El Estado debe impedir la violación del secreto profesional


A propósito de la visita al país del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, Amnistía Internacional presentó un informe sobre el derecho a la salud y la privacidad para dar cuenta de la barreras que enfrentan las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar para ejercer sus sus derechos sexuales y reproductivos.

 

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El derecho a la privacidad es un derecho humano, que, entre otras cosas, protege la confidencialidad en la relación médico-paciente. Esto supone que toda aquella información que los profesionales de la salud obtengan de un paciente está protegida por el secreto profesional y no pueda ser divulgada, salvo previo consentimiento de la persona.


Argentina ha sido expuesta frente a la comunidad internacional en diferentes oportunidades por las fallas del sistema de salud al momento de respetar la privacidad de sus pacientes. En los últimos meses tomaron estado público casos en Jujuy y Tucumán, en los que niñas vieron expuesta su intimidad y privacidad tras darse a conocer sus historias clínicas con el objetivo explicito de cercenar su derecho a un aborto legal. Personal médico, funcionarios e incluso ministros de salud revelaron datos sensibles, en clara violación al secreto profesional.


 “La criminalización del aborto en la Argentina y la falta de garantías sobre el derecho a la privacidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas. Este círculo favorece a que las personas recurran a prácticas insegura y pongan en riesgo su vida”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 



El Estado argentino debe adoptar las medidas necesarias para que se respete el derecho de confidencialidad médico-paciente, entre ellas establecer medidas concretas frente a funcionarios y profesionales de la salud que violan el secreto profesional. Por último, debe garantizar el acceso al aborto y eliminar la amenaza penal.


 

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