no cuentan con los aportes necesarios producto de un sistema que los ha excluido históricamente. El país cuenta con un 47% de la población laboralmente activa sin aportes, producto de la no-registración. Esto situación irregular era aún más frecuente en el pasado (en especial en áreas de la construcción, el servicio doméstico, entre otras). Responsabilizar hoy a estas personas por la falta de aportes no dimensiona la desigualdad histórica de poder en el mundo laboral.
La obligación estatal de protección integral a las personas en un momento de la vida en que requieren el máximo cuidado.
La obligación estatal de progresividad y no regresividad y de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos humanos.
Una visión igualitaria y libre de discriminación que promueva la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, su plena autonomía y se garantice una vida digna.
A partir de ello, cualquier reforma jubilatoria debe, como mínimo:
Garantizar las condiciones de vida de las personas mayores a través de recursos y servicios de calidad, atendiendo de manera urgente la situación de quienes cobran la jubilación mínima y no logran cubrir los gastos básicos de vida.
Reparar las desigualdades históricas en las trayectorias de vida y el mercado laboral informal de millones de personas, principalmente mujeres, para garantizar su acceso a prestaciones previsionales en condiciones de igualdad.
Aumentar el monto de las asignaciones progresivamente hasta el máximo de los recursos disponibles y atender particularmente la situación de aquellos titulares que cobran la jubilación mínima.
Las jubilaciones, castigadas por el ajuste fiscal del gobierno
El sistema previsional argentino es de carácter contributivo, es decir que la fuente de financiamiento proviene de las contribuciones salariales de la población activa, y está diseñado para garantizar ingresos a las personas durante su vejez, basándose en principios de redistribución y protección social. Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo, por lo cual el Estado asume un rol redistributivo y paliativo para aquellas personas que no pueden garantizar su propio bienestar en su etapa pasiva.
La caída de las jubilaciones viene siendo una de las principales fuentes del ajuste fiscal. Según datos oficiales, las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones cayeron entre al menos 25,8% real interanual en los primeros 7 meses del año.
“Que se pongan la mano en el corazón que sean conscientes porque ellos también tienen abuelo, que vean a la parte más pobre también”, opinó Haydeé, de 60 años.
Argentina invierte un porcentaje cada vez menor de su PBI en jubilaciones. De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos diez años el porcentaje del PBI destinado a seguridad social bajó casi 3 puntos. En 2022 y 2023 el gasto en pensiones significó un 7.6% del PBI. Mientras que hoy se encuentra en un 6.5%, más de 1 punto porcentual menos que en los años anteriores.
En un contexto de grave crisis económica, donde los índices de pobreza e indigencia han aumentado de manera preocupante, es fundamental pensar un régimen previsional sustentable que garantice que las personas adultas mayores puedan tener un ingreso que les permita vivir dignamente.
Información complementaria:
Jubilados: una realidad siempre postergada | Amnistía Internacional Argentina (amnistia.org.ar)
