El clima social en el que se registran estos actos electorales es el más violento de la historia ecuatoriana. La campaña hacia los comicios seccionales del 5 de febrero último ya había constituido un hito en ese sentido. Ese domingo el pueblo acudió a las urnas a elegir autoridades subnacionales (prefectos, alcaldes, concejales y vocales) tras meses de homicidios, atentados y amenazas a distintas personas candidatas y referentes de su entorno. En el actual escenario se profundizaron aún más los niveles de violencia, incluyendo como saldo los asesinatos del candidato a asambleísta Ryder Sánchez (el 17 de julio, en Esmeraldas), del alcalde de Manta, Agustín Intriago (el 23 de julio, en esa ciudad), del Director de Terrenos del municipio de Durán, Miguel Santos (el 3 de agosto), del candidato a presidente, Fernando Villavicencio (el 9 de agosto, en el norte de Quito) y del director parroquial de San Mateo, Pedro Briones (el 14 de agosto, en Esmeraldas).
Por la importancia del cargo al que aspiraba y por los registros audiovisuales del hecho, el asesinato de Villavicencio resultó especialmente significativo e impactante. La repercusión internacional del crimen fue inmediata. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió declarar el estado de excepción por sesenta días. La suspensión de derechos implicada en esta decisión (libertad de reunión, inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad de la correspondencia) despertó la preocupación de distintos organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional. Horas después de la declaración original, el gobierno terminó emitiendo otro decreto ejecutivo que eliminaba las limitaciones al derecho a la libertad de reunión.
Paralelamente, los niveles de seguridad de los principales candidatos fueron ostensiblemente reforzados. En el debate presidencial del 13 de agosto Noboa (quien denunció amenazas) utilizó un chaleco antibalas, mientras que el reemplazante de Villavicencio, Christian Zurita, fue a votar una semana después usando chaleco y casco y siendo protegido por militares y una cortina blindada. Ocho días después, Zurita declaró que planeaba dejar el país por cuestiones de seguridad. La última en plegarse al uso del chaleco fue Luisa González, quien anunció el 1 de septiembre que tomaba esa medida a raíz de una alerta máxima por un posible atentado a su vida. La seguridad de González y de Noboa ya había quedado a cargo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuso la Presidencia de la Nación el 24 de agosto.
Crisis política y estados de excepción: la inestabilidad normalizada
El estado de excepción declarado el 10 de agosto tras la muerte de Villavicencio no fue el primero de la presidencia de Lasso. El mandatario y líder del partido CREO había recurrido a esta figura legal en varias oportunidades desde que asumió el 24 de mayo de 2021. En algunos casos lo había hecho para todo el territorio nacional (como en octubre de 2021 y marzo de 2023), en otros para determinadas provincias y/o cantones (noviembre de 2021; abril, junio, agosto y noviembre de 2022; marzo, abril y julio de 2023) y en otros exclusivamente para el ámbito carcelario (septiembre de 2021 y julio de 2023). También las extensiones temporales de las declaraciones fueron variadas (de entre 30 y 60 días en la mayoría de los casos) y en algunas oportunidades fueron acompañadas de toques de queda por una determinada cantidad de horas diarias. Con las únicas excepciones de los decretos de julio de 2021 y de marzo de 2023 (motivados por calamidad pública por COVID-19 y por los efectos de un terremoto, respectivamente), estas decisiones gubernamentales se basaron siempre en la existencia de “grave conmoción interna” por la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Junto con el de “grave crisis política”, el de “conmoción interna” fue también el argumento por el cual Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional a mediados de mayo. Lo hizo a través del decreto 741, invocando por primera vez en la historia el mecanismo conocido como “muerte cruzada”, contemplado en el artículo 148 de la Constitución de la República. Esta decisión abrió las puertas a los comicios anticipados que se encuentra actualmente en curso y cuyas personas electas completarán el mandato de los cargos nacionales ejecutivos y legislativos escogidos en 2021 hasta mayo de 2025. Un día antes de emitir el decreto, el presidente había comparecido ante la Asamblea Nacional por un juicio político en su contra, cuyo trámite se había aprobado en el órgano legislativo el 16 de marzo. Ese día un grupo de asambleístas de distintos bloques opositores dio curso a la acusación al presidente por dos cargos de concusión (delito que ocurre cuando una persona funcionaria pública, en uso de su cargo, exige o solicita a otra persona que le entregue una contribución) y uno de peculado (delito de una persona funcionaria pública que en virtud de su cargo actúa en su beneficio o de terceras personas, apropiándose o desviando bienes, dineros o efectos). Dos semanas después, la Corte Constitucional dejó en pie sólo el cargo de peculado.
En cualquier caso, el juicio político quedó obstaculizado por la “muerte cruzada” sancionada el 17 de mayo. Para ese entonces el contexto social y político era sumamente crítico. Como respuesta, los dos primeros años del gobierno de Lasso habían estado plagados de iniciativas de carácter represivo. A la mencionada acumulación de estados de excepción se le agregaron el frustrado intento de llevar a referéndum constitucional el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad pública, el posterior decreto 730 en el que autorizaba a los militares a combatir la “amenaza terrorista” y la autorización del uso de armas para defensa personal en la población civil. Asimismo, el gobierno llevó a cabo una violenta represión a las multitudinarias protestas contra su programa económico durante junio de 2022, que se asemejaron a la que había efectuado el gobierno de Lenin Moreno en octubre de 2019 (dejando en ambos casos personas muertas y heridas). Cabe destacar que, en marzo de ese año, el gobierno ecuatoriano recurrió al Fondo Monetario Internacional y acordó un financiamiento que fue extendido en 2020 hasta diciembre de 2022.
Corrupción, narcotráfico y violencia: ¿hacia un Estado capturado?
El aumento de la legislación punitiva, el respaldo a las fuerzas policiales y la movilización de las fuerzas armadas estuvieron lejos de mejorar los indicadores de seguridad ecuatorianos. Por el contrario, el crecimiento de las muertes violentas resultó muy marcado en los últimos años. Según datos oficiales la cantidad de homicidios intencionales registró un incremento de 81,9% entre 2020 y 2021, al tiempo que en 2022 (4.823 homicidios) la suba fue incluso mayor, de 93,2% con relación al año previo (2.496). Los distintos tipos de robo también se incrementaron de forma ininterrumpida en esos períodos. En tanto, los datos disponibles para el presente año siguen evidenciando cifras muy preocupantes; los homicidios intencionales acumularon unos 4.372 casos entre enero y los primeros días de julio. También crecieron vigorosamente otras modalidades criminales, como las extorsiones en el cantón Durán de la provincia de Guayas, uno de los distritos donde se decretó estado de excepción.
El telón de fondo de esta creciente violencia criminal es la incidencia cada vez más omnipresente del narcotráfico. La competencia yuxtapuesta e interrelacionada entre distintos grupos criminales locales (como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos) y entre organizaciones multinacionales del crimen organizado con incidencia local (como los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la Mafia Albanesa y la ´Ndraghenta) genera conflictos por el territorio y por la protección de las autoridades ecuatorianas, lo que en gran medida explica la explosión de los índices de violencia social. Como ya lo indicaba un informe de InsightCrime publicado en 2019, existe en Ecuador un “complejo y fluido inframundo conformado por grupos especializados y subcontratistas que son coordinados por los operadores de poderosas organizaciones transnacionales de narcotráfico y protegidos por redes de corrupción que penetran profundamente en el Estado”. Este medio advirtió en 2021 sobre la derivación que este fenómeno venía teniendo en el ámbito carcelario, lo cual fue contemplado también en el último informe anual del Comité Permanente de Derechos Humanos con sede en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico.
La penetración del negocio de las drogas ilícitas (fundamentalmente cocaína) es tan grande en los distintos niveles estaduales que algunos analistas caracterizan a Ecuador como un “narcoestado”. La particularidad de la inserción del país en esta cadena de valor transnacional radica en que en su territorio el cultivo de coca es marginal, pero termina siendo crucial por otras razones. En un trabajo académico de Rivera Vélez y Torres Gorena publicado en 2011, ya se hacía mención a que en el mercado ilegal de drogas Ecuador cumplía cuatro funciones fundamentales: vía de paso de la hoja de coca cultivada en Perú y Bolivia hacia Colombia, donde era procesada; origen de varias rutas de tráfico hacia mercados internacionales de países consumidores; mercado de contrabando de precursores químicos necesarios para el procesamiento de cocaína y heroína; y economía funcional al lavado de dinero.
Subyace en este análisis el hecho de que el asentamiento del tráfico de drogas en Ecuador se ha nutrido en estas últimas décadas de dos ventajas estratégicas. Una de ellas es la ubicación geográfica. La salida al Océano Pacífico y la ubicación en el norte de América del Sur proporcionan al país la salida de productos a través de distintos puertos a América Central, Estados Unidos, Europa e incluso Oceanía y Asia, como lo detalla el ya citado informe de InsightCrime. La otra condición de posibilidad es la dolarización implementada por el Estado ecuatoriano en el año 2000. La adopción de la principal moneda de reserva internacional como única moneda de curso legal facilita la inserción de Ecuador en un negocio de naturaleza global y elimina los eventuales costos de transacción e instancias de control asociados a la incursión en los mercados de cambio. Asimismo, y dados los altos costos inherentes a su reversibilidad, la dolarización reduce la incertidumbre y brinda un horizonte temporal despejado para el despliegue del negocio.
Desarrollos regionales y mundiales recientes han potenciado estas ventajas estratégicas, de forma tal de que se pueda dejar de caracterizar a Ecuador como mero país de tránsito de estupefacientes. Como lo indican Rivera-Rohn y Bravo-Grijalva en un trabajo de 2020, factores como el proceso de paz en Colombia y la consolidación global de los carteles mexicanos modificaron de tal forma el escenario en los últimos años que hicieron que Ecuador pase a ocupar “un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas”. Simultáneamente, los grupos narco locales han crecido en sofisticación, dejando de ser apenas operadores logísticos de las organizaciones criminales internacionales para actuar directamente en el comercio de drogas a escala mundial. Este fenómeno, que intensificó y complejizó la competencia, es señalado por el Informe Global de la Cocaína de 2023 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se describen allí también otros aspectos específicos, como el cambio de estrategia del Cartel de Sinaloa al comenzar a negociar con subcontratistas locales y el camuflaje de la droga exportada desde Ecuador en containers de frutas frescas, como bananas. Como se puede apreciar, los modelos de negocio que coexisten en el narcotráfico ecuatoriano son dinámicos y tienen vínculos con las actividades económicas legales típicas de la inserción subordinada del país a la economía mundial. Se configura así una creciente doble incidencia: la del narcotráfico y sus violentas implicancias en Ecuador y la del país en el mercado mundial de drogas.
Presente problemático, futuro inquietante
Más allá de la dificultad práctica de caracterizar a cualquier país como “narcoestado”, el término cobra un sentido particular en el caso ecuatoriano. La razón reside en que la propia “muerte cruzada” decretada por el presidente Lasso estuvo condicionada por la corrupción vinculada a la penetración del narcotráfico. En efecto, la acusación al presidente fue fruto de una extensa investigación realizada por el medio periodístico ecuatoriano La Posta, en el que se revelaba la existencia de una amplia estructura de corrupción en importantes empresas estratégicas del estado nacional ecuatoriano, como la Flota Petrolera del Ecuador (Flopec), la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (PetroEcuador) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En ese marco se detallaba el rol fundamental del cuñado, mentor y socio del presidente, Danilo Carrera, en tanto artífice de dicho esquema de corrupción y poseedor de lazos probados con la Mafia Albanesa.
La vinculación del negocio de las drogas ilícitas con altas esferas del Poder Ejecutivo viene a completar un panorama en el que los derechos humanos de los y las habitantes de Ecuador se encuentran bajo constante amenaza. El proceso electoral en curso constituye a la vez reflejo y resultado de ese escenario de descomposición compleja, en un país que, además, viene de acordar programas de ajuste con el FMI y atravesó diversas olas de protestas de movimientos indígenas y urbanos contra los gobiernos nacionales. Así las cosas, constituye una inquietud válida preguntarse cuáles serán las respuestas políticas y sociales para revertir estas problemáticas tan profundas en los próximos años.
