Amnistía Internacional presentó un informe ante el Comité de los Derechos del Niño, en el marco del examen que Argentina rendirá en Naciones Unidas del 14 de mayo al 1 de junio de 2018.

En su documento Amnistía Internacional recoge las principales preocupaciones en relación con los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la educación sexual integral de las niñas y adolescentes en Argentina.



A su vez, Amnistía Internacional acompaña una serie de recomendaciones para avanzar en el ejercicio de los derechos humanos. Estas recomendaciones procuran contribuir de manera constructiva al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, 2017-2019 para promover su efectiva implementación.

Amnistía Internacional reitera en esta oportunidad, la importancia del reciente lanzamiento del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019, como política de estado llevada adelante por el gobierno Nacional.

Embarazo en la adolescencia

En 2017 se registraron un total de 72.791 embarazos adolescentes no deseados, lo cual representa una tasa de 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. El embarazo a edad temprana trae aparejado riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso y/o abandono escolar y dificultades en la inserción del mercado de trabajo, afectando negativamente sus trayectorias de vida.

Según las estadísticas, entre niñas menores de 15, una niña de entre 10 a 14 años se convierte en madre cada tres horas. Este hecho merece especial preocupación no solo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas y explotación sexual es mayor.

 

Despenalización del aborto

Según los últimos datos oficiales disponibles, de las 135 mujeres que en promedio fueron hospitalizadas por día en centros públicos por problemas relacionados al aborto, dos de cada diez tenían 19 años o menos.

Por primera vez el Congreso de la Nación abrió el debate para avanzar hacia la despenalización del aborto. Esto se condice con la recomendación realizada por el Comité de Derechos Del Niño, al instar a los Estados a garantizar que “…despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a que revisen su legislación para asegurar que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto”. Son mayormente las mujeres jóvenes y de bajos recursos quienes se ven obligadas a acudir a servicios inseguros para realizarse abortos, por lo que el impacto discriminatorio se ve potenciado.

“La despenalización del aborto debe ir acompañada de políticas integrales que garanticen la implementación de la educación sexual integral, el acceso a servicios de salud amigables, la provisión métodos anticonceptivos, la implementación del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, como así también, de la asignación de recursos financieros y humanos necesarios”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Educación Sexual integral

Hasta 2017 únicamente en nueve provincias se sancionaron leyes de educación sexual y otras dos emitieron resoluciones locales estableciendo la implementación del Programa Nacional. Sin embargo, incluso en estas jurisdicciones existe resistencia a la integración curricular y la distribución de materiales y herramientas de trabajo. Entre los desafíos está la inseguridad que sienten los equipos docentes a la hora de instalar los contenidos de la educación sexual integral en las aulas, la dificultad y el temor en el diálogo con las familias, la falta de compromiso de docentes y sectores directivos con el tema y las dificultades institucionales de implementación.

“Una premisa necesaria para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes es la ley de educación sexual integral. Es imprescindible que su implementación alcance a todo el territorio argentino, a establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, confesionales o laicos en el nivel inicial, primario, secundario y para la educación superior con el presupuesto necesario, el monitoreo activo del Ministerio de Educación, y el acompañamiento de la sociedad civil”, subrayó la directora ejecutiva.