La decisión de las autoridades israelíes de cerrar la organización palestina Health Work Committees (HWC) tendrá consecuencias catastróficas para las necesidades de salud de la población palestina en todos los Territorios Palestinos Ocupados; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

A primera hora del 9 de junio, fuerzas del ejército israelí irrumpieron en la sede central de HWC en Ramala. Derribaron la puerta, confiscaron ordenadores y unidades de memoria, y emitieron una orden militar que obligaba a cerrar la oficina durante seis meses. La organización ha sufrido repetidos ataques, su personal ha sufrido acoso y detención por presunta filiación al Frente Popular para la Liberación de Palestina, partido político palestino que cuenta con un brazo armado.

“HWC está entre los principales proveedores de servicios de salud en los Territorios Palestinos Ocupados, y dirige hospitales y clínicas que atienden a comunidades marginadas. El cierre de su sede central por Israel afectará gravemente a la provisión de servicios de salud esenciales para miles de personas palestinas; un programa de salud para mujeres adoptado en la sede central ha quedado interrumpido”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Como potencia ocupante y en virtud del derecho internacional, Israel tiene la obligación inequívoca de proteger los derechos de toda la población palestina, incluido su derecho a la salud. Hasta ahora no ha asumido en absoluto su responsabilidad durante la pandemia, adoptando una política discriminatoria de vacunación contra la COVID-19. Las autoridades israelíes deben anular de inmediato la orden de cierre y poner fin al hostigamiento de trabajadores y trabajadoras de la salud.

“Los ataques a HWC forman parte de una ofensiva general de Israel contra las organizaciones de la sociedad civil palestina. En lugar de criminalizar a organizaciones que ofrecen servicios esenciales de salud, las autoridades israelíes deberían poner fin a su discriminación institucionalizada y a la represión sistemática de la población palestina.”

La organización HWC ha estado en primera línea de la respuesta a la COVID-19 en los Territorios Palestinos Ocupados, sensibilizando a la población, ofreciendo orientación sobre salud pública y prestando asistencia médica a pacientes de COVID-19 en sus centros de salud así como a comunidades remotas a través de sus clínicas ambulantes. También lidera iniciativas locales de promoción para mejorar el sistema de salud palestino.

No es la primera vez que las fuerzas israelíes actúan contra HWC y su personal. Las autoridades israelíes cerraron su oficina de Jerusalén en 2015. Su oficina de Ramala, que ha sido clausurada hoy, ya sufrió una incursión en octubre de 2019, cuando su director de asuntos económicos fue detenido, y otra en marzo de 2021, con la detención de otros dos miembros de su personal.