Los agentes de seguridad responden con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas. Algunos de los críticos al gobierno del presidente Nicolás Maduro son objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas con el aval del sistema judicial. El gobierno reconoció que desde 2015 se registraron 455 casos de desaparición forzada, que en su mayoría no se habían resuelto. Además, persiste la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que siguieron cometiendo las fuerzas de seguridad.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas represivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad.
“La jurisdicción universal es un gran mensaje para los países con un sistema judicial debilitado, como es el venezolano. Un buen paso internacional es poder presentar casos en los tribunales de otros países para apoyar a las víctimas que no logran ser escuchadas y conseguir justicia”; indicó Marcos Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela durante el panel de presentación del informe. Encabezó el evento junto a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El cambio de paradigma en Argentina
De la presentación del informe en Argentina, también participó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien compartió capítulo sobre el balance anual de derechos humanos en nuestro país.
La crisis social, económica y política que atraviesa Argentina afectó profundamente el escenario de los derechos humanos. Además, la falta de confianza en las estructuras del Estado, la democracia y la convivencia pacífica fueron denominadores comunes de un 2023 atravesado por un proceso electoral en el que resultó electo presidente Javier Milei.
“Advertimos una confrontación violenta e intolerante hacia quienes piensan diferente, una medida propia de prácticas autoritarias que utilizan los discursos de odio, la agresión y la desinformación como una receta para silenciar y censurar a, por ejemplo, periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales”, diagnosticó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los discursos de odio, intolerancia y discriminación funcionan como un vehículo para desviar la atención de los problemas reales como el aumento de la pobreza y la indigencia, el hambre, la falta de acceso a medicamentos de todo tipo, como los oncológicos, de los que depende la vida de una persona.
Entre otros ejes, el capítulo de Argentina evalúa también la situación sobre la protesta social, las políticas de género y la tensión entre el avance industrial y los potenciales daños a las comunidades indígenas.
El mundo: voz de alarma en un momento decisivo para el derecho internacional
Finalmente, el análisis de más de 100 países llevado a cabo por Amnistía Internacional en su informe global se centró en cuatro cuestiones: el trato de la población civil como sacrificable en los conflictos armados; la creciente ofensiva contra la justicia de género; el impacto desproporcionado de las crisis económicas, el cambio climático y la degradación ambiental en las comunidades más marginadas, y las amenazas que suponen las tecnologías nuevas y las existentes, incluida la inteligencia artificial (IA) generativa. Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, todas representan retos críticos para los derechos humanos. Por eso, los Estados deben actuar de manera concertada para enfrentar y evitar que surjan nuevos conflictos y crisis o se agraven los existentes.
