Desde el pasado lunes 26 de enero la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) del pueblo qom se encuentra cortando la ruta nacional N° 86, en Formosa, en reclamo por sus derechos y las promesas incumplidas del gobierno. Su territorio, las mejoras en el camino para el acceso y seguridad de la comunidad, la salud y la vivienda son parte del reclamo que la comunidad refuerza con esta medida.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a prevenir cualquier enfrentamiento que derive en una escalada de violencia en el marco del corte de ruta actual. Es su obligación proteger el derecho a la protesta de la Comunidad Potae Napocna Navogoh así como velar y garantizar la seguridad de quienes se manifiestan, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado.
Hace 4 años atrás –el 23 de noviembre de 2010– la comunidad sufría una brutal represión por parte del gobierno de Formosa mientras desarrollaba un corte en la misma ruta nacional 86 en la que se encuentran hoy reclamando. Este hecho no puede volver a ocurrir.
Desde 2011 pesa una concesión de medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, “La Primavera” por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, la fuerza pública u otros agentes estatales.
Es responsabilidad del estado garantizar la seguridad e integridad física de la comunidad y su incumplimiento acarreará la responsabilidad internacional.
En una entrevista con Amnistía Internacional, Félix Díaz explicó las distintas medidas que desde la comunidad han realizado antes de tomar esta medida de fuerza: “La única manera de visibilizar es cortar la ruta y arriesgar nuestra integridad física, (…) Queremos que el gobierno garantice el respeto y la seguridad de todos los miembros de la comunidad qom (..) y que genere un canal de diálogo de confianza y respeto…”.
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La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho a la tierra y al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado argentino para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas estatales de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados de nuestro país.
