“Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas refugiadas y migrantes sudanesas detenidas exclusivamente en relación con sus protestas pacíficas por el escalofriante asesinato y mutilación de un niño sudanés en El Cairo el 29 de octubre e investigar efectivamente las palizas y otros malos tratos sufridos por quienes protestaban a manos de las fuerzas de seguridad”, declaró hoy Amnistía Internacional.

Las fuerzas de seguridad egipcias disolvieron dos protestas pacíficas con gas lacrimógeno y un cañón de agua, y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas refugiadas y migrantes sudanesas. Quienes protestaban fueron objeto de palizas con porras, insultos racistas y xenofóbicos y otras formas de malos tratos. En la actualidad hay al menos 10 personas detenidas y se prevé que la fiscalía decida hoy si las pone en libertad o amplía su detención.

La noticia del horrible asesinato de Mohamed Hasan, un niño sudanés de 12 años, por un hombre egipcio el 29 de octubre hizo que decenas de miembros de la comunidad sudanesa se congregaran ante Masaken Othman, donde vivía el niño, mientras otros protestaban ante la oficina del ACNUR en la ciudad de Seis de Octubre, barrio de la parte occidental del área metropolitana de El Cairo donde vive un gran número de personas refugiadas y migrantes. Los manifestantes también expresaron su ira por la violencia y la discriminación que sufren en Egipto mientras el Estado no los protege.

“No cabe justificación para la brutal represión de las fuerzas de seguridad egipcias a personas refugiadas y migrantes sudanesas que salieron a la calle para reclamar justicia por el horripilante asesinato de un niño. La forma en que las fuerzas de seguridad atacan a personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica es repugnante y debe acabar de inmediato”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Deben investigarse las denuncias de palizas, el uso de insultos racistas y otras formas de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, y los responsables deben rendir cuentas de sus actos. Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos humanos”.

Represión de protestas pacíficas

Amnistía Internacional habló con dos testigos y examinó cuatro vídeos grabados durante las protestas. Decenas de personas se habían reunido pacíficamente cerca de donde vivía el niño, en Masaken Othman, y ante las oficinas del ACNUR. Según los testimonios y las imágenes de vídeo de la primera protesta, muy poco después, las fuerzas de seguridad dispersaron la protesta con violencia, lanzando gas lacrimógeno contra quienes se manifestaban y golpeándolos con porras, para después detener a varias personas al azar, algunas de ellas menores.

Un vídeo verificado por Amnistía Internacional muestra a las fuerzas policiales usando un cañón de agua para dispersar a manifestantes pacíficos ante el ACNUR y se oye a una mujer que dice que la policía había detenido a algunas personas.

Las fuerzas de seguridad trasladaron a alrededor de 70 mujeres y hombres a un lugar que éstos creían que era una prisión central en Guiza, donde los sometieron a palizas y a insultos racistas y xenófobos antes de ponerlos en libertad al día siguiente.

Las fuerzas de seguridad también pidieron a siete personas, entre familiares, vecinos y vecinas de Mohamed Hassan, que acudieran a una comisaría de policía de la ciudad Seis de Octubre para identificar el cuerpo del niño y las detuvieron en la comisaría y les confiscaron el teléfono móvil. Otras cinco personas sudanesas de la zona fueron conducidas también a la comisaría más tarde. Dos personas fueron puestas en libertad ese día sin cargos, pero las 10 restantes siguieron bajo custodia y la fiscalía ordenó su detención el 3 de noviembre pendiente de investigaciones; sin embargo, sus abogados desconocen hasta ahora los cargos.

Según la información recabada por Amnistía Internacional, la policía golpeó a varios de los hombres y mujeres bajo custodia y algunos policías vestidos de civil los amenazaron con encarcelarlos. La policía los interrogó sobre quién había financiado las protestas, afirmando que había un organización detrás y les advirtió de que no desafiaran al “Estado egipcio”.

El 2 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil irrumpieron en los domicilios y centros de trabajo de al menos cinco activistas sudaneses en el área metropolitana de El Cairo. Al menos otros tres recibieron amenazas de detención o deportación por teléfono. La represión obligó a varios activistas a ocultarse, mientras aquellos con los que habló Amnistía Internacional expresaron su temor a sufrir represalias y el miedo constante que tienen de ser atacados por las fuerzas de seguridad por su supuesto activismo.

Tras la protestas y las detenciones, la Fiscalía dio a conocer una declaración el 1 de noviembre en la que anunció la detención del presunto asesino del niño, pendiente de investigaciones, y rechazaba todas las denuncias de violaciones de derechos humanos de personas refugiadas y otras personas extranjeras en Egipto. Al día siguiente, el Ministerio del Interior dijo que el sospechoso había confesado haber asesinado a Mohamed Hassan. Cualquier persona responsable del asesinato del niño sudanés debe responder ante la justicia en unas actuaciones que cumplan las normas internacionales de imparcialidad judicial sin recurso a la pena de muerte.

Hasta ahora, el ACNUR no hizo ningún comentarios sobre el uso de la fuerza frente a sus oficinas ni sobre la detención de personas de nacionalidad sudanesa, algunas de ellas solicitantes de asilo.

Al menos 49.000 personas refugiadas sudanesas están registradas en el ACNUR, aunque esta cifra sólo representa una pequeña parte de la población sudanesa en Egipto. Varios medios de comunicación informaron del racismo, la xenofobia y la violencia, incluida la violencia sexual, que experimentan en Egipto las personas sudanesas y otras personas refugiadas de países del África subsahariana, a quienes el Estado no da protección. En 2005, las fuerzas de seguridad egipcias mataron al menos a 27 manifestantes sudaneses ante el edificio del ACNUR en Mohandseen, en el área metropolitana de El Cairo, no obstante lo cual ningún funcionario ha rendido cuentas de estas muertes.