Despenalizar el aborto en América Latina y el Caribe es un compromiso con la vida. Los propios gobiernos de la región han reconocido recientemente que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo.

 

Despenalizar el aborto es un imperativo de igualdad. Diferentes organismos internacionales han comprobado que las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas entre las mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.

 

En definitiva, despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres, jóvenes y adolescentes. Para cumplir esta obligación, los Estados deben proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y adolescentes puedan evitar embarazos no deseados. Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuando quieren serlo. Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes lo practiquen; poniendo sus derechos en riesgo.

 

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso referido a la interpretación del derecho a la vida, ha establecido claramente que como no hay consenso acerca del inicio de la vida humana, los Estados deben permitir diferentes y a veces contradictorias opiniones al respecto dentro de su jurisdicción; aclarando que las concepciones morales o religiosas que consideran que un ovulo fecundado es vida humana “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten.”

 

Hace poco más de un mes, los gobiernos de la región firmaron un histórico acuerdo consecuente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que, de ser cumplido, salvará miles de mujeres. En el Consenso de Montevideo goo.gl/PTn1ic los gobiernos de 38 países de América Latina y el Caribe acordaron, entre otras cosas, “prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido, instaron a los Estados a considerar “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.” Este histórico acuerdo fue firmado en la capital Uruguaya, un país que despenalizó el aborto en Octubre de 2012.

 

No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo.

 

Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las y los líderes de todos los países de la región a demostrar su compromiso por los derechos humanos con cuatro estrategias concretas:

1- Garantizar educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes puedan elegir y decidir,

2- Garantizar el acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos modernos para que cada embarazo sea deseado,

3- Despenalizar el aborto y garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise y así evitar más muertes prevenibles, esto independientemente de si el aborto se practicó dentro o fuera del marco legal del país del que se trate,

4- Garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

 

Situación en Argentina

 

En Argentina 80 mujeres mueren cada año y otras 60.000 son atendidas en los hospitales públicos por abortos practicados en forma clandestina e insegura. A pesar de ello, el Congreso sigue sin debatir la despenalización del aborto.

 

Desde hace 30 años, con el regreso de la democracia, se han presentado en el Congreso más de 50 proyectos que proponen una modificación al modelo punitivo del aborto. Pese a esto, el tema se ha tratado tan solo una vez en una comisión en diputados, y nunca ha llegado a recinto.

 

Amnistía Internacional Argentina desde 2011 lleva adelante una Acción de firmas http://amnistia.org.ar/aborto para exigirle al Congreso que incluya en la agenda parlamentaria un debate serio y comprometido sobre despenalización del aborto en argentina.

 

Amnistía Internacional Argentina y el CEDES, realizaron un video “Aborto en Argentina: El Congreso debe dar el debate”, que está disponible en https://vimeo.com/75579576

 

Caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs Costa Rica, Sentencia 28 de noviembre de 2012).