La caótica gestión de las autoridades egipcias en la distribución de vacunas contra la COVID-19 en el país y la ausencia de una estrategia nacional clara han comportado que no se haya dado prioridad para la vacunación a la población en situación de riesgo y a las personas marginadas, que siguen haciendo frente a obstáculos que menoscaban su derecho a la salud, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Entre las personas afectadas figuran las que viven en asentamientos urbanos informales o en zonas rurales remotas y las personas privadas de libertad, refugiadas y migrantes.

La organización pide a las autoridades que rectifiquen las deficiencias actuales y eliminen todos los obstáculos de índole práctica que dificultan el acceso a las vacunas de las personas en situación de riesgo y de las que se hallan en situaciones de vulnerabilidad.

“La distribución de vacunas en Egipto se ha visto gravemente afectada por la inexistencia de una estrategia clara y la falta de transparencia, lo que ha dado lugar a demoras y acumulación de trabajo, además de no haberse llegado a quienes más lo necesitan ni haberse afrontado la reticencia a la vacunación mediante campañas de sensibilización selectivas”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Pedimos al gobierno que garantice que realmente se da prioridad a los grupos prioritarios y que el plan de distribución es inclusivo, accesible y no discriminatorio.”

Ante la ausencia de una campaña nacional para difundir información sobre el acceso a las vacunas, sin apenas publicidad en vallas exteriores, radio o televisión, las personas que tienen un acceso limitado o inexistente a Internet se enfrentan a barreras de índole práctica para inscribirse para que se les administre la vacuna, máxime cuando la inscripción en los hospitales está viciada por la falta de procedimientos claros y coherentes. La experiencia de la población con la inscripción a través de líneas telefónicas ad hoc es variada, y en algunos casos se observan dificultades y demoras.

Amnistía Internacional ha hablado con profesionales de la salud, periodistas y personal de investigación y activistas de derechos humanos que trabajan en estrecho contacto con personas o comunidades vulnerables. La organización también ha examinado materiales publicados en redes sociales en los que se compartían experiencias personales o de familiares, así como declaraciones de autoridades y ONG e informaciones de medios de comunicación.

“Las autoridades egipcias tienen la responsabilidad de garantizar que el programa de vacunación del país, del que dependen vidas, se desarrolla de forma justa para toda la población, desde quienes viven en asentamientos urbanos informales a quienes residen en zonas rurales de difícil acceso, de las personas que están en libertad a las que están privados de ella, la población con nacionalidad egipcia y las personas refugiadas y migrantes”, ha afirmado Philip Luther.

Ausencia de un plan nacional de vacunación claro

El programa de vacunación del gobierno fue anunciado el 24 de enero, y la distribución de vacunas adoleció de profundas deficiencias. La inscripción online se inició el 28 de febrero para personal sanitario, personas mayores y personas con problemas de salud previos, y más de 150.000 personas se inscribieron en los primeros cuatro días. La inscripción se abrió para la población en general el 6 de marzo, antes de que millones de personas mayores y con enfermedades crónicas hubieran sido vacunadas. Paralelamente a la apertura de la inscripción para la población en general, el gobierno aumentó el número de centros de vacunación, pero las personas de grupos prioritarios que se habían inscrito en una etapa anterior del proceso soportaron largos periodos de espera y no pudieron conseguir citas en los centros de reciente apertura.

Amnistía Internacional tiene constancia de al menos 11 casos en abril en los que personas jóvenes sin problemas de salud previos fueron contactadas para concertar citas para recibir la vacuna antes que sus familiares de más edad y otras personas de riesgo. Aunque esta distribución deficiente fue objeto de una rectificación parcial desde mayo, el problema permanece. En mayo, una persona dijo a Amnistía Internacional que su madre, de 72 años y enferma crónica, se inscribió para recibir la vacuna el 20 de marzo y aún no había sido contactada para concertar la cita.

El 24 de junio, la ministra de Salud informó de que 4 millones de personas habían recibido el primer pinchazo, pero no ofreció un desglose de los perfiles de las personas vacunadas.

Los mensajes contradictorios del gobierno sobre la distribución de vacunas y la falta de campañas de sensibilización de la población, tanto sobre el acceso a la vacuna como sobre la reticencia a la vacunación, han dado lugar a la exclusión de grupos socioeconómicamente marginados y de personas en situación jurídica irregular.

No ha habido una divulgación selectiva adecuada patrocinada por el gobierno en zonas urbanas de bajos ingresos y en zonas rurales remotas, entre ellas las más afectadas por la COVID-19, como se refleja en los centros de vacunación más vacíos. Por ejemplo, profesionales médicos, activistas y residentes en las gobernaciones depauperadas del Alto Egipto y de asentamientos informales de la región metropolitana de El Cairo, así como comunidades de población refugiada y migrante, dijeron a Amnistía Internacional que muchas personas residentes no tenían conocimiento de la distribución de vacunas, y que en algunos casos el personal sanitario local se encargaba de la sensibilización en ausencia de iniciativas del gobierno.

En abril, la plataforma de medios de comunicación online independiente Mada Masr informó de que parlamentarios y sus familias recibían un trato preferente para elegir entre AstraZeneca y Sinopharm y se les administraba su primera dosis en cuestión de días, a pesar de que en ningún caso había sido identificado oficialmente como pertenecientes a un grupo prioritario.

El mismo mes, el gobierno también dirigió su acción a las personas que trabajan en el sector del turismo al establecer centros de vacunación en hoteles de las zonas turísticas. El 3 de junio, las autoridades declararon que un millón de personas empleadas en el sector turístico habían sido vacunadas hasta ese día. Hasta la fecha, las autoridades no han llegado proactivamente a trabajadores y trabajadoras esenciales en situación de riesgo alto, incluidas las de los sectores del transporte y la alimentación.

En enero, el Ministerio de Salud afirmó que daba prioridad en primer lugar a los equipos médicos que tratan a pacientes de COVID-19 en hospitales públicos, policiales y militares. Otras personas que trabajan en el sector de la salud, entre ellas las que se ocupan habitualmente de pacientes de COVID-19, quedaron excluidas de la asignación temprana. En abril, el Sindicato Médico también expresó preocupación por el bajo número de profesionales de la medicina vacunados. El Sindicato Médico declaró que al menos 578 profesionales médicos han muerto de COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud sigue restando importancia a las condiciones de trabajo inseguras del personal sanitario, y afirma que sólo 115 de los profesionales médicos fallecidos contrajeron el virus en el trabajo, en tanto que el resto lo hicieron por transmisión comunitaria.

Las autoridades egipcias deben publicar sus planes de asignación de vacunas y consultar de forma significativa con grupos de la sociedad civil independientes, entre ellos el Sindicato Médico, para integrar normas de derechos humanos y garantizar que se da prioridad a los grupos de riesgo alto y marginados y que se introducen salvaguardias contra la discriminación y la exclusión.

Deben tener prioridad los grupos vulnerables y en situación de riesgo

De acuerdo con la Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados, las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar la vacunación de las personas sistemáticamente marginadas en su acceso a atención de la salud. Esto incluye a las personas presas y detenidas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y a las de bajos ingresos que residen en asentamientos informales o zonas rurales remotas.

Aunque las autoridades egipcias confirmaron que una campaña de vacunación dentro de las prisiones había comenzado el 17 de mayo con la inoculación de 5.000 personas presas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, no han hecho público el proceso, el calendario y los criterios de vacunación. En consecuencia, abogados y abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos emprendieron acciones legales contra los ministerios de Interior y Salud por no vacunar a varias personas presas y detenidas en relación con causas políticas. Un total de ocho personas con conocimiento directo de la situación en nueve prisiones de Egipto, entre las que había familiares y abogados, dijeron a Amnistía Internacional que muchas de las personas detenidas por causas de motivación política no han tenido aún acceso a vacunas contra la COVID-19.

El 14 de abril, el abogado del detenido Abdelmonim Aboulfotoh, de 69 años, ex candidato presidencial y fundador del partido opositor Misr AlQawia, presentó una solicitud ante la fiscalía para se permitiera a su cliente recibir la vacuna contra la COVID-19 en la prisión habida cuenta de su edad y de los problemas de salud previos. Abdelmonim Aboulfotoh está detenido arbitrariamente desde febrero de 2018, sin juicio y en condiciones inhumanas y crueles, y se le ha negado deliberadamente atención de la salud. Hasta la fecha, no ha recibido una dosis.

En vista de la constante documentada por Amnistía Internacional de negación deliberada por parte de las autoridades egipcias del acceso a atención de la salud a quienes considera disidentes, la organización pide a las autoridades que garanticen que no se excluye ni discrimina a los presos y presas de conciencia y otras personas detenidas por motivos políticos. La organización también considera motivo de preocupación la falta de instalaciones médicas y personal adecuados en las comisarías de policía y las prisiones centrales, que están concebidas para personas condenadas a penas de prisión de corta duración o por impago de deudas.

“Aunque celebramos las promesas de vacunar a las personas privadas de libertad, las autoridades deben proporcionar más información sobre el proceso, el calendario y los criterios para tener acceso a la vacuna con el fin de garantizar que todas las personas detenidas en establecimientos de privación de libertad pueden acceder a la vacuna contra la COVID-19 de manera oportuna, transparente y basada en criterios objetivos, comenzando con las de riesgo más alto”, ha afirmado Philip Luther.

“El acceso a atención de la salud es un derecho humano. Todas las personas privadas de libertad deben tener acceso a vacunas contra la COVID-19. Además, privar de la vacunación como forma de castigo a disidentes políticos o a las personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión constituiría una flagrante violación de derechos humanos.”

Varios obstáculos de índole práctica dificultan el acceso de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a las vacunas. Las personas que no tienen la nacionalidad egipcia pueden inscribirse online con sus pasaportes, documentos de residencia y números de identificación facilitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero las indocumentadas o que tratan de formalizar su situación quedan excluidas. También sigue sin estar claro si estarían incluidas decenas de personas detenidas arbitrariamente en comisarías de policía del Alto Egipto únicamente por su situación migratoria irregular.

Además, las autoridades egipcias deben dirigirse proactivamente a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en idiomas que puedan comprender, cualquiera que sea su situación migratoria.

Hasta la fecha, Egipto ha comunicado más de 280.394 casos confirmados de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y 16.092 muertes. Según el comité nacional para la lucha contra el coronavirus en Egipto, es probable que las cifras reales sean 10 veces más altas que las registradas oficialmente. Periodistas, profesionales sanitarios y otras personas que cuestionan la gestión de la pandemia por el gobierno o las estadísticas oficiales han sido objeto de amenazas, enjuiciamientos y detención y otras formas de intimidación.