En respuesta a la noticia de que el juez de instrucción de la Causa 173 de 2011, también conocida como la causa de la “financiación extranjera” , ha interrogado en las últimas semanas sobre su trabajo de derechos humanos al menos a cinco personas que dirigen ONG, Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Durante años, las autoridades egipcias han llevado a cabo implacablemente una agresión indignante contra el acosado movimiento de derechos humanos en el país. En lugar de responder a los llamamientos para que se archive la Causa 173, que dura ya décadas, y se levanten las prohibiciones arbitrarias de viajar y las congelaciones de bienes contra defensores y defensoras de los derechos humanos, las autoridades continúan con sus investigaciones penales de motivación política”.
“Ya es hora de que las autoridades egipcias pongan fin al uso indebido del sistema de justicia para acosar por su trabajo legítimo a quienes defienden los derechos humanos y, en lugar de eso, tomen medidas para abordar la crisis de derechos humanos cada vez más intensa, empezando por liberar a los miles de personas que permanecen detenidos exclusivamente por ejercer sus derechos humanos o tras procedimientos flagrantemente injustos.”
“La comunidad internacional debe ejercer presión sobre las autoridades egipcias para que archiven de una vez por todas la Causa 173, levanten las prohibiciones arbitrarias de viajar y las congelaciones de bienes, pongan en libertad inmediata e incondicional a quienes defienden los derechos humanos y respeten el derecho a la libertad de asociación.”
Desde el 15 de julio, el juez de instrucción de la Causa 173 ha interrogado al menos a cinco defensores y defensoras de los derechos humanos sobre el trabajo de sus organizaciones, su financiación y sus asuntos tributarios. Entre las personas interrogadas se encuentran Gamal Eid, director de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos; Hossam Bahgat, fundador y director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales; Mozn Hassan, directora de Nazra para Estudios Feministas; Azza Soliman, directora del Centro para la Asistencia Jurídica a Mujeres Egipcias; y Negad al-Borai, abogado de derechos humanos.
Amnistía Internacional siente especial preocupación por el uso de investigaciones por parte de la tristemente famosa Agencia de Seguridad Nacional, que acusa a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a sus organizaciones de incitar a la población contra las instituciones del Estado y desempeñar un importante papel en el levantamiento del 25 de enero y en los intentos de destruir el país. En sus archivos de investigación, la Agencia de Seguridad Nacional incluyó versiones impresas de informes y declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en Egipto emitidas por las organizaciones como prueba de su intención de socavar el Estado.
Información complementaria
Desde 2014, los jueces de instrucción han estado llevando a cabo una investigación penal sobre el trabajo y la financiación de ONG locales y han dictado órdenes de congelación de bienes contra siete organizaciones y 10 personas que defienden los derechos humanos, en lo que se ha dado en conocer como Causa 173. Las autoridades egipcias han prohibido viajar al extranjero durante cinco años al menos a 31 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG. Los tribunales han rechazado varios recursos presentados por defensores y defensoras contra las medidas restrictivas que les han sido impuestas.
En diciembre de 2018, un tribunal absolvió a 43 trabajadores y trabajadoras extranjeros y de la sociedad civil egipcia en una repetición del juicio de la primera fase de la causa sobre “financiación extranjera”, que databa de 2011, relativa al trabajo de organizaciones internacionales en Egipto, después de que el tribunal los hubiera condenado a entre uno y cinco años de prisión en junio de 2013, pero las investigaciones penales sobre las ONG egipcias continúan hasta la fecha.
