Por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En el Día Internacional del Orgullo, dos situaciones antagónicas ilustran la realidad del colectivo LGTBI+ en Argentina: mientras el Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans –una norma que pone al país en la vanguardia de políticas afirmativas para esta población-, las autoridades siguen sin poder responder dónde está Tehuel, el joven trans que salió a buscar trabajo y nunca regresó a su hogar.

El orgullo es, desde hace décadas, la estrategia de activismo de las personas de géneros y sexualidades disidentes para reclamar por sus derechos. La visibilidad de sus identidades se transformó en la herramienta para ganar notoriedad y colocar sus demandas en la agenda del debate público. En Argentina, la marea multicolor logró la conquista del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el reconocimiento del derecho al aborto de todas las identidades de género con capacidad de gestar y, ahora, normativa para lograr la integración laboral de personas trans, entre otros hitos.

Sin embargo, aunque el país cuente con leyes de avanzada, aún existen barreras para que la letra de las normas se transforme en una realidad efectiva para las diversidades sexuales en la totalidad del territorio nacional. Factores políticos, culturales y religiosos siguen imponiendo frenos al pleno ejercicio de derechos de una amplia porción de la sociedad, que deben ser abordados y superados.

La falta de estadísticas oficiales específicas sobre el colectivo LGTBI+ dificulta la medición de estas deudas. Sin embargo, según las propias organizaciones de la sociedad civil, el acceso al empleo, salud, vivienda, educación y la violencia de género son algunos de los escollos principales de la actualidad.

En el 2020, ocurrieron en Argentina 152 crímenes de odio contra personas por su orientación sexual, identidad y/o la expresión de género. El 84% de esos ataques, fue dirigido contra mujeres trans, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

A casi 15 años de la sanción de la ESI, aún existen resistencias para la plena implementación de todos sus contenidos en las escuelas. Según el último dato oficial disponible, relevado por la evaluación Aprender 2019, 4 de cada 10 estudiantes secundarios piden más información sobre el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias en el marco del respeto. En tanto, el 13% de los directivos afirma que tuvo que intervenir por situaciones de discriminación por orientación sexual.

El acceso a la salud, la educación, la vivienda y el empleo son aspectos claves para el pleno ejercicio de los derechos humanos. La discriminación sistémica que la población LGTBI+ debe enfrentar, particularmente las personas travestis y trans, tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Sin atención médica de calidad, sin políticas efectivas para erradicar la discriminación del ámbito educativo y prevenir la deserción escolar, sin una justicia con perspectiva transfeminista, sin un espacio digno para habitar y con múltiples barreras para obtener un trabajo registrado, muchas personas de la comunidad LGTBI+ ven erosionados sus proyectos de vida y el pleno disfrute de sus derechos.

El Estado debe adoptar políticas y mecanismos efectivos que den una respuesta urgente e integral al colectivo LGTBI+. El país avanza por el camino correcto, pero hace falta poner en práctica muchos de los derechos reconocidos en nuestro marco normativo. Es necesario seguir profundizando la transformación para que cada persona pueda vivir su identidad sexual y de género en una sociedad libre de violencia y discriminación. Una sociedad en la que todos sintamos orgullo.