El G20 debe poner a los Derechos Humanos y al interés público en el corazón de su respuesta a la pandemia del Covid-19


*Un comunicado conjunto de Amnistía Internacional, CIVICUS y Transparencia Internacional  

En el brote de COVID-19, la comunidad global se enfrenta a una de las crisis más complejas de las últimas décadas. A mediados de marzo de 2020, más de 250.000 personas se han infectado y más de 10.000 han perdido la vida. Las repercusiones económicas sólo están empezando a sentirse y es probable que afecten los medios de vida de millones de personas en todo el mundo. Se trata de una crisis mundial que debe abordarse con medidas claras, justas, coordinadas y concretas. Medidas que el G20 puede y debe adoptar.

La respuesta a la anterior crisis financiera mundial de hace poco más de un década fue ampliamente vista como poco coherente y llevó a resultados socialmente injustos, incluyendo el aumento de la pobreza, la pérdida de millones de empleos y el estancamiento y disminución de los ingresos de las personas trabajadoras.

Derechos económicos y sociales

Todo indica que la recesión económica por venir será aún más rápida y severa que la anterior. Además de hacer frente a la crisis de salud pública, será esencial una respuesta de los gobiernos para proveer seguridad social - incluyendo subsidio por enfermedad, cuidados de salud y licencia parental- a todos los miembros de la sociedad, incluyendo a aquellas personas sin seguridad laboral que están sufriendo el impacto de muchas de las medidas de control introducidas a la fecha. La cooperación y asistencia internacional coordinadas son también vitales para asegurar que los estados con pocos recursos sean también capaces de responder efectivamente a la epidemia del COVID-19.

En este contexto, aplaudimos el anuncio de la Cumbre virtual extraordinaria del G20 e instamos a los líderes del G20 a adoptar e implementar urgentemente políticas y planes concretos y mensurables para afrontar la pandemia del COVID-19 a nivel nacional y global, proteger la salud de las personas y reducir su impacto económico.  Asegurando, al mismo tiempo una transición centrada en los derechos humanos hacia una economía con cero emisiones de carbono. Dichas medidas deben garantizar el acceso de todas las personas a un cuidado preventivo y a un tratamiento asequible y de buena calidad, incluyendo a aquellas que se encuentran en mayor riesgo o menos capaces de implementar medidas preventivas debido a la situación de pobreza en la que viven, carencia de vivienda, o por trabajar y vivir en ambientes donde están más expuestas al virus. Al hacerlo, los líderes del G20 deben garantizar:

Acceso a la información

Todas las personas y comunidades afectadas tienen el derecho a recibir información accesible, oportuna,  significativa y de manera sencilla sobre la naturaleza y el nivel de la amenaza para la salud, las posibles medidas para mitigar los riesgos, información de alerta temprana sobre posibles consecuencias futuras e información sobre las actividades de respuesta en curso.

La información debe estar disponible en los idiomas y formatos  necesarios para satisfacer las diversas necesidades de las personas afectadas, y a través de los medios de comunicación y en formatos de fácil comprensión y acceso, de modo que los afectados puedan tomar decisiones informadas y participar plenamente en los esfuerzos de respuesta.

Como ya fue reconocido por el G7, el acceso público a información confiable y en tiempo real es un factor para prevenir y mitigar las crisis de salud pública. Los líderes del G20 deben comprometerse a compartir información en tiempo real y a publicar datos desagregados por género sobre cómo el virus está impactando a las mujeres, y asegurar el acceso a la protección de violencia doméstica y a servicios de salud sexual y reproductiva.

Espacio cívico y libertad de los medios de comunicación

Tanto los derechos humanos, como la libertad de prensa son esenciales en tiempos de crisis. El periodismo responsable puede ayudar a detener la propagación  de desinformación y, de ese modo,  reforzar la confianza pública en el gobierno, algo clave en respuestas efectivas a las crisis. La contribución y vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil también son fundamentales, tanto para fortalecer la rendición de cuentas como para impulsar la calidad y el carácter inclusivo de la toma de decisiones.

Ya estamos viendo batallas internacionales por el control de la narrativa en torno al virus, en particular entre las dos economías nacionales más grandes del mundo - los EE.UU. y China. Tales intentos de "competir" por la verdad tienen que parar. Es vital que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, puedan informar libremente sobre la crisis, presentar al público los hechos, incluso si éstos son incómodos para los que están en el poder. Para que las lecciones aprendidas de esta crisis se apliquen a la prevención y mitigación de la siguiente, el público debe mantenerse informado de la verdad durante todo el proceso.

Transparencia alrededor de la toma de decisiones

En un contexto de presión e incertidumbre sin precedentes, existe un alto riesgo que las decisiones gubernamentales sean capturadas o distorsionadas por intereses privados para su propio beneficio. Los gobiernos deben justificar las decisiones que tomen, tanto para contener la pandemia como para impulsar sus economías. Una emergencia de salud pública no debe ser vista como una oportunidad para eludir la rendición de cuentas.  Ahora más que nunca, las decisiones de los gobiernos deben ser "abiertas por defecto". Tal como lo ha afirmado el Consejo de Europa, "las salvaguardas fundamentales del estado de derecho, la supervisión parlamentaria, el control judicial independiente y los recursos internos eficaces deben mantenerse incluso durante el estado de emergencia".

Antes de la crisis actual, ya era claro que los gobiernos debían  fortalecer los pesos y contrapesos, limitar la influencia de las grandes sumas de dinero en la política y asegurar contribuciones inclusivas y amplias en la toma de decisiones gubernamentales. Las políticas públicas y la asignación de recursos no deben ser determinadas por el poder económico o la influencia política, sino por consultas justas e imparciales. Es por eso que los gobiernos deben combatir las vías  por los cuáles los intereses privados pueden obtener influencia indebida sobre la toma de decisiones gubernamentales.

A lo largo de los años, los países miembros del G20 se han comprometido a poner en práctica una amplia gama de medidas para combatir  los conflictos de interés y para proteger a los denunciantes. Lo que aún no han hecho es aplicarlas adecuadamente  en la práctica. De ser  implementados de forma efectiva y complementaria, los compromisos existentes podrían abordar los diversos aspectos del reto que la influencia indebida representa para una respuesta efectiva y sostenible de largo plazo para la crisis actual.

Además, los parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales deben posponer cualquier medida que no sea de emergencia y que requiera consulta pública, hasta que hayan establecido medidas alternativas eficaces para garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.

Asimismo, para evitar abusos de poder, cualquier estado de emergencia declarado por gobiernos nacionales debería tener una duración y un alcance limitado, y los poderes de emergencia deberían ser ejercidos sólo para los fines  por los cuales fueron otorgados.

Llamamos a todos los gobiernos y a otros actores involucrados a asegurar que todas las respuestas al COVID-19 se ajusten a los estándares internacionales de los derechos humanos y que se tomen en cuenta las necesidades específicas de grupos y personas en situación de marginación y a aquellos que corren mayores riesgos. Del mismo modo, los riesgos específicos para los derechos humanos asociados con cualquier respuesta deben ser abordados y mitigados.

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