NUEVA YORK – En respuesta a las informaciones según las cuales el presidente electo Donald Trump tiene intención de presentar la candidatura de Rex Tillerson para el cargo de secretario de Estado, y de John Bolton para el de vicesecretario, Amnistía Internacional ha emitido el siguiente comunicado:

Las candidaturas que se anuncian son profundamente preocupantes y podrían socavar los derechos humanos en Estados Unidos y en el extranjero. Como secretario de Estado, Tillerson sería el jefe de la diplomacia estadounidense, y como tal, la cara de la política de Trump en el mundo. Sabemos que Tillerson ha conseguido salvaguardar los intereses de una gran empresa petrolera. ¿Pondrá la misma dedicación para salvaguardar los derechos humanos en el extranjero?

En el ejercicio de sus funciones, Tillerson tendría que presionar a los gobiernos de todo el mundo, incluido el ruso, para que cumplan las normas de derechos humanos. El Senado debe cuestionarlo enérgicamente por su relación con un gobierno cuyo expediente de derechos humanos es tan malo. Estados Unidos debe tener un secretario de Estado que haga rendir cuentas a todos los países por sus violaciones de derechos humanos, incluso a aquellos que se han beneficiado de sus negocios.

Si se confirma, Tillerson será la principal voz del gobierno de Trump ante el resto de la comunidad mundial, y deberá asegurarse de que dicho gobierno respeta las obligaciones de Estados Unidos con arreglo al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

De ser ciertas las informaciones según las cuales John Bolton va a ser quien se ocupe de gestionar la actividad cotidiana como segundo de a bordo de Tillerson, éste podría ser uno de los Departamentos de Estado menos favorables a los derechos humanos que ha habido en años. Bolton ha manifestado un entusiasta apoyo a toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como la tortura, y ha expresado su desprecio por las instituciones internacionales creadas para defender estos derechos. Durante la administración de George W. Bush, fue uno de los principales defensores de que Estados Unidos rompiera su relación con la Corte Penal Internacional, anunciando que EE. UU. ‘retiraría su firma’ del tratado.