El último informe de la ONU da cuenta de la tragedia social que vive el país caribeño

por Mariela Belski*

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) creó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés, o la Misión), mediante la resolución 42/25, por un período de un año, para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela. La Misión está constituida por tres expertos independientes y realiza sus operaciones desde Panamá, dado que las autoridades venezolanas no dieron acceso al país, algo común en este tipo de mecanismos.

Los resultados a los que llegó la FFM son contundentes: el 16 de septiembre de 2020 publicó su primer informe que expone no sólo la brutalidad, sino la sistematicidad y generalidad de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Cabe recordar que Amnistía Internacional ya había denunciado en mayo de 2019 la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El contundente documento de la FFM avala nuestra denuncia y respalda a las miles de víctimas que exigen verdad y justicia. Desde agosto de 2019, llamamos a la creación de la Misión, junto con más de cien organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales. Hoy celebramos la contundencia y rigurosidad del informe e instamos al CDH a renovar y reforzar el mandato de la Misión durante su 45º periodo de sesiones que está teniendo lugar estas semanas en Ginebra.

El reporte de la FFM se nutrió de entrevistas a distancia con víctimas, familiares, abogados y testigos con conocimiento directo de los hechos; entrevistas con ex funcionarios del Gobierno, servicios de inteligencia, el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad, miembros y ex miembros del poder judicial; información digital certificada (fotografías, vídeos, imágenes satelitales, contenido de redes sociales); y declaraciones, leyes, políticas y directivas venezolanas.

 



Los hallazgos del informe son, cuanto menos, alarmantes y dan cuenta de la tragedia social que vive Venezuela. Las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales -incluyendo asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura- son crímenes de derecho internacional. En el marco del desmoronamiento gradual de las instituciones del Estado, éstos se cometieron en virtud de dos políticas diferentes, la primera en la que el objetivo es silenciar y desalentar la disidencia, y la segunda, combatir la delincuencia, incluso ‘eliminando’ a las personas consideradas delincuentes mediante ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades continúan aplicando estas políticas. El informe es explícito en la responsabilidad del Presidente, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministro de Defensa, entre otros, quienes ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos. Lo mismo que los directores de los servicios de seguridad e inteligencia, y los autores directos. Las responsabilidades pertinentes merecen una inmediata investigación, algo impensable dentro de Venezuela.

Venezuela duele. Le duele a su pueblo que atraviesa una de las peores emergencias humanitarias del continente. Lo vemos en la falta de acceso a medicinas y alimentos, en la violencia generalizada, en el hambre de justicia que se expresa a través de manifestaciones generalmente reprimidas con saldos de cientos de heridos, detenidos e incluso personas fallecidas.

Calificar el sufrimiento de Venezuela como crímenes de lesa humanidad no es una cuestión menor. Refleja una categoría de crimen que afecta al conjunto de la humanidad, a todas y todos nosotros. Nos convoca a acompañar a las víctimas en su dolor y en su búsqueda de la verdad y la justicia.

Ante este sórdido panorama, la Misión recomendó realizar inmediatamente investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los Estados consideren iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones y los delitos identificados en el informe.

Sin justicia ni rendición de cuentas en el ámbito nacional y regional, y en un contexto de agravamiento de la crisis por la pandemia del COVID-19, es fundamental que Argentina y los demás Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos impulsen la renovación y fortalecimiento de la FFM y, hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la impunidad que alimenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

*La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Esta nota de opinión fue publicada en Infobae el 23/9/2020. Link a la nota original.