Estas personas habían sido detenidas arbitrariamente por demandar sus derechos. Con esta decisión, el Estado les quitó su nacionalidad y echó forzosamente de su país hacia Estados Unidos.

Según funcionarios nicaragüenses, la decisión emitida el 9 de febrero responde a una resolución judicial que le quita a estas personas sus derechos como ciudadanos nicaragüenses, les impide ejercer cargos públicos en su país y ordena su deportación.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua comenzó con una severa represión de las protestas en abril de 2018. Todavía el Estado mantiene restricciones a la libertad de expresión y de prensa y aún hay decenas de personas bajo detención arbitraria.  La prohibición del derecho a la protesta y  a la libertad de asociación sigue vigente, y continúan impunes las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el contexto de la crisis.

Al mismo tiempo, es preocupante el contexto de acogida por parte de Estados Unidos, que mediante la ampliación del Título 42 y otras políticas de migración restrictivas para personas nicaragüenses, podría impedirles a ellas y a otras personas en situación de riesgo ejercer su derecho a solicitar y recibir asilo. En este sentido, Amnistía Internacional solicita a las autoridades estadounidenses que garanticen el derecho de asilo de todas las personas expulsadas de Nicaragua, y de otras personas que requieren de protección, independientemente de la existencia de otras vías.

La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos y presionar al gobierno de Nicaragua para que garantice justicia y derechos humanos a todas las personas.