Zeke Johnson, director general de programas de Amnistía Internacional Estados Unidos, declaró:
"Las personas responsables de tortura ya no pueden seguir justificando su brutalidad alegando que les habían dicho que sus actos eran legales. Estas prácticas eran ilegales entonces y son ilegales hoy. No sólo eso: sus actos fueron crueles y deshumanizadores sean cuales fueren los criterios con los que se midan Ningún pensamiento mágico puede convertir la tortura y el suplicio en algo justificable. La administración dijo que ‘iba en serio’ y quiso ir más allá de la ley para maltratar a las personas en formas que sabía que eran erróneas e ilegítimas. Las afirmaciones de los abogados del gobierno de que las técnicas mejoradas no eran tortura son totalmente interesadas”.
Amnistía Internacional pide que se abra una investigación penal efectiva sobre Mitchell y Jessen, y cualquier otra persona contratada o empleada del gobierno que haya participado en torturas o en otros crímenes de derecho internacional, o que los haya ordenado, autorizado o permitido, como parte de la CIA, del Departamento de Defensa, del FBI o de otra agencia del gobierno de Estados Unidos.
Amnistía Internacional hace tiempo que pide que se rindan cuentas de la tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por personal estadounidense en nombre de la seguridad nacional. La rendición de cuentas exige una investigación exhaustiva que incluya la complicidad de otros gobiernos en las detenciones secretas, así como el enjuiciamiento penal, cuando esté justificado, de quienes, desde el máximo nivel del gobierno estadounidense, autorizaron u ordenaron estas violaciones de derechos, y también de quienes participaron directamente en ellas o las alentaron. Esto incluye al expresidente George W. Bush, puesto que admitió expresamente haber autorizado el uso del simulacro de ahogamiento (waterboarding) contra varias personas cuyo sometimiento a este método de tortura se ha confirmado. Es sabido que, entre 2002 y 2006, la CIA tuvo lugares secretos en Polonia, Lituania y Rumania. Cualquier responsable de facilitar la desaparición y tortura de personas detenidas en esos centros debe ser investigado por el respectivo Estado miembro de la UE y los perpetradores deben ser asimismo responder de sus actos ante la justicia.
La organización también sigue reclamando el cierre de los centros de detención de Guantánamo. La organización de derechos humanos se ha pronunciado contra las comisiones militares de Guantánamo por considerar que no pueden hacer justicia ni por los atentados del 11-S ni a los acusados, y pide que se las ponga fin.
Los detenidos que sean enjuiciados deben ser juzgados imparcialmente en el sistema de cortes federales de Estados Unidos sin que quepa la imposición de la pena de muerte. Amnistía Internacional ha pedido que los cinco detenidos cuya salida de Guantánamo ya ha sido autorizada sean repatriados o trasladados inmediatamente a un tercer país seguro, y que los que están recluidos en detención indefinida sean acusados formalmente y juzgados de forma imparcial o puestos en libertad. Deben reanudarse los esfuerzos para repatriar o reasentar a los detenidos que no van a ser acusados formalmente, para lo cual el gobierno estadounidense debe garantizar todos los recursos necesarios.
