14/12/19
El 74% de los argentinos está "muy preocupado" por su privacidad y el uso que las grandes empresas de tecnología hacen de sus datos personales, y 8 de cada 10 piensan que el Gobierno debería hacer más para regular la actividad de estas compañías, revelaron los resultados de una encuesta difundida por Amnistía Internacional (AI).
La inquietud local se corresponde con una preocupación a nivel global, donde el 62% de las personas está interesada por la violación de su derecho a la privacidad y el 59% por la pérdida de control sobre sus datos, según los resultados del sondeo realizado también en otros nueve países.
"El sondeo realizado en Argentina destaca que una de las principales inquietudes que tiene la gente actualmente es la invasión a su privacidad en general. Parece que escándalos de relevancia internacional no fueron suficientes y las compañías se niegan a cambiar su actitud hacia el uso de datos de las personas", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI en Argentina.
Esta actitud de las grandes tecnológicas se traduce en una preocupación generalizada: el 70% de los argentinos siente que no tiene el control sobre cómo las empresas comparten sus datos a terceros y como éstos podrían utilizarlos con fines políticos, publicitarios o de control de consumo de medios e información.
Los resultados de la encuesta "nos resultan impactantes", ya que "no son respuestas de especialistas ni de gente que trabaja con estos temas, sino de personas comunes que están preocupadas sobre cómo estas empresas con modelos basado en la vigilancia recolectan y venden sus datos", afirmó Mariana Márquez, directora de Justicia y Politica Internacional en AI Argentina.
"Tenemos derecho a ser dueños y dueñas de nuestros propios perfiles en Internet, saber para qué se usan y negarnos a que violen nuestra intimidad: esto es un problema de derechos humanos", consideró Belski.
En este sentido, existe a nivel internacional una sensación extendida (70%) de que los gobiernos deberían "hacer más" para regular la actividad de las empresas de tecnología, un punto en el que en Argentina coinciden 8 de cada 10 personas encuestadas.
"Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el principal garante de eso sigue siendo el Estado", señaló Márquez, consultada sobre las posibilidades de acción de un gobierno como el argentino frente a gigantes multinacionales con miles de millones de usuarios en todo el mundo, como Facebook y Google.
"El espacio online es el espacio no regulado más grande del mundo. Países como Argentina pueden exigir estándares más avanzados de respeto a los derechos humanos, desde la ley, desde las agencias de protección de datos", continuó, y recordó la existencia de la ley de Protección de Datos Personales.
"La ley está. Y tenemos la Agencia de Acceso a la Información Pública, que le corresponde también la protección de los datos. Esta agencia podría asumir las competencias de intermediar entre los ciudadanos y las plataformas. Necesitamos que las empresas sean más transparentes", destacó.
A nivel global, de aquellas personas que expresaron preocupación a más de la mitad (51%) le preocupa que los datos sobre su actividad en Internet puedan revelar muchos aspectos sobre ellas, mientras que casi un tercio (32%) teme que sus datos puedan ser usados en su contra por las autoridades estatales.
Cuando se les pidió que explicaran por qué, seis de cada diez dijeron que era una invasión de la intimidad, mientras que al 53% le preocupa la posibilidad de verse influida de forma parcial y sin su conocimiento por la publicidad de carácter político.
Las respuestas recogidas a nivel internacional refuerzan la tesis plasmada en el extenso informe "Gigantes de la vigilancia", publicado el mes pasado por AI, que postula que el modelo empresarial básico de Facebook y Google representa una amenaza sistémica para los derechos humanos.
Para el reporte publicado hoy fueron encuestados 1.000 argentinos adultos de todos los niveles socioeconómicos entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre, mientras que a nivel internacional se recogen las respuestas de 9.312 personas adultas en nueve países, entre ellos Brasil, India, Alemania, Sudá
Esta nota fue publicada originalmente en El Sol