El presidente Abdel Fattah al Sisi no debe ratificar la nueva ley de asilo aprobada por el Parlamento, que, en caso de promulgarse, socavaría aún más los derechos de las personas refugiadas en Egipto, sumada a la actual represión de quienes buscan protección y seguridad en el país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El 19 de noviembre de 2024, el Parlamento de Egipto aprobó la primera ley de asilo del país, que restringe el derecho a solicitar asilo, carece de garantías procesales y traslada al gobierno egipcio la responsabilidad de registrar a quienes solicitan asilo y determinar su condición de persona refugiada, hasta ahora en manos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La ley, que no prohíbe explícitamente la devolución, llega en un contexto en que la policía egipcia y la guardia de fronteras (financiada por la Unión Europea) llevan a cabo detenciones masivas y deportaciones ilegítimas de personas sudanesas refugiadas que cruzan a Egipto en busca de seguridad, lejos del encarnizado conflicto armado de Sudán.

“El gobierno egipcio no debe tratar de eludir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados mediante una legislación nacional que facilitaría nuevos abusos contra las personas refugiadas y solicitantes de asilo. El presidente Abdel Fattah al Sisi debe devolver esta ley profundamente defectuosa al Parlamento a fin de que se celebren consultas significativas con la comunidad refugiada, las organizaciones de derechos humanos y otras partes interesadas clave con vistas a adecuar la ley a las obligaciones internacionales de Egipto”, ha declarado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto.

“La UE, como estrecho colaborador de Egipto en materia de migración, debe instar al gobierno egipcio a introducir enmiendas que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Para evitar el riesgo de ser cómplice de violaciones contra las personas refugiadas en Egipto, la UE debe también garantizar que toda cooperación con este país en materia de migración incluye salvaguardias de los derechos humanos y sigue rigurosas evaluaciones de los riesgos para estos derechos con respecto al impacto de cualquier acuerdo.”

El ACNUR registra a las personas solicitantes de asilo y determina la condición de refugiado en Egipto desde 1954, en virtud de un memorando de entendimiento con el gobierno. A fecha de octubre de 2024, había 800.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la agencia, si bien el gobierno afirma repetidamente que el país acoge a 9 millones de personas refugiadas, al combinar cifras de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

En virtud de la ley, que nunca se hizo pública oficialmente y se adoptó sin mantener consultas significativas con las principales partes interesadas, en adelante quien gestione el sistema nacional de asilo será el Comité Permanente para Asuntos de las Personas Refugiadas, afiliado al primer ministro y compuesto por representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia y Finanzas.

Defectos de la nueva ley

La nueva ley de asilo define a las personas refugiadas de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero por lo demás dista mucho de cumplir las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados. La nueva ley permite la detención arbitraria de personas refugiadas y solicitantes de asilo por motivos meramente migratorios, restringe indebidamente el derecho a solicitar asilo y permite efectuar devoluciones ilegítimas sin garantías procesales. Además, incluye disposiciones discriminatorias que restringen la libertad de circulación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y no respeta sus derechos a la educación, la vivienda y la seguridad social.

Según la nueva ley, quienes entren irregularmente en Egipto deberán presentar su solicitud de asilo en un plazo de 45 días desde su llegada. Este plazo arbitrario no tiene en cuenta las circunstancias de cada persona, como la disponibilidad de asistencia letrada o el acceso a pruebas que respalden las bases del asilo, y no contempla excepciones para las personas en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de trata o tortura. Quienes no logren presentar la solicitud en un plazo de 45 días desde su entrada en Egipto corren el riesgo de ver denegada la opción de solicitar asilo y ser condenadas a seis meses o más de prisión, multas y expulsión forzosa.

La ley también incorpora amplios criterios que impiden la concesión de asilo (conocidos como cláusulas de exclusión).

El presidente Abdel Fattah al Sisi debe devolver esta ley profundamente defectuosa al Parlamento a fin de que se celebren consultas significativas con la comunidad refugiada, las organizaciones de derechos humanos y otras partes interesadas clave con vistas a adecuar la ley a las obligaciones internacionales de Egipto.

Mahmoud Shalaby, Amnistía Internacional

Según la ley, a quienes hayan cometido “un delito grave” antes de entrar en Egipto se les puede denegar la protección internacional. El hecho de que la ley no exceptúe los “delitos políticos”, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, puede llevar a la exclusión de personas que hayan sido condenadas en su país de origen por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, o por cargos falsos de motivación política. También se puede denegar la condición de refugiado a quienes hayan cometido “cualquier acto que interfiera con la seguridad nacional o el orden público”, términos que son ambiguos y excesivamente amplios, por lo que no cumplen el principio de legalidad y se prestan a abusos.

Según la ley, no respetar “valores y tradiciones de la sociedad egipcia” indefinidos dará lugar a la revocación de la condición de refugiado y puede dar lugar a la expulsión del país. La participación en “cualquier labor política o partidista, el trabajo en sindicatos o la fundación, adhesión o participación en cualquier forma de partido político” también pueden ocasionar la revocación de la condición de refugiado y la expulsión de Egipto.

Además, la ley carece de garantías procesales a lo largo del proceso de asilo, como el derecho a representación legal, a acceder a información en una lengua comprensible para la persona refugiada, a impugnar de forma significativa la legalidad de la propia detención y a recurrir las decisiones ante un tribunal superior competente.

El análisis en profundidad de Amnistía Internacional sobre la ley de asilo puede consultarse aquí (en inglés).

Información complementaria

Desde que estalló el conflicto en Sudán en abril de 2023, han huido a Egipto más de un millón de personas, según el gobierno egipcio. En mayo de 2023, el gobierno egipcio impuso el visado de entrada a toda la población sudanesa, lo que no dejó a quienes huían más opción que recurrir a pasos fronterizos irregulares. En junio de 2023, el Consejo de Ministros de Egipto aprobó un proyecto de ley para regular el asilo y lo remitió al Parlamento.

Amnistía Internacional ha documentado que, desde septiembre de 2023, la guardia de fronteras de Egipto (dependiente del Ministerio de Defensa) y la policía (dependiente del Ministerio del Interior) han acorralado y devuelto por la fuerza a miles de personas refugiadas sudanesas, a todas las cuales se les ha negado la opción de solicitar asilo, siguiera a través del ACNUR, o de impugnar las decisiones de deportación. Según quienes participan en la protección de las personas refugiadas en Egipto, se estima que en 2024 hubo 18.000 personas deportadas de Egipto a Sudán.

Pese a la existencia de abusos bien documentados contra personas refugiadas, en marzo de 2024 la UE anunció un acuerdo de asociación estratégica con Egipto para, entre otras cosas, profundizar en la cooperación en materia de migración y control de fronteras con el fin de evitar las salidas hacia Europa.

En octubre de 2022, la UE y Egipto firmaron un acuerdo de cooperación por 80 millones de euros, que incluía reforzar la capacidad de la guardia de fronteras egipcia para frenar la migración irregular y la trata de personas en las fronteras del país. Con el acuerdo se aspiraba a aplicar enfoques basados en los derechos, orientados a la protección y que tuvieran en cuenta el género.”