El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas concretas, incluso amenazar con sanciones selectivas, contra las partes del conflicto de Siria que incumplen los términos de una resolución adoptada por unanimidad por la ONU en la que se pide el acceso humanitario inmediato y el fin de los abusos contra los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional. La situación humanitaria en Siria va más allá de la catástrofe. Más de dos meses después de la adopción de una resolución de la ONU que busca aliviar el sufrimiento de la población civil y poner fin a los crímenes de guerra, la situación no ha hecho más que empeorar.

“Para que el Consejo de Seguridad salve la credibilidad que le queda respecto a Siria, debe garantizar que esta decisión unánime sea respetada Es preciso tomar medidas adicionales, incluidas sanciones, contra los responsables de violar los términos de la resolución”, dijo la organización de derechos humanos.

Más de 9 millones de personas en Siria necesitan urgentemente recibir ayuda humanitaria, incluidas las que están sitiadas y en zonas de difícil acceso, y continúan las detenciones arbitrarias y los secuestros, así como los ataques indiscriminados contra la población civil. Las fuerzas gubernamentales son las principales responsables, pero los grupos armados también tienen su parte de responsabilidad.

Según los términos de la Resolución 2139, adoptada en febrero, los miembros del Consejo de Seguridad se comprometen a “adoptar nuevas medidas” en caso de incumplimiento de la resolución. Rusia, que junto con China ha vetado tres resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad sobre la situación de Siria desde el inicio de la crisis, será clave para una acción enérgica del Consejo de Seguridad.

“Si Rusia se toma en serio la legitimidad y la credibilidad del Consejo de Seguridad, como siempre afirma, debe apoyar una acción enérgica del Consejo y no permitir que la Resolución 2139, a favor de cuya aprobación votó, siga siendo vulnerada tan descaradamente. A pesar de un ligero aumento anual de los receptores de ayuda humanitaria, la ayuda a los que más la necesitan continúa bloqueada, y siguen cometiéndose crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En concreto, las fuerzas gubernamentales siguen llevando a cabo asedios, como el de 20.000 civiles en Yarmuk, al sur de Damasco. Desde que Amnistía Internacional publicara su último informe sobre la situación en Yarmuk, en marzo de 2014, en el que se daban detalles de las 194 muertes debidas al asedio, al parecer todas de civiles, ha habido informes de al menos 60 muertes más, 19 de ellas por inanición.

Las fuerzas del gobierno también han hecho estragos en zonas de la ciudad de Alepo, en manos de los rebeldes, y en la ciudad sitiada de Daraya, por ejemplo, lanzando indiscriminadamente bombas de barril no guiadas. Prácticas como la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la muerte bajo custodia –también bajo la custodia de grupos armados– continúan sin descanso. Las autoridades tampoco han cumplido la exigencia de la resolución de poner en libertad a todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los presos de conciencia. A pesar de unas cuantas liberaciones recientes, los grupos armados también siguen reteniendo a activistas de la sociedad civil y otras personas.