“Las autoridades egipcias deben relajar su control sobre el espacio de la sociedad civil y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para permitir el éxito de la cumbre sobre el clima conocida como COP27 en Egipto”, han declarado hoy 36 organizaciones.
La COP27 reúne a los Estados partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como a miles de especialistas, periodistas y representantes de empresas y grupos no gubernamentales. Se celebrará en noviembre de 2022 y es una oportunidad importante para que la comunidad internacional se reúna y debata acciones en materia climática ambiciosas y basadas en derechos.
En una entrevista con Associated Press el 24 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, declaró que su gobierno prevé destinar “unas instalaciones adyacentes al centro de conferencias” en Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, donde se celebrará la reunión, donde quienes se dedican al activismo podrán celebrar protestas y expresar sus opiniones. También dijo que el gobierno facilitará a quienes participen “acceso, como se hace tradicionalmente un día de las negociaciones, al propio salón de negociaciones”.
A las organizaciones les preocupan las implicaciones de los comentarios de Shoukry para el derecho al activismo pacífico en la COP27. Teniendo en cuenta las restricciones impuestas actualmente a las protestas y reuniones en Egipto, que constituyen su criminalización efectiva, los comentarios del ministro de Exteriores implican que las autoridades egipcias no tolerarán protestas fuera del espacio “designado por el gobierno”.
Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos , como norma general, debe facilitarse que las manifestaciones se lleven a cabo “vistas y oídas por el público destinatario”. Las autoridades egipcias deben permitir sin condiciones la celebración de protestas y reuniones pacíficas en torno a las fechas de la COP27, incluso en El Cairo, la capital egipcia, y en otras ciudades.
Asimismo, las autoridades egipcias deben poner fin al ataque implacable contra quienes defienden los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Su táctica incluye investigaciones penales injustificadas, detenciones arbitrarias, citaciones para interrogatorios coercitivos, amenazas de cerrar organizaciones independientes, prohibiciones de viajar y otras medidas restrictivas que podrían menoscabar la participación de la sociedad civil necesaria para un resultado positivo de la COP27.
Una acción climática robusta y basada en derechos exige la participación plena y significativa de todas las partes interesadas: Estados, activistas, sociedad civil y representantes de pueblos indígenas y grupos más vulnerables a los daños del cambio climático. Las personas dedicadas al activismo desempeñan un papel importante en el debate global sobre el clima al facilitar información pertinente a responsables de políticas y medios de comunicación. Y los grupos no gubernamentales sólo pueden llevar a cabo su importante labor cuando pueden ejercer efectivamente su derecho a la libertad de reunión.
Los grupos internacionales y egipcios de la sociedad civil temen que las restricciones impuestas por las autoridades egipcias dificulten la participación plena y significativa en la COP27 de activistas, personas que defienden los derechos humanos, sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas. Esta preocupación se ve agravada por el terrible historial de represión de las organizaciones de la sociedad civil y de castigo al activismo de derechos humanos y al periodismo independiente.
Las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos de la ONU hace tiempo que documentan la represión de la libertad de reunión pacífica por parte de las autoridades egipcias. En 2013, las autoridades aprobaron la Ley núm. 107/2013 sobre la organización del derecho a celebrar reuniones públicas, desfiles y protestas pacíficas, que da a las fuerzas de seguridad carta blanca para prohibir protestas y emplear fuerza innecesaria y excesiva contra manifestantes pacíficos.
Las autoridades vienen utilizando esta ley, además de la draconiana Ley núm.10/1914 sobre reuniones, de la era colonial, para enjuiciar a miles de personas que protestan pacíficamente en juicios colectivos manifiestamente injustos. Además, las fuerzas de seguridad usan sistemáticamente medios ilegítimos, en ocasiones letales, y arrestos masivos para disolver protestas. Ningún agente de seguridad o miembro del ejército ha comparecido ante la justicia para responder de las muertes de centenares de personas durante las operaciones para disolver las acampadas de las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, en la región metropolitana de El Cairo, el 14 de agosto de 2013.
Las medidas de represión transmitieron un mensaje disuasorio en todo Egipto que infundió temor y disuadió a la población de ejercer su derecho a la reunión pacífica. Las escasas protestas que se han celebrado en los últimos años han sido recibidas de nuevo con el uso ilegítimo de la fuerza y arrestos masivos, incluidas las protestas antigubernamentales de septiembre de 2019 y septiembre de 2020. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas entre manifestantes, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, transeúntes y menores, algunas de las cuales fueron objeto de desaparición forzada.
Las autoridades egipcias han demostrado igualmente su escasa tolerancia incluso hacia protestas que no iban dirigidas contra ellas ni las criticaban. En noviembre de 2020, arrestaron arbitrariamente y detuvieron a 70 personas migrantes y refugiadas sudanesas que protestaban pacíficamente tras el homicidio de un niño sudanés a manos de un hombre egipcio. Según testigos, la policía golpeó a quienes protestaban y profirieron insultos racistas y xenófobos. En diciembre de 2021 y enero de 2022, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron al menos a 30 activistas sudaneses que organizaron protestas ante la sede en El Cairo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los sometieron a trabajo forzoso y palizas.
Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos o por su religión, identidad de género u orientación sexual. Asimismo, deben reformar la legislación para que sea compatible con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional, lo que incluye derogar o reformar a fondo las leyes que restringen y criminalizan indebidamente el ejercicio de derechos humanos, como la Ley núm. 107/1913 sobre protestas, la Ley núm. 10/1914 sobre reuniones y la Ley de 2019 sobre ONG.
Las autoridades deben comprometerse a respetar el derecho a la libertad de reunión pacífica en todo momento, incluso durante eventos internacionales, y a abstenerse de limitar indebidamente las protestas a una zona específica designada. Los Estados miembros de la ONU, y concretamente los que asisten a la COP27, deben instar a las autoridades egipcias a que pongan fin a las limitaciones a la libertad de reunión, asociación y expresión, y a que tomen otras medidas significativas para abordar los motivos de preocupación de la sociedad civil y garantizar que ésta puede participar sin riesgos y de forma significativa en la COP27 y contribuir a su éxito.
Firmantes:
- Alliance for Rural Democracy
- Amnistía Internacional
- Arab Resource & Organizing Center (AROC)
- Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE)
- Cairo Institute for Human Rights (CIHRS)
- CIVICUS
- Committee for Justice (CFJ)
- Democracy for the Arab World Now (DAWN)
- Comisión de Derechos y Libertades de Egipto (ECRF)
- Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
- Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
- Egypt Wide for Human Rights
- Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR)
- El Nadeem against violence and torture
- EuroMed Rights
- Freedom House
- Friends of the Earth Scotland
- Global Witness
- Grassroots Global Justice Alliance
- Green Advocates International
- Human Rights Watch (HRW)
- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
- Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
- Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
- MENA Rights Group
- Natural Resources Women Platform
- People in Need
- PEN International’s
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- Scotland’s International Development Alliance
- Sinai Foundation for Human Rights
- The Freedom Initiative
- The Indigenous Environmental Network (IEN)
- WoGEM Uganda
- World Organisation Against Torture (OMCT), dentro del marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
