El uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad es un problema estructural. Pero además, es racista y discriminatorio, ya que sus víctimas suelen pertenecer a comunidades indígenas, a barrios populares, o a colectivos marginalizados, sobre quienes generalmente se aplica perfiles raciales al momento de detenerlos, interceptarlos en la vía pública o dispararles. La mayoría de las familias, asimismo, queda a la deriva ya que sus posibilidades de acceder y obtener justicia son remotas.
En mayo de 2023, el Comité sobre la Discriminación Racial de Naciones Unidas alertó a Argentina “por la persistencia de la práctica del uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas policiales y otros agentes del orden, que afecta en particular a las personas pertenecientes a Pueblos Indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, que resulta en muchos casos en violencia policial y, en algunos casos, en la muerte de las víctimas”.
La ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y actual secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard se ha referido a la violencia policial como una “epidemia” indicando que “mata preferentemente a las personas pobres, jóvenes y vulnerables”. “Hablo de este fenómeno como epidemia porque no somos capaces de detenerlo y pareciera cruzar fronteras”, señaló.
Especial Audiovisual: Hay Racismo
Para visibilizar esta problemática que se repite, Amnistía Internacional desarrolló una web que recorre cuatro casos de personas que fueron víctimas de violencia institucional, dentro de un universo más amplio. Las voces de familiares y sobrevivientes cuentan en primera persona cómo la discriminación, la xenofobia y el racismo se expresan a través de la violencia en manos de agentes policiales. En cada caso hay una crónica tanto escrita como audiovisual.
Los casos desarrollados son:
Daiana Abregú, en Buenos Aires: asesinada en una comisaría hace poco más de un año. “De mi hija decían ‘Esta negra qué se cree’”, recordó María Laura, madre de Daiana.
Caso Mauro Coronel, en Santiago del Estero: “A mi hijo lo mató la policía”, sentencia Laura, la madre de Mauro, un joven que sufrió torturas en una comisaría, y, cuatro días después murió. Facundo aseguró que el aspecto y el barrio sellaron también el destino de su hermano: “Algunas veces piensan que porque uno ande vestido deportivamente es un chorro”.
Facundo Astudillo Castro, en Buenos Aires: Cristina es la mamá de Facundo, encontrado muerto hace tres años en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. Ella cuenta que en Luro, su ciudad, la vía divide a la sociedad. Quien vive de un lado es un ‘negro de atrás de la vía’. “Y los negritos no importan”, lamentó.
Caso de una familia qom, en Chaco: La policía ingresó por la fuerza en horas de la madrugada, golpeando a quienes estaban adentro, incluyendo niños, con insultos como “indios infectados”, o “indios de mierda”, en referencia a su pertenencia al pueblo Indígena.
“El racismo esconde estructuras históricas de discriminación y desigualdad que se materializan de diferentes maneras: una de ellas es la violencia en manos del Estado. Los cuatro casos son solo un ejemplo de cómo el racismo permea el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en nuestro país. El color de piel, el barrio, la comunidad de pertenencia, son dimensiones que ponen en riesgo la vida e integridad de una persona. Es momento de poner un freno, aceptar este diagnóstico y trabajar en políticas concretas y efectivas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Con el objetivo de lograr que se desarrollen medidas integrales y coordinadas para combatir la violencia institucional, Amnistía Internacional llama a las autoridades a producir información que permita generar, a nivel federal y provincial, estadísticas unificadas, confiables y desagregadas, entre otros, por origen étnico, nacionalidad y género de las víctimas. También insta a cumplir criterios claros y respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos, a establecer mecanismos de rendición de cuentas eficaces, a garantizar una investigación judicial imparcial, independiente, pronta, efectiva, entre otras.
