Lucio Dupuy era un niño de 5 años que fue asesinado a golpes en La Pampa en noviembre de 2021. Las acusadas —la madre del niño, y su pareja, llamada Abigail— enfrentan el cargo de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.
A propósito del caso, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por las violencias que sufren las infancias en el país.
El 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF (2019/2020), el 42% castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). A su vez, el estudio afirma que 11% de las mujeres (15 a 49) sufrieron violencia sexual durante su infancia.
De acuerdo al mismo estudio, el 40% de las y los adolescentes atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años. Y 4 de cada 10 chicos y chicas afirma haber recibido maltratos en su casa o la casa de un familiar, mientras que 7 de cada 10 afirmó haber sufrido maltratos por parte de personas de su círculo Íntimo.
A su vez, un análisis de los datos del Programa las Víctimas contra las Violencias 2020- 2021 realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y UNICEF -basado en los contactos a la Línea 137- indicó que las consultas entre octubre 2020 y septiembre 2021 aumentaron un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, y se incrementaron considerablemente las realizadas directamente por niñas, niños y adolescentes. Se registraron 9.989 víctimas niñas, niños y adolescentes de violencia familiar y/o sexual.
Por otro lado, según la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la línea 102 recibió en un año al menos 20 mil llamadas de todo el país que corresponden a situaciones de violencia contra niñas y niños.
Entre 2020 y 2021 se registraron 3129 casos de abuso sexual infantil. El 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su entorno cercano.
Amnistía Internacional señala que la violencia, en cualquiera de sus formas, es una vulneración de derechos humanos de niños y niñas y pesa sobre el Estado - a traves de sus todas sus instituciones - la responsabilidad de trabajar en politicas para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas. Todas las infancias tienen derecho a vivir libres de violencias.