El proyecto de ley para la prevención de la tortura obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda


El proyecto para la Implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, ahora debe ser tratado en la Cámara para obtener la media sanción.

21 de Octubre de 2010.- Amnistía Internacional ve con sumo agrado el avance dado hoy en la Cámara de Diputados de la Nación en relación a la prevención de la tortura. Después de años sin avances en la implementación del mecanismo de prevención -desde que Argentina ratificó sin reservas el Protocolo Facultativo contra la Tortura en el año 2004 - finalmente se logró que los diputados y las diputadas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja dictaminen el proyecto consensuado para la implementación del Mecanismo de Prevención de Tortura que estipula el Protocolo, las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Peticiones, poderes y reglamento habían dado dictamen al proyecto en de éste año, ahora el proyecto puede ser tratado en la Cámara Baja para obtener la media sanción y luego pasar al Senado para convertirse en Ley Nacional.

"Este es un paso más muy importante. Estamos en un momento de oportunidad en el que hay consenso y un texto para implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Alentamos a que las legisladoras y los legisladores se comprometan a trabajar continuadamente para obtener la media sanción de la ley de prevención de tortura cuanto antes." dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.

El Protocolo Facultativo contra la Tortura es una eficaz herramienta para combatir la tortura y los malos tratos, entre otras razones, porque:

·         Requiere que los Estados establezcan un mecanismo transparente e independiente de  visitas a cualquier centro de detención. Ésta es la mejor manera de prevenir la tortura y los malos tratos abriendo las cárceles y demás centros a una inspección independiente.

·         Brinda la posibilidad de que organismos independientes realicen visitas periódicas y sin previo aviso a los lugares de detención y controlen el trato que hay en los mismos.

"El hacinamiento, las malas condiciones de seguridad, la violencia física, los malos tratos, el deficiente acceso a la salud y la falta de nutrición, vestimenta y condiciones sanitarias adecuadas son una realidad en los centros de detención en Argentina. Tanto la legislación nacional como la internacional son claras: no hay excusas para la utilización de la tortura para degradar, humillar o tratar de forma inhumana a una persona en custodia del Estado",indicó Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.

"Es prioritario que Argentina aplique plenamente el Protocolo Facultativo contra la Tortura y establezca mecanismos nacionales de prevención de conformidad con lo dispuesto en él. No basta con la ratificación del Protocolo Facultativo. Hoy en la cámara de Diputados de la Nación se dió un paso fundamental. Esperamos se convierta en una realidad para los hombres y mujeres que hoy sufren de torturas y malos tratos. . No podemos permitir demoras y tolerar la tortura. Estamos frente a una oportunidad", señala Boada.

La situación en los centros de detención en Argentina: denuncias sobre la situación

En su Informe 2010: el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional hace un especial llamado de atención sobre las condiciones de reclusión en Argentina:

"Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza, así como sobre los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados en estos establecimientos. Las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura".

El 21 de junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su"profunda preocupación" por las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, e instó al Estado nacional y provincial a "asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".

El 14 de junio el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dio a conocer un informe sobre la situación argentina donde pide al Estado argentino tomar "todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención no sean contrarias al desarrollo del niño y cumplir con las normas mínimas internacionales".

El 22 de marzo de éste año en el diagnóstico hecho por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, se encomendó al Estado  "resolver el problema de hacinamiento en las cárceles y definir políticas inmediatas y eficaces para poner fin a las torturas y tratos crueles en los lugares de detención", para ello es necesario adoptar medidas legales como "el mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura" y se incita a coordinar políticas a nivel nacional y provincial en este sentido.

Información adicional

La República Argentina ratificó sin reservas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 24 de septiembre de 1986, oportunidad en que formuló las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22; y ratificó el Protocolo Facultativo contra la Tortura ante la ONU el 15 de noviembre de 2004.

Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo contra la Tortura, tal como señala su preámbulo, reconoció que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Después de la ratificación del Protocolo Facultativo, Argentina no cumplió con el plazo establecido para la implementación de los mecanismos contemplados en el Protocolo Facultativo, que venció en junio de 2007, ni con su compromiso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en 2008 recomendó su puesta en marcha.

Amnistía Internacional Argentina realiza acciones de junta de firmas para exigir la implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, pidiendo a los Diputados y las Diputadas que de la Nación que den el primer paso dictaminando un proyecto de ley que ponga en marcha el Protocolo.

Documentos relacionados:

Recomendaciones de Amnistía Internacional para la implementación en Argentina del Protocolo Facultativo contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: http://amnesty.org.ar/sites/default/files/una_mirada_abierta.pdf

 

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