Amnistía Internacional considera que Ramy Shaath es un preso de conciencia, pues su detención se debe exclusivamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de su derecho a participar en los asuntos públicos. Hasta que sea puesto en libertad, Ramy Shaath debe tener acceso a sus abogados, y su reclusión debe ser conforme con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Amnistía Internacional pide también a las autoridades egipcias que investiguen la denegación de asistencia consultar a la esposa de Ramy Shaath, Céline Lebrun Shaath, ciudadana francesa, y su posterior expulsión ilegal de Egipto, y que proporcionen una reparación efectiva.
Ramy Shaath permanece en prisión preventiva desde el 5 de julio de 2019, en espera de que se investigue un cargo infundado de “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”. El 27 de agosto de 2019 se renovó su detención 15 días más. Su familia inició el 21 de agosto de 2019 una campaña para pedir su libertad.
DETENCIÓN ARBITRARIA Y DESAPARICIÓN FORZADA
Según la familia de Ramy Shaath, el 5 de julio de 2019, hacia las 12:45 de la noche, al menos una docena de policías fuertemente armados irrumpieron en su domicilio de El Cairo sin identificarse ni presentar una orden de detención. Los policías empezaron a registrar la casa, confiscaron equipos informáticos, discos duros y teléfonos móviles, y detuvieron a Ramy Shaath y a Céline, profesora de historia y organizadora comunitaria, que posteriormente fue objeto de una deportación ilegal a pesar de que vivía en Egipto desde marzo de 2012.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad trasladaron a Ramy Shaath a un lugar no revelado y ocultaron su paradero durante 36 horas aproximadamente. Cuando su familia y abogados denunciaron su desaparición en la comisaría de policía de Qasr el Nil, en el centro de El Cairo, los policías negaron que Ramy estuviera bajo su custodia. Más tarde, un abogado informó a la familia de que Ramy Shaath había comparecido ante un fiscal de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado en El Cairo Nuevo. A Ramy Shaath no le permitieron llamar a su familia ni a un letrado, y durante el interrogatorio fue representado por un abogado que por casualidad estaba en el edificio en ese momento.
Según la familia, el fiscal informó a Ramy de que se lo acusaba de “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”. Sin embargo, solo lo interrogó sobre la naturaleza de sus actividades políticas en Egipto y no presentó ninguna prueba contra él, sino que se basó en un expediente secreto recopilado por la Agencia Nacional de Seguridad a pesar de que, en 2015, el Tribunal de Casación —uno de los máximos tribunales egipcios— había resuelto que las investigaciones de la Agencia Nacional de Seguridad no constituían pruebas por sí solas. Además, el fiscal no permitió a Ramy ni a sus abogados examinar el expediente de investigación de la Agencia.
Ramy Shaath se encuentra detenido actualmente en espera de que se lleven a cabo investigaciones como parte de un caso conocido como “célula Esperanza”, en el que están implicadas al menos 105 personas, muchas de ellas también detenidas. Según las autoridades, estas investigaciones tienen relación con una “conspiración de activistas civiles en cooperación con la Hermandad Musulmana para menoscabar el Estado”. El caso implica a personas de filiaciones políticas sumamente diversas no relacionadas entre sí. Entre ellas se encuentran al menos 15 personas dedicadas a la política, estudiantes, periodistas y activistas de los derechos laborales, detenidas arbitrariamente por cargos infundados relacionados con sus actividades políticas legítimas, su trabajo de derechos humanos y la expresión pacífica de sus opiniones.
El 6 de julio, el fiscal ordenó la detención de Ramy Shaath durante 15 días mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y desde entonces renovó la orden cada 15 días en vistas de renovación automática. Según el Código de Procedimiento
Penal de Egipto y la ley antiterrorista de 2015, los fiscales pueden ordenar la detención en espera de juicio contra las personas acusadas en casos “relacionados con el terrorismo” durante un máximo de 150 días, sin remitirlas a un juez.
MALAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Ramy Shaath está recluido actualmente en la prisión de Tora, en el sur de El Cairo. Según su familia, durante el primer mes de reclusión estuvo en condiciones de hacinamiento en una celda que medía unos 30 metros, junto con unos 30 detenidos más. No tenía espacio suficiente para tumbarse, y no se le permitía hacer ejercicio al aire libre. La primera semana de agosto fue trasladado a una celda con menos personas y desde entonces tiene una hora al día de acceso al aire libre. Sin embargo, su familia sigue estando muy preocupada por sus condiciones de reclusión, puesto que Ramy tiene el colesterol alto, lo que exige ejercicio regular, una dieta saludable y medicación.
Después de que, el 21 de agosto, la familia emitiera una declaración sobre la detención de Ramy, éste ha sido objeto de una campaña difamatoria en medios de comunicación tanto gubernamentales como privados, que afirmaron que no es egipcio y lo acusaron falsamente de malversar dinero palestino para apoyar a la Hermandad Musulmana, financiar actos violentos e “ir contra” el ejército y la policía egipcios.
Activismo pacífico político y de derechos humanos
Ramy Shaath es un activista político que fue cofundador de varios movimientos políticos laicos en Egipto, como el partido El Dostour. También es cofundador del movimiento BDS en Egipto, y ha sido su coordinador en este país desde 2015. El movimiento BDS hace campaña por medios no violentos para que Israel rinda cuentas de las violaciones de derechos humanos y otras violaciones del derecho internacional que comentió. Como parte de sus actividades, Ramy conciencia a la opinión pública sobre los derechos de la población palestina, y denunció activamente en los medios de comunicación la ocupación israelí de territorios palestinos. Antes de su detención, participaba en actos públicos y concedía entrevistas a medios de comunicación en las que expresaba su enérgica oposición al plan estadounidense para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina —un plan que la administración de Estados Unidos denomina el “acuerdo del siglo”— y a la participación de Egipto en la reunión de Manama los días 25 y 26 de junio para debatir dicho plan.
Las autoridades egipcias llevan años hostigando a Ramy por su activismo político. En abril de 2012, el Ministerio del Interior se negó a renovarle el pasaporte egipcio en un intento de negarle su nacionalidad egipcia. Aunque ganó un juicio en 2013 en el Tribunal Administrativo de El Cairo, el Ministerio del Interior recurrió la sentencia en 2018 y la apelación sigue pendiente de resolución.
Amnistía Internacional cree que los cargos contra Ramy Shaath son infundados y se basan únicamente en el ejercicio pacífico del derecho de este activista a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos, lo que es contrario a la Constitución egipcia y a las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 65 de la Constitución egipcia garantiza el derecho a la libertad de expresión. Además, los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es parte, garantizan, respectivamente, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación en los asuntos públicos.
EXPULSIÓN ILEGAL DE CÉLINE LEBRUN SHAATH
Tras la irrupción de la policía en el domicilio de la pareja, Céline intentó llamar a sus amistades y a la embajada francesa, pero un agente se lo impidió. Cuando Céline preguntó a los policías por qué le negaban su derecho a llamar a la embajada, un agente respondió: “Bueno, puesto que insiste en llamar al consulado, nosotros, como Estado, tenemos el derecho de deportarla”.
Según el relato de Céline, la policía le dio 10 minutos para recoger algunas pertenencias y la llevó a la comisaría de Qasr el Nil, en el centro de El Cairo, para luego trasladarla al aeropuerto con el fin de proceder a su expulsión. Le confiscaron el teléfono y el ordenador portátil y no le permitieron comunicarse con nadie, incluida la embajada francesa, hasta que fue deportada.
Le hicieron comprar un billete a Francia y la tuvieron bajo custodia en una sala desde las 2 de la madrugada hasta la hora de salida de su vuelo a París, a las 9 de la mañana. En ningún momento, ningún funcionario le explicó los motivos de su expulsión o le permitió impugnar la decisión.
Basándose en la información disponible, Amnistía Internacional cree que la deportación de Céline fue ilegal. Las expulsiones de personas extranjeras de Egipto deben ser conformes con la legislación egipcia, así como con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional. Por tanto, las autoridades tenían la obligación de explicar a Céline las razones de su deportación y de darle la oportunidad de impugnar esta decisión, con arreglo al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 12 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Además, la negativa de
las autoridades egipcias a permitir que una ciudadana francesa contactara con la embajada de su país constituye una violación de los derechos de Céline previstos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
PRISIÓN AL AIRE LIBRE PARA DISIDENTES
La detención de Ramy Shaath se produce en un contexto de represión sin precedentes de las personas que critican al gobierno egipcio, entre las que hay activistas políticos, periodistas, aficionados al fútbol, artistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. En muchos de estos casos, las personas afectadas son acusadas basándose en investigaciones secretas de la Agencia Nacional de Seguridad que no pueden examinar ni los profesionales de la abogacía ni las personas procesadas, y permanecen meses en prisión preventiva antes de ser puestas en libertad sin juicio.
Tras su excarcelación, suelen ser objeto de medidas estrictas de libertad vigilada por las que tienen que presentarse todas las semanas en una comisaría. Estas medidas facilitan que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria, malos tratos y restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de circulación y a la libertad de expresión. También interfieren en el disfrute de otros derechos humanos, como los relativos al trabajo, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO BDS
En los últimos años, varios gobiernos de todo el mundo limitaron el trabajo del movimiento BDS y hostigado a sus activistas con diversas políticas y leyes por apoyar la protección de los derechos de la población palestina. Como primera línea de batalla, el gobierno israelí introdujó varias leyes que criminalizan la labor de este movimiento y prohíben la entrada en Israel o en los Territorios Palestinos Ocupados a cualquier persona que preste apoyo o trabaje para cualquier organización que, según las autoridades israelíes, promueva el boicot a Israel o a entidades israelíes, incluidas las que se benefician de asentamientos israelíes ilegales, tal como se define en la “ley antiboicot” de 2011. Varios países europeos están tomando también medidas legales contra el movimiento BDS. Por ejemplo, España emprendió una acción judicial contra ayuntamientos que apoyan el boicot a Israel, mientras que Francia acusó penalmente a activistas BDS de odio y discriminación. Este año, el Parlamento alemán introdujo una resolución no vinculante que califica al movimiento BDS de antisemita y pide al gobierno de Alemania que no apoye ni al movimiento ni a grupos que pidan el boicot a Israel o respalden activamente al movimiento BDS, sea económicamente o permitiéndoles el uso de instalaciones para eventos.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre los boicots, pero apoya el derecho a propugnar boicots o participar en ellos como forma de activismo protegida por el derecho a la libertad de expresión. Depende de cada persona y cada organización determinar qué estrategias desea utilizar para promover los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que quienes defienden el movimiento BDS deben poder expresar sus opiniones y llevar a cabo sus campañas sin sufrir acoso, intimidación, amenazas, enjuiciamientos infundados o ninguna otra medida que viole el derecho a la libertad de expresión.
