Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Afganistán han desempeñado un papel fundamental para salvar el abismo entre el gobierno y la población. Han sido agentes clave en la protección y la promoción de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho, a menudo con un gran riesgo para ellos, para sus familias y comunidades, y para las organizaciones y movimientos a los que representan. Durante decenios, han promovido los valores básicos de la humanidad: igualdad, justicia, imparcialidad y no discriminación. No sólo han contribuido al desarrollo y el progreso de las comunidades y el país, sino que además han pagado un elevado precio por el trabajo que realizan.
A pesar sus positivas contribuciones, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a la hostilidad de diversos agentes estatales y no estatales. Han sufrido amenazas, intimidación, acoso, violencia, e incluso la muerte. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que defienden los derechos de las mujeres son cuestionados por su trabajo de derechos humanos, acusados de ir “contra la religión” y “contra la cultura”, y atacados por plantar cara a las injusticias. En Afganistán, en el último par de años, ha habido ataques sistemáticos contra quienes defienden los derechos humanos, y esos ataques aumentaron notablemente en 2019.
En mayo del año pasado, una periodista y activista, Mena Mangal, murió por disparos en Kabul. En julio, Saeed Karim Musawi, conocido defensor de los derechos humanos y activista de la sociedad civil, fue asesinado a tiros por dos hombres que viajaban en una motocicleta y que escaparon del lugar de los hechos en la provincia de Kunduz. En septiembre, los talibanes atacaron las provincias de Kunduz y Baghlan, y sitiaron las ciudades. Los defensores y defensoras de los derechos humanos quedaron atrapados durante días sin acceso a comunicación, Internet ni ningún tipo de protección o apoyo del gobierno o de otros agentes. Su miedo era que los encontraran y los atacaran por su trabajo de derechos humanos. Ese mismo mes, Abdul Samad Amiri, defensor de los derechos humanos y director de la oficina provincial de Ghor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, fue secuestrado y asesinado cuando se dirigía a la provincia de Ghor. En noviembre, dos destacados defensores de los derechos humanos de la provincia de Logar fueron víctimas de desaparición forzada y luego fueron detenidos por sacar a la luz presuntos abusos sexuales contra menores.
Estos ataques contra personas que defienden los derechos humanos, y muchos más aún sin documentar, no se han investigado. Aunque el gobierno tiene la obligación de respetar, proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos de quienes defienden los derechos humanos, no se han tomado medidas concretas para identificar a los presuntos autores de los ataques y llevarlos ante la justicia, o para proporcionar protección inmediata que sirva de apoyo a los defensores y defensoras en situación de riesgo. En muchos casos se ha acusado a defensores y defensoras de los derechos humanos de falsificar las amenazas para “pedir asilo” en el extranjero. También hay ejemplos de defensores y defensoras a los que han aconsejado guardar silencio, alegando que las autoridades no tienen capacidad suficiente para brindarles protección. En determinados casos, incluso han dicho a los defensores y defensoras que adquirieran armas para protegerse.
Las amenazas generalizadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos requieren el establecimiento de un mecanismo de protección sólido e independiente. Sin él, estas personas no pueden desempeñar de forma segura su crucial labor. Hay varias iniciativas pequeñas y específicas para brindar apoyo a quienes defienden los derechos humanos, pero están seriamente limitadas en cuanto a recursos y ámbito geográfico. Por ejemplo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, a pesar de tener un plan de acción para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, no ha podido proporcionar a estas personas apoyo inmediato a causa de la escasez de presupuesto.
De igual modo, el Comité de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos carece de autoridad para investigar y brindar apoyo inmediato a los defensores y defensoras amenazados.
En los últimos meses, la comunidad de derechos humanos, con el apoyo de Amnistía Internacional, ha colaborado en el diseño de una estrategia de protección para quienes defienden los derechos humanos en Afganistán. Este esfuerzo sin precedentes aborda la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la necesidad de investigar las amenazas, pide que se lleve ante la justicia a los presuntos autores de ataques y promueve la colaboración entre el gobierno y la comunidad internacional específicamente para proteger a las personas que defienden los derechos humanos.
La estrategia existente en Afganistán para proteger a quienes defienden los derechos humanos debe considerarse un importante primer paso para el gobierno afgano, cuyo trabajo ahora es poner en práctica dicha estrategia reuniendo a los agentes gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, y demostrar su compromiso de proteger a los defensores y defensoras y promover los derechos humanos en Afganistán. Tal como declaró Sarwar Danish, vicepresidente segundo de Afganistán, durante la presentación de la estrategia de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos: “Hasta ahora, nos hemos centrado mucho en dar a conocer los derechos humanos, pero no hemos prestado suficiente atención a la protección de quienes los defienden”. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y el cargo recién creado en el país de ministro de Estado sobre Derechos Humanos y Asuntos Internacionales pueden desempeñar un importante papel contribuyendo a la puesta en práctica efectiva de un mecanismo de protección para defensores y defensoras de los derechos humanos.
La comunidad internacional también tiene un papel clave que desempeñar a este respecto. Durante años, las personas que defienden los derechos humanos han trabajado con estos agentes para proporcionar información de primera mano sobre las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Afganistán. La comunidad internacional las ha animado a pronunciarse contra los abusos y violaciones de derechos humanos y a promover los valores de derechos humanos. Cuando estos mismos defensores y defensoras de los derechos humanos están en situación de riesgo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyarlos, tal como dispone la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.
Los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá son algunos de los países que han formulado compromisos explícitos de proteger a quienes defienden los derechos humanos. Es hora de que tanto ellos como otros cumplan sus compromisos para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y para garantizar un entorno seguro y propicio. Esto requerirá un compromiso a largo plazo del gobierno afgano, financiación de la comunidad internacional y, lo más importante, un trabajo sostenido de incidencia y observación por parte de la comunidad de derechos humanos de Afganistán para garantizar que estos compromisos se hacen realidad de manera efectiva. Tal como subrayaron los defensores y defensoras de los derechos humanos durante la presentación de la estrategia diseñada para su protección, es hora de que el gobierno afgano y la comunidad internacional cumplan sus compromisos.
