26/02/20

En el año 2005 se sancionó la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Allí, entre otros aspectos de la norma, se creó la figura del Defensor del Niño: quién ocupare ese rol, tendría a su cargo “velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”. Sin embargo, 14 años después aún no se ha nombrado, en forma definitiva, a nadie; la acefalía ya atravesó cinco gobiernos nacionales y cuatro presidentes distintos de dos grandes espacios políticos diferentes y antagónicos.

Durante dos años, entre octubre de 2017 y abril de 2019 la Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizó un concurso de antecedentes que tuvo asesoramiento de organismos especializados como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y el Instituto Interamericano del Niño (OEA). De ese proceso surgieron los nombres de Marisa Graham como Defensora y Facundo Hernández y Fabián Repetto como Defensores Adjuntos.

El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Marisa Graham, una abogada de extensa trayectoria en Derechos Humanos que tuvo a su cargo la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia hasta el año 2015, para ocupar el cargo de Defensora del Niño. El Senado de la Nación aún no aprobó el pliego: 2019 fue un año electoral y el funcionamiento del Congreso de la Nación se dio a media máquina.

Resulta inexplicable que un cargo de la importancia del Defensor del Niño haya estado vacante durante 14 años: desde su creación hasta el día de hoy.

En un contexto donde las estadísticas nos señalan que los índices de pobreza y vulnerabilidad se agigantan entre niñas, niños y adolescentes, Argentina no puede cometer la negligencia Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de ignorarlos. El último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2019, señala que el 52,6% de los niños y niñas entre 0 y 14 años son pobres; el 13% de ese mismo rango etario es indigente. La emergencia económica que atraviesa la Argentina debe contemplar la dimensión etaria de los efectos de la crisis. ¿Hasta cuando vamos a seguir tolerando que se ponderen intereses o internas políticas por sobre compromisos legales que velan por la protección de los derechos de los más vulnerables?.

El turno ahora es para el Senado de la Nación que deberá ratificar los nombramientos ya aprobados por la Cámara Baja durante el anterior período de sesiones ordinarias. Es por eso que pedimos a la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner y a los titulares de los bloques mayoritarios: José Mayans (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Frente Pro) que faciliten los consensos necesarios para saldar una deuda.

Por Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Esta nota fue publicada originalmente en Télam