Las autoridades iraníes llevaron a cabo durante 2018 una vergonzosa campaña de represión, en la que aplastaron protestas y detuvieron a miles de personas en una represión en gran escala de la disidencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, un año después de que estallara en todo el país una oleada de protestas contra la pobreza, la corrupción y el autoritarismo.

La organización ha revelado hoy unas nuevas cifras escalofriantes que muestran el alcance de la represión ejercida por las autoridades iraníes durante 2018. En el transcurso del año se detuvo, en muchos casos de forma arbitraria, a más de 7.000 manifestantes, estudiantes, periodistas, activistas medioambientales, personas que defienden los derechos humanos y trabajan por ellos, activistas de los derechos de las mujeres, activistas de los derechos de las minorías y sindicalistas. Cientos de personas fueron condenadas a penas de prisión o flagelación, y al menos 26 manifestantes murieron. Nueve personas detenidas en relación con las protestas murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas.

“2018 pasará a la historia como el ‘año de la vergüenza’ de Irán. A lo largo del año, las autoridades iraníes trataron de sofocar toda señal de disidencia redoblando su represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y llevando a cabo detenciones en masa de manifestantes”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La escalofriante magnitud de las detenciones y las condenas a prisión y a flagelación revela el extremo hasta el que han llegado las autoridades para reprimir la disidencia pacífica.”

A lo largo del año, y especialmente durante los meses de enero, julio y agosto, las autoridades iraníes dispersaron violentamente las manifestaciones pacíficas, golpeando a manifestantes desarmados y utilizando contra ellos munición real, gas lacrimógeno y cañones de agua. Miles de personas fueron detenidas y recluidas arbitrariamente.

Algunas de las personas arrastradas por la oleada de detenciones durante las protestas de enero eran estudiantes, periodistas, y defensores y defensoras de los derechos humanos. También se atacó a los responsables de canales de la popular aplicación de mensajería móvil Telegram, que se utilizaba para difundir noticias sobre las protestas y movilizar a manifestantes.

En general, en 2018, ya sea en el contexto de protestas o a consecuencia de su trabajo, se detuvo arbitrariamente a 11 abogados, 50 profesionales de los medios de comunicación y 91 estudiantes.

Al menos 20 profesionales de los medios de comunicación fueron condenados a duras penas de prisión o flagelación después de juicios injustos. Un periodista, Mohammad Hossein Sodagar, de la minoría étnica turca azerbaiyana, recibió 74 azotes en la ciudad de Khoy, en la provincia de Azerbaiyán occidental, después de ser declarado culpable de “propagar mentiras”. Otro trabajador de los medios de comunicación, Mostafa Abdi, administrador del sitio web Majzooban-e-Noor, que informa sobre abusos contra los derechos humanos cometidos contra la minoría religiosa derviche gonabadi, fue condenado a 26 años y tres meses de prisión, 148 azotes y otras penas.

Además, al menos 112 defensoras de los derechos humanos fueron detenidas o permanecieron recluidas en Irán durante 2018.

Defensoras de los derechos de las mujeres

Durante 2018, valientes defensoras de los derechos de las mujeres de todo el país se unieron en un movimiento sin precedentes contras las abusivas y discriminatorias leyes sobre el uso obligatorio del hiyab (velo) en Irán. Las mujeres se echaron a la calle y se subieron a estructuras elevadas en lugares públicos, agitando silenciosamente sus pañuelos en el extremo de un palo. Como respuesta, sufrieron un fuerte contraataque de las autoridades, y se enfrentaron a violentas agresiones, detenciones y tortura y otros malos tratos. A algunas las condenaron a largas penas de cárcel en juicios flagrantemente injustos.

Shaparak Shajarizadeh fue condenada a 20 años de prisión, 18 de ellos condicionales, por su protesta pacífica contra el uso obligatorio del hiyab. Huyó de Irán tras ser puesta en libertad bajo fianza, y desde entonces ha descrito en entrevistas a los medios de comunicación cómo fue sometida a tortura y otros malos tratos en régimen de aislamiento y cómo le negaron el acceso a su abogado.

Nasrin Sotoudeh, destacada abogada de derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, que representaba a Shaparak Shajarizadeh, fue asimismo detenida el 13 de junio de 2018 por defender a quienes protestaban contra el uso obligatorio del hiyab. Se enfrenta a varios cargos relacionados con la seguridad nacional por los que podría ser condenada a más de una década de prisión, además de la pena de cinco años de cárcel que ya está cumpliendo por su trabajo contra la pena de muerte.

“Durante 2018, las autoridades iraníes ejercieron una represión especialmente siniestra contra las defensoras de los derechos de las mujeres. En lugar de castigar cruelmente a mujeres por reclamar sus derechos, las autoridades deben poner fin a la arraigada y generalizada discriminación y violencia que sufren”, ha manifestado Philip Luther.

Sindicalistas y derechos de los trabajadores

En 2018 Irán se sumió también en una crisis económica cada vez más profunda que dio lugar a numerosas huelgas y espoleó a los trabajadores a salir a millares a las calles para pedir mejores condiciones de trabajo y una mayor protección del gobierno. Las demoras en el pago de los salarios, e incluso su impago, en una situación de elevada inflación, subida desorbitada del coste de vida y malas condiciones de trabajo, también provocaron protestas.

Sin embargo, en lugar de abordar sus quejas, las autoridades iraníes detuvieron al menos a 467 trabajadores, entre ellos camioneros y trabajadores de fábricas, citaron a otros para interrogatorio y sometieron a muchos a tortura y otros malos tratos. Decenas fueron condenados a penas de prisión. Los tribunales iraníes impusieron también penas de flagelación que sumaban un total de casi 3.000 azotes contra 38 trabajadores.

El 10 de mayo, las autoridades iraníes dispersaron violentamente una protesta pacífica de profesores en Teherán que pedían salarios más altos y una mejor financiación del sistema de educación pública del país. Para final de año, las autoridades habían detenido al menos a 23 profesores, tras unas huelgas nacionales en octubre y noviembre. Ocho de los profesores fueron condenados a penas de entre nueve meses y diez años y medio de prisión, a 74 azotes cada uno, y a otras penas.

A lo largo del año se detuvo al menos a 278 camioneros, y a algunos los amenazaron con la pena de muerte tras participar en huelgas nacionales que reclamaban mejores condiciones de trabajo y salarios más altos. Tras las huelgas de febrero y noviembre, decenas de trabajadores en huelga de la Empresa Azucarera de Haft Tapeh en Shush, suroeste de Irán, fueron detenidos.

“Desde los profesores mal pagados hasta los trabajadores de fábricas que luchan por alimentar a sus familias, quienes en la actualidad se han atrevido a reclamar sus derechos en Irán han pagado un elevado precio. En lugar de garantizar que se escuchan las reclamaciones de los trabajadores, las autoridades han respondido con mano dura, detenciones masivas y represión”, ha manifestado Philip Luther. 

Minorías étnicas y religiosas

Durante 2018, Irán también intensificó su represión discriminatoria contra las minorías étnicas y religiosas deteniendo arbitrariamente y encarcelando a cientos de sus miembros, y restringiendo su acceso a educación, empleo y otros servicios.

Los miembros de la orden sufí más grande de Irán, la minoría religiosa derviche gonabadi, se enfrentaron a una represión especialmente cruel tras el violento aplastamiento de una protesta pacífica celebrada en febrero de 2018. Cientos de personas fueron detenidas y más de 200 fueron condenadas a un total de 1.080 años de prisión, 5.995 azotes y “exilio” interno, prohibición de viajar y prohibición de unirse a grupos políticos y sociales. Una hombre, Mohammad Salas, fue condenado a muerte tras un juicio flagrantemente injusto y fue ejecutado rápidamente.

 Al menos 171 cristianos fueron detenidos en 2018 únicamente por el ejercicio pacífico de su fe, según la organización Article 18. Algunos recibieron penas de hasta 15 años de cárcel.

Las autoridades continuaron también con su persecución sistemática de la minoría religiosa bahaí, y detuvieron arbitrariamente al menos a 95 de sus miembros, según la organización Comunidad Internacional Bahaí; también cometieron otros abusos contra ellos.

Cientos de personas de grupos de minorías étnicas, entre ellas árabes ahwazí, turcos azerbaiyanos, baluchís, kurdos y turcomanos, también sufrieron abusos contra los derechos humanos tales como discriminación y detención arbitraria.

Cientos de árabes ahwazís fueron detenidos tras protestas celebradas en abril por una retransmisión de la televisión estatal que excluía a los árabes ahwazís de un mapa en el que se señalaba la ubicación de las minorías étnicas de Irán. En octubre, tras un mortal ataque armado perpetrado el mes anterior contra un desfile militar en Ahvaz, más de 700 árabes ahwazís fueron detenidos en régimen de incomunicación, según activistas que se encontraban de fuera de Irán.

Cientos de turcos azerbaiyanos, entre ellos activistas que defendían los derechos de las minorías, fueron también violentamente detenidos en relación con reuniones culturales pacíficas organizadas a lo largo del año, incluidas unas celebradas en julio y agosto, cuando al menos 120 personas fueron detenidas. Algunos activistas fueron condenados a penas de prisión y flagelación. Milad Akbari, activista de los derechos de las minorías, fue azotado en la ciudad de Tabriz, provincia de Azerbaiyán Oriental, tras ser declarado culpable de “alteración del orden público” mediante la participación en reuniones ilegales y el cántico de canciones excéntricas” en una reunión cultural.

Activistas de los derechos medioambientales

Al menos 63 investigadores y activistas medioambientales fueron detenidos en 2018, según los medios de comunicación. Las autoridades iraníes acusaron a algunos de ellos, sin presentar prueba alguna, de recopilar información clasificada sobre áreas estratégicas de Irán con el pretexto de llevar a cabo proyectos ambientales y científicos. Al menos cinco fueron acusados de “corrupción en la tierra”, delito castigado con la pena de muerte.

“Durante 2018, las autoridades iraníes, mediante detenciones en masa e incluso grotescas penas de flagelación, han tratado de aplastar el espíritu de manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos que reclaman respeto para dichos derechos”, ha manifestado Philip Luther.

“Los gobiernos que mantienen un diálogo con Irán no deben guardar silencio mientras la red de represión se extiende rápidamente. Deben alzar la voz en los términos más firmes contra la represión, y deben pedir enérgicamente a las autoridades iraníes que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por expresar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión por medios que incluyen su activismo de derechos humanos.”