Argentina está a punto de consolidarse como un referente en el avance hacia la protección de los derechos de las mujeres en caso de aprobar la legalización del aborto. De hacerlo, se sumaría a aquellos países a los que se quiere parecer; por ejemplo los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), espacio al que Argentina aspira ingresar y para ello está haciendo un notable esfuerzo.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habilitó el debate por la legalización del aborto pero se abstuvo de manifestar una posición contundente. La Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de ley que procura despenalizar la interrupción del embarazo completamente hasta la semana 14. El 8 de agosto ese proyecto será debatido en la Cámara de Senadores.
Al no apoyar ninguna postura y facultar a que sus legisladores voten a conciencia, el Presidente no previó los efectos de una medida que no será inocua. Esta actitud ha habilitado a que se generen diferencias dentro del oficialismo. La vicepresidenta y el jefe de la bancada del partido de gobierno en el Senado están en contra del proyecto, mientras que otros referentes, como el ministro de Salud de la Nación, están a favor.
Este crujir interno también ha expuesto la cercanía de ciertos sectores oficialistas con la postura de la jerarquía de la iglesia católica. Durante el debate se viene registrando un notorio activismo de la jerarquía de la iglesia católica con acciones y estrategias por demás cuestionables que van desde la difusión de información errónea hasta la propuesta de retroceder en la legislación ya vigente desde 1921, que despenaliza el aborto en caso de peligro para la vida y la salud de la mujer, y en caso de violación.
Así Argentina parece querer ir a contramano del mundo. Mientras los países de Europa consolidan marcos legales que garantizan el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos (recientemente Irlanda a través de un referéndum, país con gran influencia católica), el gobierno mantiene una posición ambigua respecto de la importancia de legalizar el aborto.
Esta ambigüedad tendrá un costo muy alto para el gobierno también dentro del país. La multitudinaria manifestación en las calles en apoyo a la despenalización durante su discusión en la Cámara de Diputados ha sido una noticia que ha dado vuelta al mundo y es un movimiento que no para de cosechar apoyos. Asimismo, en una encuesta realizada por Amnistía Internacional, cerca del 60 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de la despenalización del aborto. A su vez, más del 63 por ciento opinó que la Iglesia no debe influir en el debate. Este porcentaje supera el 70% en dos distritos clave: la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, dos de los bastiones oficialistas más importantes. Llama la atención que, en ambas jurisdicciones, el jefe de gobierno y la gobernadora, respectivamente, se manifestaron expresamente en contra de la ley.
Para la región y para el mundo, Argentina es un país muy valorado por su política en materia de derechos humanos desde los años 80s. El país tiene leyes de avanzada en temas como matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, responsabilidad parental y compensación al trabajo doméstico. Desde la década del 60, la mayoría de países del mundo se han ido trasladando hacia la despenalización del aborto, mayormente apoyados en valores igualitarios de respeto a los derechos de las mujeres y la protección de la salud.
Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que Argentina hace años está incumpliendo. Los tratados internacionales firmados por nuestro país así lo imponen. Reconocer y defender los derechos de las mujeres es también un paso inexorable para entrar de una vez por todas en la modernidad y estar a la par de los países desarrollados a los que Argentina se quiere parecer.
