El derecho a la interrupción legal del embarazo debe ser garantizado en todo el país


Amnistía Internacional celebra el compromiso de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires con los derechos de las mujeres. El 13 de diciembre, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó por Resolución 01/2019 la última actualización al “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” (Protocolo ILE).

El 8 de enero Santa Fe renovó su compromiso y adhirió al Protocolo. La provincia es una de las jurisdicciones que ha estado a la vanguardia en esta agenda: ya en 2018 producía misoprostol –droga aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- para acceder a interrupciones legales de embarazo. Se constituyó en la primera producción pública del país.

Por su parte, es auspicioso que la Provincia de Buenos Aires se sume al mapa de jurisdicciones que han adherido o cuentan con protocolos que se adecúan a los lineamientos y estándares en materia de salud sexual y reproductiva vigentes. En efecto, en 2016 el Ministerio de Salud provincial había avanzado en el mismo sentido, pero horas después la resolución había sido anulada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Ahora, de las 24 jurisdicciones con las que cuenta Argentina, son 12 las  que han adherido al Protocolo Nacional o tienen protocolos que se ajustan a estos criterios. Éstas son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis y Entre Ríos.

Como ha expresado Amnistía Internacional, el Protocolo ILE no crea nuevos derechos; pero sí ofrece claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación; además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud.

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Las jurisdicciones que están en deuda con las mujeres

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra entre aquellas jurisdicciones que establecieron protocolos con requisitos que dificultan el acceso al aborto legal. Frente a este escenario, en julio de 2019 Amnistía Internacional presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una acción judicial con el objetivo de contar con un Protocolo que garantice integralmente la accesibilidad de las mujeres al aborto legal, vigente en Argentina desde 1921.

Hace siete años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentó obstaculizar el acceso de las mujeres a servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de la Resolución (1252/12) que incorporaba barreras adicionales a los requisitos que debían seguir las mujeres y niñas para acceder a un aborto legal de acuerdo al marco jurídico vigente.

Actualmente la máxima autoridad judicial porteña tiene la oportunidad de garantizar los derechos de miles de mujeres y remover de manera definitiva las barreras para su acceso.

“Sin embargo, un compromiso de la cartera de salud que salde esta disputa judicial puede brindar seguridad a las mujeres que intentan acceder a un aborto legal en la CABA. Esperamos que la Ciudad –en donde, según una encuesta de Amnistía Internacional de marzo de 2018 – casi el 80% manifestó su acuerdo con la legalización del aborto, avance en este sentido, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes, forman parte del grupo de las cinco provincias que aún no han adherido a ningún protocolo ni tienen uno propio.

“Que un gobierno o cartera sanitaria adhiera al protocolo por medio de una resolución muestra una voluntad política más sólida de implementar una política pública; pero la inexistencia de un Protocolo no exime a ningún médico de la obligación de garantizar el acceso al aborto legal a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, concluyó Mariela Belski.

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