En el marco de un nuevo Día Mundial contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre, Amnistía Internacional vuelve a hacer foco en la denegación de justicia que sufren las mujeres condenadas a muerte. Mujeres que fueron víctimas de violencia y abusos, tanto físicos como sexuales, y que, por defenderse, hoy cumplen sentencia capital.
En más de una ocasión, la pasividad de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha sido cómplice en perpetuar una cultura de abusos, que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente. Y así sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal.“Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada”, afirma Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo no sólo consienten una pena aberrante y cruel, sino que también hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación, sometiéndolas a un doble castigo”, sostiene Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El caso de la sudanesa Noura Hussein Hamad Daoud es un claro ejemplo de estas falencias. Condenada a muerte en abril de 2017 por el asesinato del hombre con el que fue obligada a casarse a los 16 años, Noura fue víctima de violencia física y violaciones por parte de su esposo junto a sus hermanos y un primo. Amnistía Internacional y otras organizaciones hicieron campaña en su defensa hasta que, finalmente, su pena fue conmutada.
Otras mujeres no han tenido tanta suerte, como la kurda Zeinab Sekaanvand, cuya ejecución fue documentada por Amnistía Internacional en Irán. Se había casado siendo apenas una niña y vivó años de tormentos y violencia sexual en manos de su esposo y su cuñado. A los 17 años, fue acusada de haber asesinado a su esposo y declarada culpable en un juicio manifiestamente injusto.
Al terminar el 2020, 108 países habían abolido por completo la pena de muerte. Afortunadamente, el mundo está dando la espalda a la idea de que los Estados pueden negar el derecho a la vida.
En Ghana, asoma una esperanza: se presentó una propuesta legislativa que aboliría la pena de muerte para la mayoría de los delitos, en un país donde hoy es obligatoria en supuestos como el asesinato.
En el Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional llama a sumarse a la Campaña #Ghanavoteforabolition para poner fin a este flagelo en ese país.
A la par, la organización internacional seguirá luchando por la erradicación de la pena de muerte hasta que todos los países la hayan abolido.
