Washington D.C, 26 de febrero de 2024.

Las autoridades egipcias y grupos afines han respondido a los recientes informes de la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos —grupo egipcio de derechos humanos con especial interés en Sinaí del Norte, región egipcia militarizada— con una campaña de difamación y amenazas contra el grupo y su director, Ahmed Salem, según han denunciado hoy 13 organizaciones de la sociedad civil.

Desde mediados de febrero de 2024, varias personalidades y entidades gubernamentales y progubernamentales están llevando a cabo una agresiva campaña difamatoria en televisión, prensa y redes sociales contra la Fundación Sinaí y contra Ahmed Salem. Este activista egipcio de derechos humanos residente en Reino Unido declaró haber recibido amenazas a través de intermediarios afines a las autoridades egipcias de que “lo devolverían a Egipto” si no abandonaba su trabajo. En una de estas amenazas, proferida a través del jefe de un clan local de Sinaí nombrado por el gobierno, se advertía de que Ahmed “no está fuera de alcance, ni siquiera en el extranjero”.

“Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a las amenazas contra la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos y su director, Ahmed Salem”, ha declarado Seth Binder, director de Incidencia del Centro para la Democracia en Oriente Medio. “Las autoridades egipcias deben garantizar la seguridad de su familia en Egipto y poner fin a sus campañas difamatorias y a la implacable represión que ejercen desde hace años contra los grupos de derechos humanos y las organizaciones independientes”.

El 14 de febrero de 2024, la Fundación Sinaí publicó un informe basado en relatos de testigos, fotografías y vídeos sobre la premura de las autoridades egipcias por edificar una zona fortificada en la frontera con Gaza e Israel en Sinaí del Norte (Egipto), según informes, “con el fin de acoger personas refugiadas gazatíes en caso de un desplazamiento colectivo” derivado del actual conflicto armado en Gaza. El informe ha recibido amplia cobertura por parte de las principales agencias de noticias y la prensa internacional.

Ahmed Salem ha indicado que, desde el 15 de febrero de 2024, según dos fuentes de Sinaí del Norte, las fuerzas armadas egipcias han incrementado las patrullas y los puestos de control en la zona para detener a las personas residentes y a quienes trabajan en la construcción y examinar el contenido de los teléfonos móviles, en un intento de intimidar a la población e impedir que se informe sobre la edificación de la zona fortificada.

El 17 de febrero de 2024, un destacado presentador de televisión progubernamental y miembro del Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Comunicación del gobierno, que desempeña un papel destacado en la censura y la represión gubernamental de la información independiente, describió a Ahmed Salem en TEN —cadena de televisión progubernamental— como agente vinculado a grupos terroristas y al Mossad israelí, entre otras acusaciones sin pruebas.

El 16 de febrero, la cuenta oficial en X (antes Twitter) de la Unión Tribal de Sinaí, principal grupo miliciano a favor del ejército en Sinaí del Norte, describió la Fundación Sinaí (sin nombrarla) y los informes independientes como intentos conspiradores de “verter veneno en contra del Estado egipcio”. Varias cuentas progubernamentales en X y Facebook publicaron fotografías de Ahmed Salem con acusaciones similares.

En las imágenes satelitales de la zona fronteriza, captadas entre el 5 y el 19 de febrero y analizadas por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional, se aprecia el desbroce del terreno y la construcción de un nuevo muro.

Mientras tanto, el gobierno egipcio ha puesto en marcha un ejercicio de relaciones públicas para desmentir las noticias relativas a la edificación de campamentos para la población palestina en Sinaí. El 16 de febrero de 2024, el Servicio de Información del Estado de Egipto desmintió en un comunicado oficial que el gobierno estuviera preparándose para acoger personas palestinas en Sinaí y expresó que esos informes “da[ba]n una impresión errónea —propagada falsamente por ciertas personas— de que Egipto está[ba] participando en el delito de deportación (forzosa) que propugna[ba]n algunos partidos en Israel”.

Desde hace más de un decenio, el gobierno del presidente Abdel Fattah al Sisi utiliza campañas difamatorias en los medios de comunicación para intimidar a activistas de derechos humanos y desacreditar su trabajo, como parte de una campaña multifacética para erradicar el espacio cívico de Egipto, de gran dinamismo en otros tiempos. Quienes encabezan tales campañas son a menudo presentadores de televisión afines al gobierno y a los círculos de seguridad o personas que ostentan cargos oficiales. A veces se incluyen formas agresivas de desinformación y declaraciones que incitan a la violencia y amenazan con daños.

Dichas campañas implican con frecuencia represión transnacional, dirigida contra defensores y defensoras de los derechos humanos residentes fuera de Egipto, mediante acoso, detención arbitraria, reclusión prolongada y procesamiento de familiares de quienes viven en el exilio, entre otras formas. A pesar de residir en Reino Unido con su esposa e hijos, Ahmed Salem ha expresado su temor a que las autoridades puedan dirigirse contra sus familiares en Egipto. El 22 de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, manifestó que instaba al gobierno egipcio a garantizar su seguridad [de Ahmed] y la de su familia. El gobierno egipcio debe atender este llamamiento y evitar toda represalia contra la familia de Ahmed, han señalado las organizaciones.

La Fundación Sinaí es una de las principales fuentes de información independiente y creíble sobre lo que acontece en Sinaí del Norte, donde las fuerzas gubernamentales egipcias, principalmente las fuerzas armadas, luchan contra militantes armados de Wilayat Sina (provincia de Sinaí), grupo armado que declaró su lealtad al Estado Islámico (EI) en 2014. Tanto las fuerzas armadas como quienes militan en el EI han cometido graves abusos, algunos de los cuales equivalen a crímenes de guerra según Human Rights Watch, si bien los enfrentamientos armados se han ocultado en gran medida debido a las restricciones a la información que imponen las fuerzas armadas egipcias.

Con el pretexto de combatir este grupo armado, las fuerzas de seguridad egipcias han desplazado a decenas de miles de residentes de Sinaí del Norte e impuesto restricciones a la circulación de personas y mercancías, lo que prácticamente ha paralizado la actividad comercial y económica desde hace varios años. Según el trabajo de investigación de Human Rights Watch, miles de residentes de Sinaí del Norte han sido objeto de detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, secuestro, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces, Sinaí del Norte se ha convertido en una zona militar cerrada bajo un férreo cerco mediático del gobierno para impedir el flujo de información y restringir el acceso a periodistas y entidades de observación independientes.

Aunque parece que las fuerzas armadas han logrado erradicar Wilayat Sina en gran medida y sus ataques casi han cesado desde 2022, en la práctica la región sigue siendo una zona militar cerrada, donde la información independiente se ve gravemente restringida. La demolición masiva de viviendas, la destrucción de tierras de cultivo y los desalojos forzosos por parte de las fuerzas armadas en zonas fronterizas y no fronterizas se cuentan entre las principales denuncias de la población local. La zona fortificada que construye actualmente el gobierno egipcio incluye espacios que la población local se vio obligada a desalojar por la fuerza.

Las autoridades egipcias deben detener de inmediato las represalias contra las personas críticas que viven en el extranjero y poner fin a su política de tolerancia cero con la información independiente, que criminaliza de hecho la libertad de asociación y de expresión, así como el trabajo en favor de los derechos humanos. Además, las autoridades egipcias deben permitir de inmediato que la prensa y la sociedad civil independientes trabajen con libertad en Sinaí e informen sobre los agravios que denuncia la población residente tras una década de operaciones militares ocultas al público, así como sobre el posible impacto de los sucesos transfronterizos en el conflicto armado en curso en Gaza.

“En lugar de intensificar el asfixiante control sobre la información en Sinaí, el gobierno debe garantizar la investigación independiente de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante un decenio de operaciones militares en la región, incluidos los hechos documentados con valentía por la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos”, ha declarado Adam Coogle, director adjunto de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África.