Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato al vergonzoso procesamiento de la periodista y escritora Rasha Azab, que está siendo juzgada por apoyar abiertamente a las sobrevivientes de violencia sexual, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Hoy se celebra el juicio de Rasha Azab, acusada de “ofender”, “difamar” y “molestar deliberadamente [al demandante]” por unos tuits en los que mostró su solidaridad con las sobrevivientes de violencia sexual que habían publicado testimonios anónimos acusando al director de cine Islam Azazi de agredirlas sexualmente y utilizó palabras malsonantes para expresar su disgusto por la impunidad del cineasta. De ser declarada culpable, Azab podría ser condenada a hasta dos años de prisión y al pago de una multa de hasta 50.000 libras egipcias (3.200 dólares estadounidenses).

“Rasha Azab es una conocida activista y defensora de los derechos de las mujeres en Egipto. Procesarla por expresar solidaridad con sobrevivientes de violencia sexual transmite el aterrador mensaje de que las mujeres deben sufrir en silencio y abstenerse de buscar justicia y reparación por actos de violación y violencia sexual”, ha señalado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato al hostigamiento judicial de Rasha Azab, y centrarse más bien en resolver la epidemia de violencia sexual generalizada que sufre Egipto. Aunque el Estado tiene la responsabilidad de evitar e investigar la violencia sexual y de género, Egipto ha optado reiteradamente por castigar a quienes la denuncian.”

En diciembre de 2020, el blog feminista Daftar Hekayat publicó el testimonio anónimo de seis mujeres que acusaban al director cinematográfico Islam Azazi de violencia sexual, y una de ellas, de violación. Según activistas en favor de los derechos de las mujeres, las sobrevivientes decidieron publicar sus testimonios anónimamente en el blog porque no confiaban en el sistema judicial.

En consonancia con la constante y arraigada impunidad de la violencia sexual, las autoridades egipcias no han hecho ningún esfuerzo por colaborar con organizaciones y activistas que defienden los derechos de las mujeres para animar a las sobrevivientes que dieron su testimonio a denunciar los abusos ante los organismos del Estado garantizando su confidencialidad y su seguridad.

Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, Rasha Azab publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo a las mujeres que habían denunciado en el blog. El 13 de enero de 2022, Islam Azazi denunció por difamación a Rasha Azab y a la directora de cine Aida el-Kashef, que también había expresado su apoyo a las sobrevivientes en su cuenta de Facebook. Días después, la fiscalía decidió remitir a juicio la denuncia contra Rasha Azab.

Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato al hostigamiento judicial de Rasha Azab, y centrarse más bien en resolver la epidemia de violencia sexual generalizada que sufre Egipto.

Philip Luther, Amnistía Internacional

Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que las autoridades egipcias habitualmente no impiden ni investigan de forma apropiada la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas en Egipto, sino que, por el contrario, han amenazado, detenido arbitrariamente y procesado a sobrevivientes, testigos y activistas que denuncian la violencia sexual o hacen campaña contra ella.

En enero de 2022, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia condenatoria de Amal Fathy, defensora de los derechos humanos de las mujeres, que criticó a las autoridades egipcias por no proteger a las mujeres del acoso sexual, y la condenó a un año de cárcel.

En mayo de 2020, la influencer Menna Abdelaziz apareció en un vídeo con la cara amoratada y diciendo que la habían violado, golpeado y grabado sin su consentimiento. A los pocos días fue arrestada por agentes de seguridad y pasó cuatro meses en detención arbitraria en espera de la investigación de las acusaciones de “incitar al libertinaje” y “ofender principios y valores familiares”, que la fiscalía basó en declaraciones de aquéllos a quienes ella había acusado de la agresión.

En 2020, las autoridades detuvieron arbitrariamente y abrieron investigaciones penales contra cuatro personas que se presentaron como testigos en relación con la denuncia de una violación en grupo en el Fairmont Nile City Hotel de El Cairo en 2014. Los cargos tenían que ver con la “moralidad” y el “uso inadecuado de las redes sociales”, entre otras cosas. Al menos dos de los testigos denunciaron que los agentes de seguridad los habían presionado para que cambiaran sus testimonios mientras estaban recluidos en condiciones que equivalían a una desaparición forzada.

“Es absurdo y deplorable que las autoridades egipcias sigan procesando a sobrevivientes, testigos y activistas que denuncian la plaga de violencia sexual que sufre Egipto, en vez de proporcionar justicia y una reparación adecuada a las sobrevivientes. Las autoridades deben poner fin inmediatamente a tales represalias y eliminar la amenaza de procesamiento, entre otras cosas despenalizando las figuras de “ofensa” y “difamación” para indicar a los perpetradores que ya no pueden silenciar con intimidaciones a las mujeres, las niñas y quienes las apoyan, y para romper la cadena de impunidad por terribles abusos sexuales”, ha afirmado Philip Luther.

Información complementaria

El derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados limitar el derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas para proteger derechos de terceros. Sin embargo, estas limitaciones deben establecerse por ley de manera precisa y ser necesarias y proporcionadas para un fin legítimo, como dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte. En este sentido, el Comité de derechos humanos ha pedido a los Estados que revoquen las leyes que penalizan la difamación, y ha sostenido que la cárcel nunca es una pena adecuada. Por consiguiente, Amnistía Internacional considera que las leyes cuyo objetivo es proteger el honor y la reputación de terceros siempre deben tratarse por la vía civil, y que las leyes que tipifican como delito la “difamación” y la “ofensa” deben revocarse.