La máxima instancia de apelación de Egipto, el Tribunal de Casación, ha confirmado hoy las condenas a muerte de 12 personas —entre ellas, varios miembros destacados de la Hermandad Musulmana— que se habían dictado en un juicio colectivo en el que se acusó a 739 personas por su participación, en julio y agosto de 2013, en acampadas masivas para protestar contra el gobierno en la plaza de Al Rabaa de El Cairo. En respuesta a la noticia, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Estas despiadadas condenas a muerte, dictadas en 2018 tras un juicio colectivo manifiestamente injusto, son una mancha en la reputación de la máxima instancia de apelación de Egipto y ensombrecen todo el sistema de justicia del país”.

“La noticia se ha dado a conocer tras el marcado aumento del número de ejecuciones llevadas a cabo en Egipto en 2020, que lo convertía en el tercer país con mayor número de ejecuciones del mundo”. Al menos 51 personas han sido ejecutadas en lo que llevamos de año.

“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. En lugar de seguir intensificando el uso de la pena capital mediante la confirmación de las condenas a muerte dictadas en juicios colectivos manifiestamente injustos, las autoridades egipcias deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones”.

“Las personas que protestaban y fueron declaradas culpables de delitos violentos deberían ser juzgadas de nuevo en juicios justos e imparciales sin recurrir a la pena de muerte”.

“Es alarmante que las fuerzas de seguridad egipcias sigan eludiendo la justicia por la violencia letal que infligieron contra quienes se manifestaban en las plazas de Rabaa al-Adawiya y al-Nahda, en El Cairo, en agosto de 2013, donde 900 personas resultaron muertas y miles heridas”.

“Las autoridades egipcias todavía no han tomado ninguna medida para que los responsables de esta masacre rindan cuentas, por lo que deben actuar de inmediato”.

En septiembre de 2018, un tribunal penal de El Cairo dictó condenas a muerte contra 75 personas que habían participado en la acampada de la plaza Rabaa al-Adawiya de la ciudad en julio y agosto de 2013, tras haberlas declarado culpables de cargos relacionados con la participación en manifestaciones no autorizadas y actos violentos contra las fuerzas de seguridad y otras personas. Amnistía Internacional consideró que el juicio había sido manifiestamente injusto.

El Tribunal de Casación, que es la máxima institución de apelación egipcia, ha confirmado hoy las penas de 12 de las 75 personas condenadas a muerte. No ha analizado las causas de las personas restantes, puesto que fueron condenadas in absentia y, según la legislación egipcia, deben ser juzgadas de nuevo en el momento que puedan comparecer ante la justicia antes de que el Tribunal de Casación pueda someter sus causas a revisión.