La organización pide a las autoridades egipcias que garanticen que el sector privado cumple las normas en materia laboral y de derechos humanos, incluidas las relativas a la salud y la seguridad en el trabajo y las que rigen el cese de la relación laboral.
“Las personas que trabajan en el sector textil en las zonas de inversión de Egipto están viéndose obligadas a elegir entre proteger su sustento o sus vidas. El gobierno debe vigilar que las empresas del sector privado cumplen con las normas de salud y seguridad para reducir la exposición en el puesto de trabajo a la COVID-19, con medidas tales como proporcionar a sus trabajadores y trabajadoras equipo de protección adecuado sin discriminación y sin coste. Las peticiones del empresariado para que ‘los engranajes de la producción no se detengan’ no deben primar sobre los derechos y la salud de trabajadores y trabajadoras”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los trabajadores y trabajadoras —del sector público, el privado o el informal— que han perdido sus medios de subsistencia a consecuencia del impacto económico de la COVID-19 deben tener acceso a medidas de protección social, incluidas prestaciones por desempleo, que garanticen su derecho a un nivel de vida adecuado. La protección de los derechos humanos y laborales debe ser un eje fundamental de la respuesta del gobierno a la crisis.”
El 21 de marzo, el gobernador de Port Said ordenó el cierre de cinco fábricas de la provincia tras la noticia de la aparición de casos de COVID-19 en la ciudad y la muerte de un trabajador. La tardanza de la gerencia de las fábricas en implementar esta decisión provocó que cientos de trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos emprendieran medidas de presión los días 22 y 23 de marzo en la zona de inversión de Port Said. Las huelgas se extendieron rápidamente a varias fábricas de Ismailia.
Amnistía Internacional habló con 11 personas que trabajan en siete grandes fábricas textiles del sector privado —cada una de ellas con una mano de obra de entre 500 y 7.000 personas, según las personas entrevistadas— en las zonas de inversión de Ismailia y Port Said, así como con activistas de los derechos laborales y profesionales del Derecho. Además, la organización examinó diverso material audiovisual que las personas entrevistadas le hicieron llegar y que reflejaba las condiciones de hacinamiento en el trabajo reinantes en dos fábricas y las cartas de la dirección de al menos dos centros en las que se informaba de reducción de salarios o permisos anuales obligatorios.
Las siete fábricas cerraron temporalmente el 23 de marzo. Mientras que tres de ellas han ampliado el permiso sin sueldo o con sueldo reducido de su mano de obra hasta el 11 de abril, cuatro reanudaron la producción el 4 de abril. Sigue preocupando que las fábricas no hayan tomado medidas adecuadas de prevención y control para reducir la propagación de la COVID-19 tras su reapertura.
Amnistía Internacional habló con nueve personas empleadas en cinco fábricas, que expusieron su preocupación por que sus empresas no les habían facilitado el equipo de protección adecuado ni habían introducido medidas para mantener la distancia social. Según indicaron personas que trabajaban en otras dos fábricas, el cumplimiento de las medidas introducidas no se exigía sistemáticamente. Un trabajador dijo a Amnistía Internacional que sus compañeros pagaban de su bolsillo desinfectante, mascarillas y guantes.
Algunas personas entrevistadas expresaron su temor de perder su empleo si seguían protestando por la inseguridad de sus condiciones laborales. En al menos dos fábricas, los trabajadores y trabajadoras dijeron a Amnistía Internacional que habían sido testigos de cómo las personas encargadas de supervisarlos anotaban los nombres de quienes secundaban la huelga, lo cual suscitaba temor por posibles despidos.
Los trabajadores y trabajadoras del sector privado, abandonados
Las conclusiones a las que ha llegado Amnistía Internacional reflejan una práctica sistemática más amplia consistente en dejar a los trabajadores y trabajadoras del sector privado sin red de seguridad alguna mientras el gobierno egipcio trata de contener la propagación de la COVID-19. Profesionales del derecho que defienden los derechos humanos dijeron a la organización que desde el 19 de marzo habían recibido casi un centenar de denuncias de trabajadores y trabajadoras del sector privado relacionadas con despidos improcedentes, permisos sin sueldo y reducciones de salario, así como inseguridad en las condiciones de trabajo.
El 16 de marzo, el gobierno decidió reducir el número de personas que trabajaban en instituciones gubernamentales y públicas en las provincias donde había casos de COVID-19 y concedió permiso con sueldo al personal de algunas fábricas propiedad del Estado. Sin embargo, no tomó medidas similares con los trabajadores y trabajadoras del sector privado, a los que dejó a merced de las medidas que decidan tomar sus empresarios. El 29 de marzo, el primer ministro Mostafá Madbuli confirmó que no había restricciones para el desplazamiento de camiones o vehículos de transporte de trabajadores. El 1 de abril, pidió a las empresas de la construcción privadas que trabajaran a pleno rendimiento en todos los lugares, al tiempo que instaba a la ciudadanía a quedarse en casa durante la crisis.
Los trabajadores y trabajadoras dijeron a Amnistía Internacional que se sentían abandonados y que se habían quedado sin salario o con unos ingresos reducidos debido a los cierres en las fábricas textiles y a la ralentización de la producción. También afirmaron que los empresarios de las nueve fábricas estaban obligando a los trabajadores y trabajadoras a aceptar permisos sin sueldo o reducción de salarios.
Además, Amnistía Internacional supo que cientos de trabajadores y trabajadoras en periodo de prueba o con contrato temporal de tres fábricas habían sido despedidos sin previo aviso ni justificación, y sin darles la oportunidad de consultar medidas para atenuar las consecuencias de la pérdida de ingresos. Hay peligro de que miles más corran la misma suerte cuando terminen sus contratos de duración determinada.
Información complementaria:
En las zonas de inversión de Port Said e Ismailia hay cientos de fábricas, incluidas fábricas textiles, que dan empleo a miles personas.
A Amnistía Internacional le preocupa que las restricciones del derecho a la libertad de asociación y de afiliación a sindicatos independientes en la legislación y en la práctica socaven la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y afiance la desigual dinámica de poder entre trabajadores y trabajadoras mal remunerados y sus empleadores del sector privado.
