El plan de EE.UU. de transferir municiones de racimo a Ucrania socava los esfuerzos internacionales para proteger a los civiles de las armas indiscriminadas – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

El plan de EE.UU. de transferir municiones de racimo a Ucrania socava los esfuerzos internacionales para proteger a los civiles de las armas indiscriminadas


En respuesta a la información de que EE.UU. planea enviar bombas de racimo a Ucrania, el investigador sobre cuestiones militares y de Seguridad de Amnistia Internacional, Patrick Wilcken, declaró que Amnistía Internacional ha enfatizado en varias ocasiones que las bombas de racimo constituyen armamento inherentemente indiscriminado que han causado innumerable daño a civiles en todo el mundo, en algunos casos incluso decadas después de finalizados los conflictos bélicos.

“La guerra de agresión rusa ha traído un profundo sufrimiento en la población que vive en Ucrania. Son las consideraciones humanitarias y la preocupación por los civiles en países en guerra y sus consecuencias, lo que condujo a que 111 países, incluyendo varios aliados de Ucrania, hayan ratificado la Convención sobre Municiones en Racimo y prohibido el uso, producción, tráfico y almacenaje de dicho armamento”.

“El plan de EEUU de entregar bombas de racimo a Ucrania es un paso atrás, que erosiona los considerables avances realizados por la comunidad internacional en su afán por proteger a los civiles de tales peligros tanto antes como después de los conflictos armados.

“Amnistía Internacional insta a Estados Unidos a reconsiderar su decisión, acceder a la Convención, destruir su arsenal y cesar todo uso, producción y tráfico de bombas de racimo”.

 

Contexto

Las bombas de racimo son pequeñas submuniciones que son arrojadas y desplegadas por cohetes, artillería y contenedores desde el aire, esparciendo pertrechos sobre amplias áreas, a veces tan extensas como una cancha de fútbol.

Muchos sistemas tienen altos porcentajes de falla, dejando grandes superficies contaminadas con municiones sin explotar que pueden mantenerse potencialmente letales mucho después de finalizado el conflicto. Estados Unidos está planeando enviar bombas de racimo del tipo Municiones Convencionales Mejoradas de Doble Propósito (DPCIM, por sus siglas en inglés), las cuales tienen tasas de falla de al menos 6%. La legislación de EEUU prohibe la transferencia de armas con tasas de falla superiores al 1%.

Las personas civiles, en particular niños y niñas, se encuentran especialmente expuestos al riesgo de daño o muerte por bombas de racimo pos-conflicto; el suelo puede mantenerse contaminado por años, evitando su uso para cultivo u otras actividades.

La Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor el 1 de Agosto de 2010 y ha sido ratificada por 111 estados, prohibe el uso, fabricación, almacenamiento y transferencia de bombas racimo. Rusia, Ucrania y Estados Unidos, entre otros países, no son estados parte de la Convención.

El derecho internacional humanitario consuetudinario prohibe el uso de armas inherentemente indicriminadas; el lanzamiento de ataques indiscriminados que maten o dañen a personas civiles constituye un crimen de guerra.

 

La invasión de Rusia a Ucrania

Inmediatamente despúes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Aministía Internacional condenó sus acciones como un acto de agresión, lo que implica un crimen para el derecho internacional. Amnistía Internacional ha documentado también crímenes de guerra y otras violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el transcurso de la guerra rusa de agresión sobre Ucrania, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, abuso de prisioneros de guerra, bombardeos deliberados de un teatro de Mariupol mientras era usado como refugio de civiles y otros crímenes. En particular, Amnistía Internacional ha documentado el uso ilegal de bombas de racimo por parte de las fuerzas rusas en múltiples ciudades del este ucraniano; algunos de estos ataques constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional convoca a ambas partes en conflicto a respetar las leyes de la guerra y a que aquellos responsables por violarlas  respondean por sus actos en procedimientos de juicio justo.

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